La crisis del financiamiento de la universidad pública llegó al Concejo de Concordia: datos, marchas y una grieta política que no estaba en el guión
Miles de concordienses salieron a las calles el martes 12 de mayo para sumarse a la cuarta Marcha Federal Universitaria. Dos días después, el eco de esa movilización resonó en el recinto del Concejo Deliberante, donde el debate sobre el financiamiento de la universidad pública dejó al descubierto una fisura inédita dentro del oficialismo local. Mientras tanto, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que el recorte presupuestario acumulado supera el 41% y que la mayoría de los docentes universitarios cobra salarios por debajo de la línea de pobreza.
Concordia marchó: cuatro cuadras de gente entre dos plazas
El martes por la tarde, la ciudad de Concordia se sumó a la ola nacional. Desde la Plaza Urquiza hasta la Plaza 25 de Mayo, una columna que llegó a ocupar cuatro cuadras de extensión recorrió el centro de la ciudad. Participaron estudiantes, docentes y autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), junto a representantes gremiales y vecinos sin ninguna pertenencia institucional específica.
Daniel Capodoglio, decano de la Facultad de Ciencias de la Alimentación de la UNER, resumió el sentimiento de muchos: “La verdad es que estoy emocionado. Cuando íbamos entrando a la plaza eran cuatro cuadras el cordón de gente. Como dijimos el otro día en la UTN que necesitábamos que la sociedad nos acompañe, y la verdad es que es una gran alegría dentro de lo preocupado que estamos”. El funcionario también llamó la atención sobre el recorte de 100.000 millones de pesos en transferencias a universidades, ciencia y educación que el gobierno nacional ejecutó el día anterior a la marcha, y señaló que la UNER tiene dos obras paralizadas: el hospital de Veterinaria en Gualeguaychú y un pabellón de aulas en Villaguay.
Julio Razzetto, secretario general de FAGDUT Concordia (gremio docente de la UTN), sintetizó el hartazgo colectivo: “Ésta es la cuarta Marcha para decirle que la sociedad le está diciendo, basta con esto: no es por acá”. Razzetto señaló que los gobiernos que abandonan la inversión en ciencia y tecnología producen un retroceso que “no se recupera”, y que docentes que emigran hacia el sector privado son una pérdida permanente para las instituciones públicas.
En Plaza 25 de Mayo se leyó un documento que describió como “crítico” el estado del sistema universitario, apuntó al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (Nº 27.795) y advirtió que los salarios universitarios son “los peores del Estado nacional y los más bajos de América Latina”. El texto también mencionó en particular la situación de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER en Concordia, que según los organizadores “sigue en pie solo por el aporte de su cooperadora”.
La marcha nacional: reclamo a la Corte y a Plaza de Mayo
La movilización en Concordia fue parte de un fenómeno nacional. En Buenos Aires, docentes, estudiantes y autoridades universitarias confluyeron en Plaza de Mayo en lo que se describió como una manifestación multitudinaria. La Federación Universitaria Argentina (FUA) leyó un documento en el que señaló que el poder adquisitivo de las partidas de gastos de funcionamiento de las universidades no superó, en ningún mes de la gestión del presidente Javier Milei, el 64% del que tenía en enero de 2023. La FUA instó además a la Corte Suprema de Justicia a no permitir que el Gobierno Nacional siga “incumpliendo” la ley de financiamiento universitario ratificada por el Congreso.
El Gobierno, por su parte, relativizó la convocatoria desde la Casa Rosada —estimó en 135.000 la cantidad de asistentes en todo el país— y criticó lo que definió como un “aparato” de movilización. La estrategia oficial pasa ahora por aguardar la definición de la Corte Suprema sobre la constitucionalidad del decreto que suspendió la aplicación de la ley, según informó Perfil.
El debate en el Concejo: una grieta que no estaba en el guión
La sesión ordinaria del Concejo Deliberante del 14 de mayo incluyó, en el espacio de homenajes, un cruce político que sorprendió por su intensidad y por quiénes participaron. La concejal Celeste Fuscado, del bloque Juntos por Entre Ríos (UCR), fue la primera en fijar posición en defensa del financiamiento de la universidad pública.
“La educación nunca puede ser vista como un gasto, sino como una inversión para el presente y el futuro de nuestro país”, dijo Fuscado. Y agregó: “No importa el color político que gobierne, no importa si es este gobierno, el que se fue o el que venga. Porque es ahí donde se forman los profesionales para el futuro de nuestro país”. La concejal aclaró que no estaba en contra de las auditorías universitarias, pero insistió en que “hay un ataque sistemático a las universidades” que, dijo, “se puede disfrazar de las formas que quieran, pero el ataque está”.
La presidenta del bloque PJ, Carolina Amiano, acompañó el planteo de Fuscado. Amiano señaló que las movilizaciones reclamaron por una ley votada por los legisladores, vetada por el Poder Ejecutivo y luego ratificada por el Congreso, que el presidente Milei “no quiere cumplir”. La concejal peronista describió situaciones concretas: “Docentes con salarios de 250.000 pesos que son insuficientes. Los docentes hoy están buscando un segundo trabajo a través de Uber o alguna otra plataforma para complementar sus salarios. Es muy triste”.
Amiano también diferenció conceptualmente entre “auditorías” —que ya se realizan y son controladas por el Congreso— y “desfinanciamiento”, reprochando a la concejal libertaria Pessolani Bechat confundir ambos términos: “Recortar recursos a las universidades significa menos docentes y menos posibilidades para nuestros estudiantes de formarse”.
La concejal de La Libertad Avanza (LLA), Yaiza Pessolani Bechat, defendió la posición del gobierno nacional. Para ella, el debate es “falso” porque no se trata de “universidades sí o no, sino responsabilidad presupuestaria”. Pessolani Bechat planteó que el Estado debe garantizar que “cada peso llegue a donde tiene que llegar”, y sostuvo que no puede haber “políticas públicas serias si no se sabe cuánto cuestan, cómo se financian y qué resultados producen”. Citó además, sin especificar la fuente, que el 40% de los estudiantes universitarios no aprobó ninguna materia en 2023.
El cruce fue significativo por lo que reveló: por primera vez en más de dos años de gestión del actual oficialismo concordiense, una concejal radical tomó distancia pública del rumbo del gobierno de La Libertad Avanza en materia educativa. La incógnita que quedó flotando es si la postura de Fuscado representa una posición aislada o el inicio de una incomodidad más profunda dentro del bloque UCR local. Cabe recordar que el intendente Francisco Azcué asumió con los colores del radicalismo pero luego expresó afinidad con La Libertad Avanza.
Qué dice el informe del CEPA: los números del ajuste universitario
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó este mes un informe titulado “Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente” que permite dimensionar el impacto concreto del recorte en términos presupuestarios y salariales.
El presupuesto: una caída del 41,6% en términos reales
Según el CEPA, el presupuesto de las Universidades Nacionales (Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior”) registró una caída real del 32,5% entre 2023 y 2025. Proyectando la inflación hasta diciembre de 2026 con datos del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, el crédito vigente para 2026 asciende a 4,87 billones de pesos constantes, lo que implica una reducción acumulada del 41,6% respecto de 2023.
El informe compara dos escenarios alternativos. Si se hubiera aplicado la Ley 27.795 —ratificada por el Congreso en octubre de 2025—, el presupuesto habría ascendido a 8,49 billones de pesos constantes, un crecimiento real del 33,8% respecto de 2025 y una recuperación prácticamente total respecto del nivel de 2023. En cambio, el proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso en febrero de 2026 para reemplazar la norma ratificada incrementaría el presupuesto vigente en apenas 13,1%, llevándolo a 5,51 billones, lo que aún implicaría una caída real del 33,9% frente a 2023 y un presupuesto 35,1% inferior al que hubiera correspondido bajo la ley original.
Los salarios: debajo de la línea de pobreza
El CEPA detalla que, desde la asunción de La Libertad Avanza, el salario real de docentes y no docentes universitarios acumuló una caída del 34,2% hasta abril de 2026 respecto de noviembre de 2023. La mayor parte de ese deterioro ocurrió entre diciembre de 2023 y julio de 2024, cuando la inflación acumulada llegó al 134,6% mientras los salarios subieron apenas 80,4%.
El cuadro salarial de marzo de 2026 evidencia la gravedad de la situación. La Canasta Básica Total (CBT) para un Hogar Tipo 2 —que define la línea de pobreza— se ubicó en 1.434.464 pesos. Solo los docentes titulares con dedicación exclusiva superan ese umbral, con un salario básico bruto de 1.555.834 pesos, apenas 121.370 pesos por encima. El resto de los cargos docentes con dedicación exclusiva —asociados, adjuntos, jefes de trabajos prácticos y auxiliares— percibe salarios por debajo de la línea de pobreza. Todos los cargos con dedicación simple, sin excepción, cobran menos que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de 658.011 pesos, que define la línea de indigencia. Es decir: los docentes con dedicación simple son técnicamente indigentes según los parámetros del INDEC.
En el personal no docente, solo los escalafones 1 y 2 superan la CBT. El resto cae también por debajo de la línea de pobreza.
El informe ilustra la caída histórica con el caso de un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con dedicación semi-exclusiva y sin antigüedad: cobrada en pesos constantes de septiembre de 2026, esa persona percibía 1.187.482 pesos en noviembre de 2015 y apenas 584.413 en abril de 2026, una pérdida real del 50,8% en una década.
La disputa entre la ley ratificada y el proyecto del Gobierno
El CEPA resume el recorrido institucional de la norma: la Ley 27.795 fue sancionada el 21 de agosto de 2025, vetada por el Poder Ejecutivo el 10 de septiembre, ratificada por ambas cámaras del Congreso el 2 de octubre, y luego suspendida por el Decreto 759/2025 del 21 de octubre, bajo el argumento de que la ley no explicitaba el origen de los fondos. El 23 de diciembre de 2025, la Justicia declaró inaplicable el decreto y ordenó al Estado cumplir la ley. Para evitar esa obligación, el 18 de febrero de 2026 el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de modificación que el informe critica.
La ley ratificada establecía un incremento salarial del 44% para recuperar el poder adquisitivo perdido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, lo que habría dejado los salarios solo 1,3% por debajo del nivel de noviembre de 2023. El proyecto oficial, en cambio, propone tres aumentos trimestrales no acumulativos del 4,1%, totalizando un 12,3%, sin pisos de incremento en la paritaria. Según el CEPA, la inflación proyectada para los primeros cinco meses de 2026 ya alcanza el 14,7%, superando el aumento total propuesto, y para septiembre de 2026 la inflación acumulada llegaría al 23,6%, más del doble de lo que el proyecto del Gobierno establece. El resultado sería una nueva caída del salario real de 1,5 puntos porcentuales hacia septiembre de 2026 respecto de diciembre de 2025.
