Urribarri presentó su renuncia como embajador en Israel y Chipre y el presidente se la aceptó

El ex gobernador de Entre Ríos y actual embajador en Israel y Chipre, Sergio Daniel Urribarri, puso a disposición del presidente Alberto Fernández su renuncia como titular de la embajada, quien la aceptó en la noche de este jueves.

Urribarri informó sobre tal decisión a través de sus redes sociales, poco después de conocerse el fallo que lo condena a una pena de ocho años de prisión efectiva por delitos contra la administración pública.

Al respecto, en Twitter, manifestó que «el fallo de primera instancia de hoy es una clara muestra de arbitrariedad, injusticia y atropello al Estado de Derecho. Voy a apelar con la convicción de que me asiste la razón. No obstante, he puesto a disposición del presidente mi renuncia como embajador».

Detalles

Ayer, en Paraná, el Tribunal integrado por José María Chemez, Elvio Garzón y Carolina Castagno, dio a conocer la sentencia del llamado “Megajuicio” por delitos contra la administración pública que tenía como acusado al exgobernador Urribarri y otros 12 imputados, entre ellos, ex funcionarios, profesionales, empresarios y particulares.

La audiencia de más de 12 horas se desarrolló desde las 8:30 en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia entrerriano; pero Urribarri y su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, participaron de manera virtual.

Por este motivo, Urribarri fue condenado a 8 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua por ser culpable del delito de peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

El fallo de la Justicia lo inhabilita a ejercer cargos públicos en forma perpetua. El juicio había puesto en entredicho su gestión como gobernador en el período comprendido entre 2010 y 2015, ya que se lo acusaba de ser parte de un esquema de cartelización de empresas que posibilitó desvío de fondos.

En el fallo también se indicó que hubo “retornos” por parte de los empresarios contratados.

Junto al ex gobernador, también fueron condenados el ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y el ex funcionario legislativo Juan Pablo Aguilera, ambos a seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

También hubo seis condenados a penas de prisión condicional y cinco absoluciones.

El llamado “Megajuicio” por delitos contra la administración pública, comenzó el 27 de septiembre de 2021, se extendió por medio centenar de audiencias en los Tribunales de la capital entrerriana y vio pasar por su estrado a casi 150 testigos. Trabajaron en el proceso, los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull.

Expedientes unificados

Las pruebas se recolectaron dentro de cinco legajos de tres causas abiertas con la acusación de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública.

Si bien eran tres, los fiscales unificaron los expedientes porque todos se basaban en la “utilización de fondos públicos para financiar la campaña presidencial” de Urribarri en 2015.

Una vez iniciado, fue suspendida en su cargo la procuradora Adjunta y fiscal Anticorrupción de la provincia, Cecilia Goyeneche, quien fue apartada por supuestas irregularidades, cuando quedó envuelta en un Jury desprendido de otra causa, la de las “contrataciones ficticias” en la Legislatura, promovido por algunos de los letrados que intervinieron en el Megajuicio.

En cuanto a los expedientes unificados, contrataciones de empresas para publicaciones de solicitadas, para la instalación de un parador playero en Mar del Plata, para difundir spots de promoción de la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014, y para publicidad callejera y en diarios y revistas son algunos de los principales casos en los que la fiscalía investigó presuntos desvíos de fondos.

Los fiscales consideraron además que se trató de un “direccionamiento de publicidad estática en favor de empresas cercanas a Urribarri”, y donde los empresarios aceptaban las contrataciones pero debían “retornar parte del dinero”.

Persecución

Intervinieron a su vez 10 abogados defensores de un total de 13 imputados.Los abogados defensores y los imputados alegaron que la investigación y todo el juicio se trató de una “persecución político judicial”.

Los profesionales cerraron a mediados del mes pasado su ronda de alegatos y pedidos de absoluciones a sus defendidos, con fuertes críticas a la investigación fiscal. También los acusados tuvieron su turno de hablar ante el Tribunal, el 22 de marzo, en la última audiencia previa al dictado de sentencia de este jueves.

“¿Son conscientes, señores fiscales, del sufrimiento que causaron con el escarnio mediático que promovieron?”, preguntó Urribarri en los alegatos de clausura, y destacó las “embestidas de periodistas obsesionados conmigo y mi familia” previo y durante el juicio.

Además, el exgobernador aseguró que se llegó a juicio “a fuerza de arbitrariedades, atropellos y violaciones a las garantías constitucionales y con fuerte presión mediática” y sin “racionalidad ni objetividad”.

Condenas

Los jueces decidieron condenar a 8 años de prisión efectiva a Urribarri más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de $180.000 por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública.

Pedro Báez, en tanto, fue condenado a seis años y seis meses de prisión efectiva, inhabilitación absoluta perpetua y una multa de $90.000 por peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles; y la misma pena recibió Juan Pablo Aguilera, funcionario del Senado provincial.

En tanto, tres años de prisión condicional y una multa de $90.000 fue la condena para Gustavo Tamay, empleado provincial; Gerardo Caruso, empresario; y Corina Cargnel, contadora de una de las empresas.

Si bien la fiscalía había solicitado 8 años de prisión para Cargnel, los jueces tuvieron en cuenta que “manejaba todo, pero hacía su tarea de contadora y no era funcionaria”.

A su vez, Emiliano Giacopuzzi recibió la condena de dos años de prisión condicional, al igual que Luciana Almada; mientras que el empresario Germán Buffa fue condenado a un año y dos meses de prisión condicional.

Por otro lado, Maximiliano Cena, Alejandro Almada -ambos considerados testaferros-, Hugo Céspedes -fallecido durante el juicio-, Gustavo Tórtul, y el exministro de Turismo provincial Hugo Marsó, fueron absueltos.

También ordenaron el decomiso de dos viviendas ubicadas en la capital entrerriana, una motocicleta y dos autos, informó la agencia Télam.