Diputados buscan que Entre Ríos adhiera al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones de la Ley Bases

La provincia de Entre Ríos podría adherir parcialmente a la Ley Nacional N° 27.742 –Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos-, específicamente al Título VII, denominado “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones” (RIGI), de prosperar el Proyecto de Ley ingresado en la Cámara de Diputados por los diputados provinciales Carlos Damasco (Fe y Libertad) – autor-, y Liliana Salinas (Partido Conservador Popular) y Roque Fleitas (La Libertad Avanza) – coautores-.

La iniciativa, ingresada el jueves a la Cámara Baja entrerriana, consta de tan solo tres artículos, el primero consta de dos renglones y establece la adhesión al RIGI, el segundo tiene igual extensión y deroga toda norma o disposición que contraríe dicha adhesión, y el tercero es de forma.

En tanto, en los fundamentos, los diputados precisan que “el RIGI, fue creado para incentivar inversiones superiores a los doscientos millones de dólares estadounidenses (USD 200.000.000)”, destacando que “ofrece un marco de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios por un período de 30 años”.

“Este régimen – dicen los legisladores- busca atraer tanto inversiones nacionales como extranjeras, promoviendo la competitividad económica, el incremento de exportaciones y la generación de empleo en Argentina”.

Asimismo, sostienen que “con la adhesión a esta ley nacional, y teniendo presente la cantidad de recursos naturales que posee la provincia de Entre Ríos, las condiciones geográficas e infraestructura, nos coloca en situación ideal para recibir grandes inversiones sean nacionales, como así extranjeras por ser provincia limítrofe y estar en el corredor de la principal ruta del Mercosur”.

Además, aseguran que “con esta adhesión al RIGI se potenciarán las ventajas naturales con beneficios regulatorios y tributarios, promoviendo la instalación de grandes proyectos en la provincia”.

Posteriormente, señalan que “los objetivos del RIGI incluyen:

–     Incentivar grandes inversiones nacionales y extranjeras.

–     Promover el desarrollo económico.

–     Fortalecer la competitividad de sectores económicos.

–     Incrementar exportaciones de mercaderías y servicios.

–     Generar empleo y estabilidad económica.

–     Proteger los derechos adquiridos de los inversores”.

También, indican que, “tal y como lo establece el RIGI, se declara que las Grandes Inversiones que califiquen y se concreten bajo este régimen son de interés nacional y que resultan útiles y conducentes para la prosperidad del país, resultando la presente ley es protectora de este fin y de los objetivos que se detallan en la Ley Nacional N° 27.742”.

A juicio de los impulsores del proyecto, “la sanción de ésta Ley, nos coloca en las primeras posiciones para el ingreso de inversiones, pudiendo aumentar la producción y el empleo en la provincia, teniendo un marco legal que regula y da seguridad jurídica a los inversionistas”.

Más adelante, puntualizan que “los sectores beneficiados incluyen foresto-industria, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo, gas e infraestructura” y agregan que “contamos con una provincia con grandes recursos, debiendo generar las condiciones para obtener un trabajo genuino, desarrollo, beneficios en ingresos brutos, inversiones y un mejor futuro para todos los entrerrianos y entrerrianas”.

Finalmente, aseveran que “esa es la oportunidad que nos da el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI)”.

¿Qué es el RIGI?

De acuerdo con Chequeado, en un artículo publicado antes de la aprobación de la Ley Bases, el RIGI establece “incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema eficiente de protección de derechos adquiridos” para “titulares de un único proyecto” de inversiones que superen los US$ 200 millones. El plazo de adhesión son 2 años a partir de que se sancione la Ley Bases, y el Poder Ejecutivo podrá prorrogarlo por un período de hasta un año.

En concreto, el régimen ofrece incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios durante 30 años para atraer grandes inversiones. Según establece el proyecto aprobado, además de incentivar inversiones nacionales y extranjeras, el RIGI tiene como objetivos promover el desarrollo económico; desarrollar y fortalecer la competitividad de “ciertos sectores económicos”; incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior; así como también, generar empleo, entre otros ítems.

Entre los beneficios salientes para los proyectos que adhieran al régimen normativo, se encuentra la reducción del impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la devolución acelerada del IVA y retenciones cero para las exportaciones que surjan de estas inversiones.

Observaciones y críticas

Del mismo modo, Chequeado indicó que durante el debate en comisión, el senador Martín Lousteau (Unión Cívica Radical) planteó que el RIGI es “hípergeneroso”. Además, el ex candidato a jefe de Gobierno porteño señaló en una entrevista a Radio con Vos: “Todos los regímenes de este tipo tratan de que, si das un beneficio para la inversión, parte de lo invertido tenga un impacto en el país”. Mientras que el RIGI, en palabras del economista, no cumpliría con este requisito: “A las empresas que van a invertir en la Argentina se les permite importar todo con arancel cero”. 

Por su parte, la senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri, apuntó durante el plenario de comisiones: “No me queda claro que sea un plan de grandes inversiones que va a favorecer al conjunto del país. No están planteados en la ley los sectores que ustedes quieren explotar y fortalecer”. Y agregó: “El RIGI va a ser beneficioso en algunas provincias, pero el costo lo van a acompañar todas las provincias por 30 o 40 años”.

Además de los senadores, durante el debate en comisiones en el Senado surgieron observaciones en torno al RIGI por parte de expertos.

“El RIGI busca establecer una discriminación positiva respecto de ciertas inversiones. Debe dársele, en primer lugar, una aplicación restrictiva, como en la mayoría de las experiencias comparadas donde existen este tipo de regímenes. Y, en segundo lugar, tiene que estar justificada su utilización en términos específicos, no genéricos”, señaló Eugenio García Huidobro, profesor de la Universidad Católica de Chile e investigador del Centro de Estudios Públicos.

En el caso del RIGI de la Ley Bases, no se apunta a potenciar un sector específico. De hecho, se especifica que el régimen “resultará aplicable a las ‘las Grandes Inversiones’ en proyectos de cualquier sector”.

En diálogo con Chequeado, Sebastián Guidi, doctor en Derecho por la Universidad de Yale y docente en las universidades Di Tella y San Andrés, también planteó que los regímenes para atraer grandes inversiones impulsados en otros países suelen apuntar a desarrollar un sector determinado, a explotar algún recurso que pueda resultar crítico para un país o a desarrollar alguna industria en particular.

De hecho, Guidi señaló que entre los fundamentos de la Ley Bases se enumeran los sectores a los que apuntaría la normativa. Pero esa enumeración no quedó plasmada en el articulado, que es el texto que se vota en el recinto. Esa enumeración incluye: agroindustria, infraestructura, forestal, minería, gas y petróleo, energía y tecnología. 

Martín Reydó, director ejecutivo de la ONG Fundar, fue otro de los especialistas invitados al Senado a exponer sobre la Ley Bases. “Genera demasiados incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios que no son necesarios; les estamos dando más cosas a las empresas de lo que las empresas estaban pidiendo. Esto es medio inédito en la historia de un régimen de promoción”, alertó Reydó.