El exgobernador Sergio Urribarri fue detenido en Concordia y su cuñado en Paraná

La Cámara de Casación Penal de Paraná ordenó la detención del exgobernador Sergio Urribarri, en la causa por la que fue condenado, en 2022, a ocho años de prisión e inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos. Como la condena todavía no está firme, no comenzará a cumplir su pena. Lo dispuesto por la Casación provincial es una prisión preventiva. La medida regirá hasta tanto la sentencia que lo condenó por cinco causas de corrupción quede firme. Este expediente fue remitido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que se concediera el recurso extraordinario federal presentado por su defensa.

Luego de que la Cámara de Casación de la provincia de Entre Ríos ordenara en las últimas horas la detención del exgobernador Sergio Urribarri, condenado por presunta corrupción, finalmente la orden se concretó poco antes del mediodía de este martes.

Se trata del dirigente que en 2022 recibió una sentencia de ocho años de cárcel por negociación incompatible con la función pública.

El pedido de cumplimiento efectivo de la condena había sido pedido por los fiscales entrerrianos Patricia E. Yedro, Gonzalo A. Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull.

Los fiscales habían pedido el cumplimiento de la condena de Urribarri y de Juan Pablo Aguilera, y luego de dar por “acreditados los requisitos de admisibilidad del recurso”, afirmaron que para “los mismos solicitaban la prisión preventiva efectiva, fundada particularmente en el riesgo serio de fuga, en atención al monto de la pena y modo de ejecución impuestos por sentencia de 07/04/2022″.

Para los fiscales “también han quedado comprobadas las facilidades que tienen los imputados para abandonar el país o permanecer ocultos: se trata de personas con recursos económicos, que además se encuentran íntimamente vinculados a personas que pueden ayudarlos económicamente, que tienen capacidad para trasladarse de un lugar a otro y vínculos en el extranjero”.

Urribarri estaba residiendo en Concordia. Ahí fue buscado por personal policial, que lo detuvo y luego lo conducirá a la Unidad Penal 1 de Paraná. En la inmediaciones de su domicilio se podía observar una ambulancia. Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri que también fue condenado en la causa, fue detenido pero en Paraná y luego lo trasladarán al mismo centro penal.

“(Urribarri) ya está detenido. Y Aguilera también. Se están realizando las actas pertinentes”, confirmó el ministro de Seguridad de la provincia, Néstor Roncaglia, minutos después del mediodía.

El abogado defensor del ex gobernador, Leopoldo Cappa, adelantó que apelarán la decisión de Casación, aunque aclaró que este recurso “no suspende” la detención de Urribarri y su cuñado.

En el fallo, Casación hizo propios los planteos de la Fiscalía sobre los riesgos de fuga que estaban latentes tras la sentencia y el encuadre que los tratados internacionales firmados por Argentina dan a las causas de corrupción.

En un fallo de 74 páginas, Casación revocó un fallo del Tribunal de Juicio que le había impuesto otras medidas restrictivas. En el fallo, la vocal Marcela Davite expresó en su voto que “encontrándose acreditada la probabilidad de que en libertad los condenados puedan frustrar los fines del proceso, entiendo que se encuentran motivos suficientes para anular la resolución impugnada y disponer la prisión preventiva en unidad carcelaria, teniendo en cuenta especialmente que en función de los tratados internacionales que el Estado suscribió, este proceso penal debe ser sobreprotegido, en tanto el deber de investigar, juzgar y castigar tiene una mayor intensidad cuando lo que está en cuestión son delitos de corrupción como los que aquí se juzgaron”. A este razonamiento adhirieron las otras dos integrantes del Tribunal, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo.

Casación también apuntó a presuntas maniobras dilatorias de las defensas para postergar esta decisión. “Los condenados a través de sus abogados han dilatado el proceso con diversas maniobras que trasuntan o un desconocimiento de la vía recursiva, o una voluntad ex professo de no respetarla, indicadoras en sí del riesgo de frustración de los fines del proceso penal”, puntualizaron las juezas en la sentencia.

Se trata del primer gobernador de Entre Ríos condenado y preso desde la restauración de la democracia en 1983.

En abril de 2022 Urribarri fue condenado a ocho años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. Así lo decidió por unanimidad el Tribunal de Juicios y Apelaciones de esa provincia, integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón.

Por qué detuvieron a Sergio Urribarri

La detención se relaciona con la causa en la que se lo acusa de haber utilizado ilegalmente fondos públicos para financiar campañas electorales durante su mandato como gobernador, entre 2007 y 2015.

Entre las maniobras investigadas se encuentran la utilización de contratos de imprenta y publicidad para desviar fondos públicos.

El exgobernador, quien fuera aliado del kirchnerismo y embajador en Israel durante el gobierno de Alberto Fernández, fue condenado en abril de 2022.

La sentencia fue confirmada por la Casación de Entre Ríos en 2023.

La fiscalía había solicitado la detención de Urribarri luego de que el Superior Tribunal de Entre Ríos rechazara su recurso extraordinario local, pero en un primer momento la Cámara rechazó el pedido.

Finalmente, tras un recurso de la fiscalía, se ordenó la prisión preventiva.

Esta causa también tuvo repercusiones para la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, quien fue removida de su cargo tras un jury por mal desempeño. Goyeneche, que coordinó la investigación contra Urribarri, espera que la Corte Suprema de Justicia de la Nación la restituya en su cargo. El máximo tribunal ya solicitó el expediente completo para analizar el caso.

La Cámara de Casación de Entre Ríos, al confirmar la condena de Urribarri, afirmó que las pruebas fueron “legítimamente reunidas” y que se garantizó el debido proceso a los acusados.

La Casación destacó el “volumen y contenido incriminador” de las pruebas, calificándolo como “pocas veces visto en este tipo de hechos”.

Urribarri fue condenado por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con el cargo.

La sentencia, dictada por unanimidad en abril de 2022, aún puede ser revisada por la Corte Suprema.