Entre Botnia y HIF: la larga pelea de Entre Ríos por el río Uruguay vuelve a escalar
Frigerio amenazó con recurrir a cortes internacionales para frenar la refinería de hidrógeno verde de Paysandú frente a Colón. El gobierno uruguayo avanza con la instalación mientras la región exige participación y la diplomacia no logra definir una solución.
En Colón, frente a las aguas del río Uruguay, la historia parece dispuesta a repetirse. El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, convocó el lunes 16 de marzo de 2026 a una reunión de trabajo en esa ciudad costera para dejar en claro una posición que ya había insinuado en la apertura de sesiones de la Legislatura provincial: si la diplomacia no alcanza para frenar la refinería de hidrógeno verde que la empresa chilena HIF Global planea construir en Paysandú (Uruguay), frente a Colón, Entre Ríos recurrirá a las cortes internacionales. La advertencia no es retórica. Tres años de negociaciones bilaterales, cuatro reuniones presidenciales y un estudio de impacto ambiental todavía en curso configuran un escenario donde el río que alguna vez dividió a dos países por las pasteras vuelve a ser escenario de tensión.
Un anuncio con historia: cuando Colón tiembla ante Paysandú
El proyecto que hoy alarma a la región comenzó a tomar forma en junio de 2023, cuando el entonces presidente uruguayo Luis Lacalle Pou presentó en Paysandú la que sería la mayor inversión de la historia del país: la empresa chilena HIF Global se comprometió a aportar cerca de 4.000 millones de dólares para la construcción de una planta de hidrógeno verde y energías renovables, superando la inversión de UPM Paso de los Toros, que había sido hasta entonces la más cuantiosa con 3.470 millones de dólares.
El proyecto consiste en una planta de producción de combustibles sintéticos que, mediante el uso de energías renovables, combinaría hidrógeno verde con dióxido de carbono capturado de ALUR —la empresa estatal Alcoholes del Uruguay— para producir gasolina sin petróleo. La edificación implicaría unos 1.985 millones de dólares en la captura de CO2, producción de metanol y terminación de gasolina sintética, más otros 2.000 millones para parques eólicos, granjas fotovoltaicas y líneas de transmisión en un radio de hasta 180 kilómetros.
El problema geográfico es tan simple como delicado: el lugar de emplazamiento previsto es 5 kilómetros al norte de Paysandú, ciudad ribereña, y el predio de 442 hectáreas está ubicado frente a la costanera de Colón, en Argentina, ciudad cuya principal actividad productiva es el turismo.
La postura de Frigerio: cuatro reuniones y una advertencia
El gobernador Rogelio Frigerio no llegó a la reunión del 16 de marzo con las manos vacías. En el encuentro que encabezó en Colón junto al intendente José Luis Walser, legisladores nacionales y provinciales y representantes de distintos sectores, repasó un historial de gestiones que incluye, según informó el propio gobierno provincial, cuatro reuniones de alto nivel con las autoridades uruguayas: tres en Uruguay y una en Argentina, y en dos de ellas participaron el canciller argentino Pablo Quirno y el embajador argentino en Uruguay, con el fin de manifestar claramente la posición de la provincia.
Pero el eje del mensaje fue otro. Según el comunicado oficial del Gobierno de Entre Ríos de este lunes, Frigerio fue categórico: “Si no nos queda más remedio en esta lucha, vamos a recurrir a las cortes internacionales, que es donde se dirimen los conflictos entre naciones”, afirmó. Y subrayó que el asunto trasciende las fronteras provinciales: “Las relaciones exteriores las maneja el gobierno Nacional, por eso es fundamental que nos acompañe en esta lucha. Es una cuestión de Estado para Entre Ríos”.
El gobernador también hizo referencia al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, aún en elaboración, señalando que, a pedido de la provincia y del gobierno nacional, Colón fue incorporada al área de análisis de ese documento. “Estamos siguiendo muy de cerca ese estudio y sus conclusiones serán definitorias para los próximos pasos”, señaló, según el comunicado oficial.
La voz de Colón: paciencia agotada y memoria viva
El intendente de Colón, José Luis Walser, fue el portavoz más encendido del reclamo regional. En la reunión del lunes agradeció la presencia del gobernador y describió el conflicto en términos existenciales para su comunidad: defender el río, la salud, el ambiente y el turismo. Pero también lanzó advertencias concretas: exigió que se concrete la Mesa de Cancilleres prometida para el corriente mes, reclamó que los gobiernos nacionales de ambos países asuman posiciones firmes y alertó que Uruguay ha dado pasos hacia la instalación de la refinería “de manera inconsulta con la Argentina”.
La referencia histórica que hizo Walser no fue casual: “Ya tenemos una historia donde Uruguay se manejó de esta manera y después terminó instalándose la pastera Botnia”, dijo el intendente, según el comunicado oficial. El paralelo con el conflicto de 2005-2010, cuando las obras de la papelera en Fray Bentos desencadenaron años de cortes del puente internacional por parte de asambleístas de Gualeguaychú y un fallo de la Corte Internacional de Justicia, sobrevuela cada instancia de negociación.
El caso no quedó solo en el terreno político. En mayo de 2025, la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, se reunió con Walser para iniciar una investigación preliminar sobre el proyecto y determinar si existen contaminantes, con el fin de defender los derechos de los ciudadanos de la región.
La región habla: “Tierra de Palmares” y la carta a HIF Global
El reclamo no proviene únicamente de Colón. La microrregión “Tierra de Palmares”, compuesta por Colón, San José, Villa Elisa, Liebig, Ubajay, San Salvador y General Campos, envió una nota formal a HIF Global solicitando la relocalización de la planta, argumentando que su construcción tendría graves consecuencias ambientales y económicas para toda la región.
En esa nota, los representantes de la microrregión señalaron que la decisión de emplazamiento fue tomada sin considerar las características del entorno transfronterizo, la población existente ni el vínculo histórico de Colón con Paysandú. También indicaron que la falta de información precisa había generado una “profunda desconfianza y la firme posición de que no será aceptado su emplazamiento por las condiciones de riesgo a la que se expone la comunidad”.
El documento alertó sobre un punto que los actores de la región repiten con insistencia: “Lo que hoy es un procedimiento administrativo en el futuro podrá ser un conflicto NO deseado por ninguno de los dos pueblos que comparten la región”.
Uruguay: el proyecto avanza, aunque se renegocian sus condiciones
Del lado uruguayo, la posición del gobierno de Yamandú Orsi ha sido más matizada que la de su antecesor, pero no llega a la relocalización que reclama Entre Ríos. La ministra de Industria y Energía, Fernanda Cardona, reconoció que el proyecto heredado del gobierno blanco está siendo revisado en tres ejes: el económico, el ambiental y el sociocomunitario. Sin embargo, fue clara respecto a los límites de ese replanteo: debido a las condiciones intrínsecas de la iniciativa —en particular, la necesidad de estar cerca de ALUR para captar dióxido de carbono—, la planta no podría ser trasladada a una ubicación muy lejana de la prevista.
Mientras tanto, la maquinaria administrativa uruguaya siguió girando. En febrero de 2025, la Junta Departamental de Paysandú aprobó con 27 votos sobre 29 el Programa de Actuación Integrada Complementario para la recategorización de los terrenos donde se instalaría la planta, un primer paso clave que implicó más de un año de trabajo conjunto entre la Intendencia y HIF Global.
El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, también se mostró contrario a cualquier relocalización, argumentando que implicaría retroceder años en el proceso. Olivera defendió el proyecto destacando modificaciones como la reducción de la superficie y la creación de una cortina de árboles para mitigar la contaminación visual, y remarcó que la planta “es verde o simplemente no lo es”, vinculando el cumplimiento ambiental con el acceso a mercados internacionales como el europeo.
Los cancilleres de ambos países, Mario Lubetkin (Uruguay) y Pablo Quirno (Argentina), acordaron un punto de consenso frente al paralelo con el conflicto de las papeleras: ambos coincidieron en “nunca más puentes bloqueados”, en un claro intento por desacoplar el nuevo conflicto de los episodios de 2005, cuando asambleístas ambientales interrumpieron el tránsito internacional durante años.
El antecedente: Entre Ríos y los conflictos que se dirimieron ante la justicia internacional
La amenaza de Frigerio de acudir a tribunales internacionales no es una hipótesis sin sustento. El río Uruguay ha sido antes un espacio de litigios binacionales con derivaciones en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
El precedente más directo es el caso Botnia: Argentina demandó a Uruguay ante la CIJ por la construcción de la papelera sin consultar al organismo binacional CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay), tal como establece el Estatuto del Río Uruguay de 1975. En 2010, la Corte falló en favor de Uruguay en cuanto al fondo del asunto —la planta podía seguir operando—, pero reconoció que Uruguay había violado obligaciones procedimentales al no informar a la CARU en tiempo y forma. El fallo sentó precedente sobre los deberes de notificación y consulta entre ambos países cuando se desarrollan emprendimientos con potencial impacto transfronterizo.
Para el conflicto actual, ese precedente es central: si Uruguay no cumpliera sus obligaciones de información y consulta en el marco del Estatuto del Río Uruguay mientras avanza el Estudio de Impacto Ambiental de la planta HIF Global, Entre Ríos podría impulsar una nueva demanda argentina ante la misma corte. El gobernador Frigerio aludió explícitamente a esa posibilidad al decir que las cortes internacionales son “donde se dirimen los conflictos entre naciones”.
La inversión empresaria: cifras récord y un horizonte de exportación
Más allá del conflicto diplomático, el proyecto tiene dimensiones económicas que explican la resistencia uruguaya a desistir de él. HIF Global, empresa de origen chileno fundada en 2016 por César Norton Sacre, está controlada mayoritariamente por Andes Mining Energy (AME) con el 80% del capital, mientras que el restante 20% se distribuye entre Porsche (12%), la gestora de fondos EIG, Baker Hughes y Gemstone Investments.
La compañía se ha propuesto convertirse en el mayor productor de eFuels del mundo, con una proyección de producción de 140.000 barriles diarios para 2030. La gasolina sintética generada en Paysandú se destinaría principalmente a la exportación, saliendo por el río Uruguay. El proyecto requeriría más de 3.200 obreros durante la construcción y daría trabajo permanente a unas 300 personas una vez en funcionamiento.
El Ministerio de Ambiente de Uruguay ya otorgó la Viabilidad Ambiental de Localización (VAL), clasificando el proyecto en la categoría “C” —la de mayor impacto potencial—, lo que exige un Estudio de Impacto Ambiental completo y una audiencia pública. La resolución de la Dinacea (Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental) señala que pueden surgir elementos que resulten “limitantes para autorizar el presente proyecto”.
Es precisamente ese proceso de evaluación el que Entre Ríos monitorea de cerca. La inclusión de Colón en el área de análisis del estudio fue presentada por Frigerio como un logro de las gestiones argentinas. Sus conclusiones, cuando estén disponibles, serán el próximo campo de batalla.
Lo que está en juego: turismo, ecosistema y soberanía compartida
El conflicto no es solo ambiental. Para Colón y la microrregión “Tierra de Palmares”, una planta industrial de ese porte frente a su costanera turística representa una amenaza directa al modelo productivo que sostiene a decenas de miles de personas. El turismo termal y fluvial es la principal actividad económica de la zona, y cualquier deterioro en la imagen o en la calidad ambiental del río Uruguay podría tener efectos irreversibles.
Para Uruguay, en cambio, la planta representa la mayor inversión privada de su historia y un salto tecnológico significativo en la transición energética. Ninguno de los dos intereses es menor. La pregunta que subyace, y que hasta ahora ningún proceso de diálogo ha logrado responder, es si ambos pueden coexistir —o si, como ocurrió con las papeleras, la solución deberá venir de la mano de un tribunal que dos países no lograron evitar.
