Adicionales de la Policía de Entre Ríos bajo la lupa: investigan un presunto fraude millonario
La Justicia investiga un presunto fraude millonario y una red de corrupción estructurada en torno al cobro de los adicionales de la Policía de Entre Ríos. La causa, que involucra el supuesto desvío de fondos públicos mediante transferencias a “prestanombres”, derivó en la inmediata intervención de los tribunales y motivó al Ministerio de Seguridad y Justicia provincial a reformular de urgencia la reglamentación del servicio.
Una presentación penal radicada en los tribunales provinciales ha puesto bajo la mira el funcionamiento de los servicios adicionales dentro de la fuerza de seguridad entrerriana. La denuncia, patrocinada por los abogados Rubén Pagliotto y José Antón Pastori en representación de un grupo de efectivos policiales activos, expone la presunta existencia de una “caja paralela” que habría desviado cifras estimadas inicialmente en unos 90 millones de pesos mensuales (alrededor de 7.200 millones de pesos en los últimos dos años), equivalentes a unos 5 millones de dólares según estimaciones de la querella.
Qué se denunció y el presunto “modus operandi”
De acuerdo con las declaraciones del abogado Rubén Pagliotto a Radio Costa Paraná, el mecanismo de recaudación informal consistía en que el personal policial asignado a tareas ordinarias (como la guardia en edificios públicos o dependencias del sistema 911) era destinado de manera paralela a cumplir servicios adicionales, tales como la custodia de bancos o el traslado de caudales.
Sin embargo, los efectivos que efectivamente realizaban este trabajo no percibían la remuneración correspondiente. En su lugar, el dinero se transfería a cuentas bancarias de terceros, conocidos como “prestanombres” o “prestacuentas”. Según la acusación, estos terceros —quienes en algunos casos actuaban bajo presión jerárquica o a cambio de una pequeña comisión— retiraban el efectivo para luego reintegrarlo a la cadena de mandos superiores, beneficiando a las jefaturas en lugar de a los agentes operativos.
La querella también advirtió sobre maniobras de encubrimiento que habrían incluido la quema de registros de guardia y el presunto uso de móviles oficiales para operaciones cambiarias ilícitas.
¿Qué es el servicio adicional?
El Servicio de Policía Adicional consiste en la contratación de personal de seguridad policial por parte de entidades públicas o privadas (como bancos, comercios o espectáculos públicos) para tareas de vigilancia fuera de las funciones ordinarias de la seguridad ciudadana. Hasta el momento, este régimen se regía por el decreto provincial Nº 1729/19 MGJ, el cual permitía que el personal realizara estas tareas de manera simultánea con sus guardias ordinarias.
Allanamientos y avance judicial
La causa quedó en manos de los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull, bajo la tutela del juez de Garantías, doctor Mauricio Vergara. A raíz de la denuncia, se libraron de inmediato órdenes de presentación y allanamientos en diversas dependencias de la Policía de Entre Ríos (PER). En estos procedimientos se procedió al secuestro de documentación clave y registros contables vinculados al área de adicionales, material que se encuentra bajo un riguroso análisis pericial. Asimismo, la Justicia dispuso medidas de protección especiales para los denunciantes y sus familias frente a posibles represalias internas.
La respuesta del gobierno provincial
Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio de Seguridad y Justicia, a cargo de Néstor Roncaglia, emitió un comunicado ratificando su disposición a colaborar de manera directa con el Ministerio Público Fiscal mediante la entrega de pruebas. Paralelamente, el Poder Ejecutivo dictó el decreto Nº 1225/26 DTO, el cual deroga la normativa previa y prohíbe de forma explícita que el personal policial activo preste servicios adicionales de manera simultánea con sus servicios ordinarios o de guardia. A partir de esta reforma, la tarea queda reservada únicamente para los agentes en situación de franco, contemplando a su vez una mejora en el esquema de remuneraciones para quienes efectivamente presten el servicio.
Desde la cartera de Seguridad aseguraron que se garantiza la estabilidad de los denunciantes, descartando medidas de carácter administrativo en su contra y recordando que, conforme a las garantías constitucionales, rige el principio de inocencia para los funcionarios que están siendo formalmente investigados.
Antecedentes y advertencias previas
A pesar de la reciente formalización judicial, el caso cuenta con antecedentes de advertencias políticas. Desde la agrupación UCR Activa señalaron que el mecanismo denunciado no constituiría un hecho aislado, sino un “esquema organizado y sostenido en el tiempo” que no solo afecta los fondos públicos sino que debilita la seguridad general al restar personal y patrulleros de las calles.
Por su parte, el doctor Pagliotto reveló que a fines de 2023, antes de la asunción de la actual gestión provincial encabezada por Rogelio Frigerio, un grupo de efectivos se había reunido con legisladores de la actual fuerza de gobierno y con el propio Néstor Roncaglia (entonces aspirante a la cartera de Seguridad) para detallar las presuntas irregularidades que venían ocurriendo. De acuerdo con el letrado, existió en aquel entonces el compromiso político de desactivar estas prácticas, aunque finalmente la situación requirió la intervención directa de la Justicia más de dos años después.
