Allanamiento en Concordia por una red mundial de estafadores

En allanamientos en Entre Ríos, otras provincias y la Ciudad de Buenos Aires, la Policía Federal desbarató una banda transnacional de estafadores. Entre los detenidos locales hay seis argentinos, siete venezolanos, un colombiano y un nigeriano. El cerebro que dirigía las acciones en Argentina era otro nigeriano que se halla prófugo.

Una red mundial de estafadores se alzó con unos 200 millones de pesos sustraídos a víctimas en Argentina en los últimos años, sobre todo desde el inicio de la pandemia. Con acceso a información de los damnificados y llamados telefónicos, lograban engañarlos para obtener pagos de cuotas de deudas y también se hacían de los datos personales de las cuentas bancarias y así les transferían montos millonarios que terminaban en el exterior. La organización transnacional fue desarticulada en las últimas horas con allanamientos en distintos lugares del país, entre ellos en Concordia, en un domicilio ubicado en inmediaciones de Gobernador Cresto al 2100, según se informó desde la Policía Federal.

La investigación duró dos años, por parte de la División Investigación de Delitos Tecnológicos de PFA, bajo instrucciones del juez Manuel de Campo. Se buscó desbaratar la banda criminal. Se indicó que la complejidad del modus operandi de esta organización criminal, con ramificaciones fuera del país, requirió de la fuerza federal vincular tipos de estafas que se iniciaban fuera de la Argentina para luego concretarse en el país.

En primer lugar, el grupo de estafadores, mediante el uso de bases y la adulteración de datos informáticos que extraían de manera ilegal de determinadas empresas, identificaban a personas que poseían algún tipo de deuda monetaria. Establecida la identidad de las y los deudores, la organización les ofrecía, mediante engaños convincentes (como alterar de manera casi imperceptible el correo electrónico de la empresa acreedora), formas de pago para saldar sus compromisos con descuentos respecto del monto total.

De ese modo, al ofrecerles estos modos de condonación, brindarles un número de cuenta bancaria y haciéndose pasar por sus acreedores, la organización lograba hacerse del dinero de sus víctimas, quienes creían estar pagando sus deudas. Como consecuencia de ello, las personas engañadas, además de continuar con sus deudas originales, perdían el monto que habían depositado.

En segundo lugar, se logró comprender una segunda forma de estafa que llevaba a cabo el mismo grupo, denominada “Estafa del Soldado Americano”. La misma se iniciaba a partir de entablar un vínculo de confianza mediante contactos digitales entre el estafador y la futura víctima. El victimario, que se presentaba como un extranjero que realizaba alguna misión fuera del país, sostenía la relación durante largo tiempo hasta convencer a la otra persona de que, debido a su actividad en el extranjero, se veía imposibilitado de retirar de la aduana encomiendas que, según explicaba, le habían llegado a la Argentina.

Debido a ello, el miembro de la organización le solicitaba que fuera a la aduana después de hacer un depósito en una cuenta bancaria para poder hacerse de la aludida encomienda. De este modo, la víctima, creyendo estar colaborando con la necesidad de su interlocutor, depositaba dinero en cuentas bancarias ajenas para personas apócrifas.

Las cuentas que recibían el dinero estaban a nombre de otras personas que, formando el eslabón más bajo de la organización criminal, prestaban sus datos y cuentas a cambio de un porcentaje menor de aquello que se estaba robando. Finalmente, la organización extraía el grueso del dinero y, a través de una compañía de servicios financieros, enviaban lo robado hacia el exterior. De ahí que la PFA llegara a determinar la dimensión transnacional de la organización, cuya ramificación alcanza a varios países.

Una vez que la PFA, mediante esta exhaustiva investigación, logró acumular las pruebas necesarias, se iniciaron los operativos que permitieron la detención de 15 involucrados, entre quienes se encuentra el líder de la banda. Siguiendo las indicaciones del Poder Judicial se realizaron allanamientos en barrios de clase media y media alta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Concordia, en la provincia de Buenos Aires y en San Luis.

La red criminal que organizaba las estafas estaba encabezada por quien brindaba los datos de quienes serían luego las víctimas de toda esta operatoria. Hasta donde se logró establecer, la organización delictiva operaba en varios países. De allí que, entre las detenciones, se encuentren personas de diferentes nacionalidades.

Tras 23 allanamientos, a los 15 miembros de la organización se les secuestraron 46 teléfonos celulares, 14 notebooks, pendrives, discos rígidos con información sustancial para la causa, elementos de almacenamiento digital, tarjetas de crédito y débito, documentación bancaria de interés, gran cantidad de dinero en efectivo de diferentes denominaciones, dos autos y una motocicleta.

La red global de estafadores

Según indicó Infobae, era un nigeriano a quien llamaban Bobby, el que dirigía las acciones de la banda en Argentina y se comunicaba con sus pares en igbo, su idioma nacional.

Los detectives de la Dirección General de Lucha Contra El Cibercrimen de la Policía Federal que escucharon su teléfono intervenido lo oyeron hablar en el dialecto igbo, propio de su etnia, oriunda del este de Nigeria. Tuvieron que pedirle a Interpol y a la Embajada local nigeriana que dieran una mano para traducir las conversaciones. Y en dialecto igbo, desde un departamento en Morón, “Bobby” hablaba de plata.

El esquema era totalmente global: la ruta de dinero comenzaba en aplicaciones de transferencia en Argentina y seguía al resto del mundo por Western Union. Llegaba hasta Perú, Colombia, luego Nigeria y Sudáfrica.

“Bobby” era, según las sospechas de la Justicia, el encargado de que estos giros ocurrieran.

Y todo ese dinero era parte de una estafa, un cuento del tío a gran escala, casi una sinfonía del robo. “Bobby” se encuentra prófugo, pero el juez Manuel de Campos ordenó 23 allanamientos a la PFA y el arresto de 15 personas, la parte argentina de la trampa. Entre los detenidos locales hay seis argentinos, siete venezolanos, un colombiano y otro nigeriano. Se allanó un restaurant que funcionaba como una cueva de dinero, luego una financiera ubicada sobre la avenida Santa Fe. El dinero ciertamente se contaba. Hasta ahora, según confirman fuentes de la investigación a Infobae, los peritos de lavado de activos que intervienen en el expediente contaron un daño de al menos $200 millones de pesos.

En el medio, hay una sospecha sumamente inquietante: que ese dinero, tal vez, haya sido usado para financiar a grupos terroristas africanos, una sospecha que comenzó con el juez del caso dada la tipología de la banda, las transferencias detectadas, los montos.

Luego, esa sospecha fue ratificada a los investigadores por la Embajada nigeriana local y por interpol

El inicio de la investigación

La investigación contra la banda comenzó en 2019, luego de que la División Investigación Delitos Tecnológicos de la Federal allanara a un hombre colombiano en Montserrat en otro expediente y encontrara los datos iniciales en un dispositivo. El método para cosechar ese dinero, aseguran investigadores, era muy sencillo.

A través de redes sociales, generaban identidades falsas para atacar a adultos mayores, su principal blanco. Con un simple rastreo de fuentes abiertas, los delincuentes se hacían de información personal y privada de distintas personas. Así, los contactaban con diferentes excusas para lograr que les realicen transferencias bancarias en cuentas reales.

También aplicaban un poco de teatro: empleaban la histórica estafa “del soldado americano” o “estafa diplomática”, que consiste en entablar una relación amorosa a la distancia durante un tiempo, haciéndose pasar por un soldado estadounidense que está en el extranjero, y que tiene un muy buen pasar económico, pero promete que vendrá a terminar su vida al país de su pareja. Luego, comienza la exigencia de dinero, ante la llegada de diversos problemas.

Los envíos de dinero, se sospecha, llegaron a más de treinta países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Paraguay, Uruguay, España, Indonesia y Nigeria. Por lo pronto, hay material para peritar: en los allanamientos se secuestraron 46 teléfonos, además de 9 computadoras.

Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5 a cargo del Dr. Manuel de Campo, Secretaría N° 116 a cargo de la Dra. Tamara García.