Así va el escándalo de la ‘vacunación VIP’

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El Presidente, al recibir la dosis de la Sputnik V.

El presidente argentino Alberto Fernández calificó de “payasada” las denuncias contra su exministro de Salud Ginés González García luego de que un fiscal lo imputara por el escándalo conocido como ‘vacunación VIP’. Tras la revelación de que podría haber existido un circuito de vacunación para “amigos del poder”, el Gobierno reveló una lista con los nombres de 70 personas que recibieron la vacuna Sputnik V antes que médicos, docentes, personas de edad avanzada o pacientes de riesgo. El Gobierno justificó la inoculación de funcionarios con cargos estratégicos.

Con esos términos, el presidente de Argentina pretende poner un final al escándalo de vacunación en el país. Esta controversia, denominada ‘vacunación VIP’, salpica a varios funcionarios y allegados, según señaló France24.com.

Cuestionado sobre el tema en México, Alberto Fernández dijo que la vacunación es un tema “muy sensible y debemos tratarlo con mucha seriedad porque el riesgo es que lo terminemos politizando” y aseguró sin embargo estar informado que de forma “irregular” se vacunaron a unas 70 personas, aunque insistió en que el término “irregular” debe revisarse porque entre ellas había gente con cargos estratégicos que justificaban su inoculación.

Una vacunación prioritaria… ¿justificada?

El nombre de estas 70 personas inmunizadas con la Sputnik V fue publicado este lunes por el Ministerio de Salud. Y efectivamente, el presidente Alberto Fernández, encabeza esta lista junto al secretario general de la Presidencia Julio Vitobello y al portavoz presidencial Juan Pablo Biondi, así como el secretario privado del presidente, Nicolás Ritacco. Según la Casa Rosada, estas personas se vacunaron para “preservar la salud” de Fernández y generar así “la burbuja sanitaria presidencial”.

La lista incluye también al ministro de Economía, Martín Guzmán. La nueva ministra de Salud, Carla Vizzotti, justificó esta vez su inmunización por su peso político en los viajes que realiza.

Sin embargo, la lista presenta otros nombres que no dieron lugar a una justificación pública: el embajador en Brasil, Daniel Scioli; el director argentino ante el Fondo Monetario (FMI), Sergio Chodos; su jefa de Gabinete, Melina Mallamace; el asesor Pablo Salinas, pero también nombres de dirigentes políticos, empresarios y periodistas. Igualmente figura el expresidente Eduardo Duhalde (2002-2003), su esposa Hilda González y los hijos de ambos.

Por otro lado, el documento, cuya difusión ha sido solicitada por la nueva ministra de Salud como medida ante el escándalo, no incluye nombres como el de la vicepresidenta Cristina Kirchner, o el ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, ni Alfonso Massa, Fernando Galmarini y Marcela Durrieu, el padre y los suegros del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Pero según un registro del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, todos recibieron la vacuna; una acción que han defendido indicando que algunos de ellos son eran mayores de 70 años y “pertenecen a grupos de riesgo”.

En medio de estas divulgaciones, el presidente Alberto Fernández recordó que tuvo que aplicarse la vacuna rusa Sputnik V para sentar ejemplo entre la población, tras una “campaña despiadada” de la oposición que advertía que este antídoto era “veneno”. “Y hasta me denunciaron por estar distribuyendo veneno. Y ahora resulta que los que me denunciaron me piden que por favor les dé el veneno a ellos”, remarcó.

Fernández reiteró que hay gente en esta lista que, por su cargo, es “absolutamente razonable” que se vacunara. “Lo que les pido a algunos fiscales es que hagan el esfuerzo de volver a releer el Código Penal. No hay ningún tipo penal en Argentina que diga ‘será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila’. No sé quién les aprobó ni en qué universidad aprobaron pero ya hicieron demasiadas sinvergüenzadas”, concluyó el mandatario.

Una imputación y decenas de denuncias

Y es que un fiscal ya imputó al exministro de Salud argentino Ginés González García, en el marco de este presunto acceso privilegiado a la vacunación por parte de personas allegadas al poder. Ginés González García dimitió el pasado viernes después de que Alberto Fernández pidiese su renuncia al destaparse el escándalo.

La imputación fue presentada por el fiscal Eduardo Taiano ante la jueza María Eugenia Capuchetti, en cuyo tribunal ya ha recaído una decena de denuncias por el escándalo.

Fuentes judiciales consultadas por la agencia EFE indicaron que la imputación se presentó por delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

El fiscal solicitó además a la jueza que ordene allanamientos en la sede del Ministerio de Salud y en el Hospital Nacional Posadas, con el fin de obtener registros de ingresos, grabaciones de las cámaras de seguridad y el listado de las personas vacunadas. Dichos allanamientos comenzaron en la misma noche del lunes en el Ministerio de Salud.

“Una situación puntual”, según la nueva ministra de Salud

“El concepto de que hay un vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud es falso. Lo que sucedió fue una situación puntual”, reaccionó la ministra de Salud, Carla Vizzotti y agregó que el Gobierno resolvió elaborar un “procedimiento” para difundir datos, a medida que el plan de vacunación vaya avanzando, para dar transparencia a las prácticas de inmunización en los hospitales.

Este escándalo estalló el viernes pasado cuando el periodista Horacio Verbitsky, de 79 años, contó en una radio que por su amistad con el exministro de Salud había sido vacunado de forma privilegiada. El periodista argentino ha reconocido que “fue un error grave del que me arrepiento y pido disculpas”.

A pesar de la controversia, el Gobierno reiteró que la campaña de vacunación está “funcionando de manera positiva” y añadió que las vacunas “están ingresando” al país “en un contexto crítico a nivel mundial” en cuanto a la provisión global de estos insumos.

Hasta el momento, se vacunó al personal de salud y comenzó la inoculación a mayores de 70 años en la provincia de Buenos Aires y de más de 80 años en la capital.

Con datos de Télam, AFP, Reuters, EFE y medios locales.

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