Blindaje previsional: la Ley 11.300 que restringe el Art. 60
La Ley 11.300, sancionada el martes y promulgada al día siguiente por el Poder Ejecutivo provincial, reglamenta el efecto derogatorio del artículo 60 de la Constitución de Entre Ríos. El debate en el Senado, que se desarrolló en una sesión especial sin dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dejó en evidencia una profunda fractura política y jurídica.
Los argumentos de la oposición: Cosso, Sanzberro y Oliva
El senador Juan Pablo Cosso (Más para Entre Ríos) fue el primero en alzar la voz. Calificó la iniciativa como una “gran contradicción” al adoptar la postura minoritaria del fallo González Elías del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Sostuvo que la ley excede el alcance constitucional al excluir los amparos y las declaraciones de oficio del STJ del cómputo derogatorio, y que exigir que el Tribunal se pronuncie en pleno —cuando funciona en salas— vuelve el mecanismo “difícilmente aplicable”. “Entendemos que es una manera sutil de blindar la ley de reforma previsional”, afirmó.
Por su parte, Víctor Sanzberro, también del bloque opositor, vinculó directamente el tratamiento de esta ley con la reforma previsional recientemente sancionada. Recordó que su bloque no acompañó aquella iniciativa por su impacto restrictivo sobre jubilados y trabajadores, y advirtió que esta reglamentación busca “blindar” esa norma. Cuestionó que se restrinja el mecanismo constitucional “de manera tan profunda hasta tornarlo difícilmente aplicable”.
Martín Oliva (Más para Entre Ríos) sumó críticas al procedimiento: señaló que el proyecto tuvo solo una reunión de comisión y que el pedido de convocar al Ejecutivo y esperar la opinión de la Asociación de la Magistratura fue ignorado. “El contexto no puede ignorarse. Es inevitable preguntarnos si esta urgencia tiene relación con la preocupación del Gobierno frente a la cantidad de recursos judiciales que puede generar la reforma previsional”, planteó.
La defensa del oficialismo: Benedetti y Dal Molín
Desde el bloque Juntos por Entre Ríos, el senador Jaime Benedetti defendió la iniciativa como una herramienta para aportar “seguridad, certeza jurídica y razonabilidad”. Sostuvo que la ley garantiza plazos adecuados, posibilidad de ofrecer pruebas e intervención de todas las partes, y que el registro de sentencias asegura transparencia. “Nosotros no tenemos la última palabra, pero entendemos que estamos ejerciendo un legítimo derecho de reglamentación”, concluyó.
Rubén Dal Molín (Juntos por Entre Ríos) explicó que la norma busca evitar indefiniciones sobre el efecto derogatorio, y aclaró que no alcanza con decisiones de salas o tribunales inferiores: debe ser el STJ en pleno, luego de tres fallos firmes, el que active la derogación.
Los votos: Juntos por el Cambio, Peronismo Federal y Frente Cimarrón
La ley se aprobó con 9 votos afirmativos, correspondientes al bloque Juntos por Entre Ríos, al Peronismo Federal y al Frente Cimarrón. En la práctica, esto significa que sectores que se identifican con el peronismo disidente acompañaron al oficialismo, mientras que los 5 votos negativos provinieron del bloque Más para Entre Ríos.
AGMER rechaza el cercenamiento de derechos
La Comisión Directiva Central de AGMER emitió un comunicado en el que rechaza “el cercenamiento legislativo a la defensa de los derechos”. El gremio denunció que la reglamentación es una “argucia legal” frente a la posibilidad de amparos contra la reforma previsional, y criticó que el Poder Legislativo actúe como “mero escribiente del Poder Ejecutivo”.
La reglamentación del Art. 60 en detalle
| Detalle | Ley 11.300 |
|---|---|
| Aspecto | Reglamentación |
| Órgano competente | Solo el STJ en pleno; no las salas ni tribunales inferiores. |
| Vías admitidas | Solo acciones de inconstitucionalidad (Art. 60 y 61 de la Constitución). |
| Vías excluidas | Amparos, declaraciones de oficio, y fallos de cámaras. |
| Condiciones para contar | Tres fallos firmes sobre el mismo precepto y el mismo vicio constitucional. |
| Alcance | La derogación se limita a la parte afectada por el vicio. |
| Registro | Se crea un Registro Público de Sentencias Firmes de Inconstitucionalidad en el STJ. |
| Publicación | La resolución derogatoria debe publicarse en el Boletín Oficial. |
Breve explicación: La ley eleva el umbral para que una ley sea declarada inconstitucional y derogada. Al excluir los amparos y las decisiones de las salas del STJ, se dificulta que la ciudadanía pueda cuestionar normas. La oposición sostiene que esto es una “ingeniería jurídica” para proteger la reforma previsional.
Qué dice el Art. 60 de la Constitución de Entre Ríos
El artículo 60 establece, en su último párrafo: “Si una misma ley, decreto, ordenanza o resolución de carácter general hubiere sido declarada inconstitucional por tres veces, mediante sentencia firme del Superior Tribunal de Justicia, quedará derogada en la parte afectada por el vicio constitucional declarado”. La ley 11.300 es la primera reglamentación de este artículo, que data de la reforma constitucional de 2008.
El blindaje y la sospecha principal: el rol del Fiscal de Estado
Uno de los puntos más controvertidos, es la solicitud previa del Fiscal de Estado para blindar la reforma previsional antes de su promulgación. De acuerdo a lo señalado en las rondas de consultas ante las comisiones del Senado entrerriano durante el debate en torno a la finalmente aprobada reforma constitucional, el Fiscal de Estado recomendó que la misma fuera “blindada”, con el fin de evitar que los sindicatos y trabajadores pudieran anularla por la vía judicial.
La oposición sospecha que esta ley es el resultado de esa recomendación. El tratamiento exprés de la norma, en menos de 48 horas desde su sanción en Diputados hasta su promulgación, sin esperar el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales ni la opinión de la Asociación de la Magistratura, refuerza la hipótesis de que el objetivo principal no es la “seguridad jurídica”, sino la protección de una reforma previsional que generará cientos de amparos. La sospecha principal, entonces, es que la Ley 11.300 es una medida de blindaje previsional, diseñada para elevar el costo procesal y judicial de quienes quieran impugnar la reforma.
