Bolivia no recupera flotilla de barcazas que debía llegar a Rosario
Se trata de 16 barcazas que se encuentran retenidas en China debido a problemas legales surgidos con las empresas coreanas que las construyeron. La flotilla iba a utilizarse para transportar hasta puertos argentinos mineral de hierro extraído en el yacimiento del Mutún, en Santa Cruz de la Sierra, con destino a la exportación hacia mercados de ultramar.
En julio de 2012, el portal boliviano Página Siete reveló que la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) había pagado por adelantado más de 28 millones de dólares para la construcción de una flotilla de barcazas, dos empujadores y su respectivo traslado a Bolivia.
El contrato había sido firmado en 2009, en el marco del proyecto “Implementación del empujador/remolcador fluvial multipropósito en el canal Tamengo e hidrovía Paraguay-Paraná”, aprobado ese mismo año por el presidente Evo Morales y debía ser cumplido en 2010.
Sin que los bienes navales existieran, Enabol tenía definido el trabajo que realizará la flota de barcazas: transportar hierro del Mutún a través de la hidrovía para sacar el mineral por puertos del Atlántico y transportar vituallas y otros a localidades de la Amazonia boliviana. Incluso ya se calculaba las ganancias: 12.672.000 bolivianos al año, alrededor de 1.843.846,47 dólares (cambio de 1 BOB = 0,145542 USD). Pero eso no era todo, se había bautizado a los dos empujadores con los nombres de Inti y Nandeni.
El caso de las barcazas
Todo comenzó el 14 de octubre de 2009, cuando la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) firmó el contrato DAJ No. 4/2009 con la empresa coreana Yensoo Shipbulding Co. Ltda., para la construcción de dos empujadores por la suma de 11 millones y medio de dólares, con el pago de la totalidad al inicio de la obra.
El 11 de noviembre de 2009, la empresa boliviana firmó con la Seah B&K Duck Sung, por la suma de 14.400.000, para la construcción de 16 barcazas y más tarde en 10 y 11 de diciembre, se firmó la adenda DAJ 08/09 y 07/ 09 otorgando una prórroga para la presentación de las boletas de garantía para los empujadores y las barcazas. (Se firmó contratos sin que se hubiera otorgado las boletas de garantía).
En diciembre de 2009 se subrogaron los anteriores contratos, para que las empresas General Marines Business (GMB Inc.), la SMR y la Seah B&K se hagan cargo de la construcción de los dos empujadores y las 16 barcazas.
El 31 de marzo de 2010 se firmó otro contrato con las empresas, para el transporte de las 16 barcazas y los dos empujadores hasta el puerto de Rosario (Argentina), por un monto de 3 millones de dólares.
En octubre de 2010 se modifica los contratos ampliando el plazo de entrega de los empujadores y barcazas hasta el 20 y 30 de enero de 20011, y luego se vuelve a ampliar hasta el 30 de junio de 2011 y otro ampliando hasta el 27 de noviembre de ese año.
Las dos últimas ampliaciones fueron hechas cuando las boletas estaban ya vencidas en noviembre de 2010, y más tarde en la Embajada de Bolivia en Beijing se firmó otro contrato para la construcción de 8 barcazas más y el traslado de todas a puerto argentino.
Las embarcaciones de la flotilla boliviana fueron construidas, en distintas ciudades de China, debido a contratos efectuados entre los empresarios coreanos y armadores chinos. Los dos remolcadores ya han sido liberados de un embargo judicial, pero los problemas aún continúan con las 16 barcazas.
Asimismo, las empresas contratadas y pagadas de antemano incumplieron sus obligaciones con los armadores chinos y cuando se intentó ejecutar las boletas de garantías, estaban vencidas, pues el Banco Central de Bolivia no cumplió con lo establecido en las cartas de crédito avisando al Banco de China mediante el sistema swift autenticado, sobre la ampliación automática de validez de las boletas por seis meses.
En mayo de 2011, Enabol intentó ejecutar las boletas, pero el Export-Import Bank de China informó que las boletas habían expirado en noviembre de 2010. Las barcazas construidas fueron depositadas en un almacén y cuando se pretendió recogerlas, el mismo pretendió cobrar una elevada suma por almacenaje.
Las firmas chinas se enfrascaron con los coreanos y bolivianos en una pugna por la construcción, custodia, retención y anotación de las embarcaciones.
Por este motivo, las empresas Weihai Xintaiyuan Shipbuilding Co. Ltd. y Dayu Shipbuilding Ocean (Shandong) Co., Ltd. fueron denunciadas ante los tribunales chinos por la empresa Enabol por retención ilegal de las embarcaciones.
Escándalo y juicio
El escándalo pasó a conocimiento de la fiscalía y fue imputado y detenido el entonces gerente de Enabol, contraalmirante Freddy Ballesteros y junto a otros imputados. La denuncia indica que Ballesteros “favoreció” a las firmas coreanas al dejar sin efecto las garantías bancarias que habían dado al Estado boliviano como condición para adjudicarse el trabajo.
Además, agrega el informe, el jefe naval contrató un servicio de transporte desde China a Bolivia para la flotilla y también pagó por adelantado 3 millones de dólares, pero sin recibir garantía alguna.
El fiscal Aldo Ortiz imputó a Ballesteros por los delitos de “conducta antieconómica, suscripción de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes” y ordenó su detención por el “riesgo de fuga”, según el ministerio de Defensa.¨
Por otra parte, en un primer momento, el Ministerio de Defensa denunció además a cuatro empresarios coreanos y a un abogado por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con daño al Estado, falsedad material, uso de instrumento falsificado y sociedades y asociaciones ficticias, indica el informe oficial.
Tras las investigaciones se envió a la cárcel a tres personas, entre ellas al exgerente de Enabol contralmirante Freddy Ballesteros, a la exdirectora de Asuntos Jurídicos Carmen Rosa Gámez y al abogado de las empresas coreanas, Carlos Jang Hur Tórrez. También hay dos capitanes de fragata de la Armada con detención domiciliaria, apuntó La Razón.
Sin embargo, el entonces Ministro de Defensa del gobierno de Evo Morales, Rubén Saavedra, que era presidente del directorio de Enabol que viajó a China a inspeccionar el trabajo, firmó todos los documentos relativos al caso, no fue investigado, más aún, al retorno de China pasó por España, donde su hermana trabajaba como camarera en un hotel y habría depositado en el banco Popular de España 300.000 euros. Todos estos datos habrían sido informados al entonces vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, por Mario F. Ormachea, según datos publicados, denunció Eric L. Cárdenas del Castillo en un artículo de opinión publicado en El Diario.
En 2012, el ministro Saavedra viajó a China para hacer gestiones para precautelar las barcazas.
En 2014, un tribunal chino dictaminó la subasta judicial de las 16 barcazas a favor de GMB, que reclamaba 15 millones de dólares por el almacenaje de las embarcaciones. Pero una acción cautelar de Bolivia suspendió el remate de las embarcaciones, luego que en 2015, viajaron a ese país el ministro Reymi Ferreira y el procurador Héctor Arce para evitar el remate de las mismas.
En 2019, el procurador general del Estado, Pablo Menacho, informó que un juzgado de la Corte Marítima de Quingdao, en China, determinó que las 16 barcazas construidas en la República Popular China que estaban en litigio internacional son de propiedad de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol) y, por tanto, del Estado boliviano.
El juzgado chino determinó también que los demandados Weihai Xintaiyuan Shipbuilding Co. Ltd. y Dayu Shipbuilding Ocean (Shandong) tenían que asumir todos los costos de aquel proceso.
El fallo también establecía que el juicio civil tuvo un costo de 497.955,35 RMB (yuans rénminbi chinos), que debía ser asumido por las empresas demandadas. Ambas, de origen chino, y una tercera coreana no inmersa en el juicio civil, se disputaron durante todo este tiempo la propiedad de las barcazas, según informó El Tiempo.
Pese a todo eso y al litigio internacional ganado, en la que se demostró que las barcazas son de Bolivia, la flota naviera no llegó al país.
A la fecha se desconoce sobre las acciones que se encara para resolver esa situación, tampoco hay un infomre oficial sobre el traslado de las barcazas y empujadores, ni de su estado actual.
El juicio por este caso proseguirá con la comparecencia de los acusados, entre militares y civiles, ante los jueces del Tribunal Segundo de Sentencia de La Paz, a fin de esclarecer este hecho que provocó un daño económico millonario al Estado. Otras ocho personas, una boliviana y siete extranjeros son juzgados en rebeldía.
