LEY DE EMERGENCIA: ORGANIZACIONES PIDEN QUE LA PROVINCIA RECLAME UNA REPARACIÓN HISTÓRICA POR SALTO GRANDE Y QUE EL PESO DE LA CRISIS LO PAGUEN LOS GRUPOS ECONÓMICOS CONCENTRADOS

Gremios, movimientos sociales y empresarios reclaman una reparación histórica que implique mejores costos energéticos.

Gremios, asociaciones de pequeños y medianos empresarios y movimientos sociales consensuaron anoche en la capital provincial una dura respuesta al denominado proyecto de Emergencia Solidaria  presentado por el gobernador Gustavo Bordet para su aprobación en la Legislatura entrerriana.

Lo hizo a través de una declaración titulada “La emergencia es con los trabajadores y trabajadoras y el pueblo: Que aporten los grupos concentrados de la economía”.

El documento – cuyo título ya es una divisoria de aguas-  critica que se vuelva “a poner la lupa de la recaudación sobre los y las trabajadores y trabajadoras” y advierte que “el modelo político de seguir descargando las crisis sobre el pueblo no puede ser el plan que oriente las medidas económicas”.

No obstante, el colectivo firmante entiende la situación de emergencia que a nivel internacional ha producido la presente pandemia, pero recuerda “la función del Estado” de asistir a los trabajadores “con acciones positivas”, a través del sostenimiento “de de los servicios básicos y esenciales de la comunidad (salud, comedores, y educación, entre otros) muchas veces costeado con recursos propios”.

Por este motivo,  pone en la mira los Arts. 4º, 5º y 6º del proyecto de emergencia “donde se propone la reforma provisoria de los aportes personales  y previsionales, persiguen un objetivo recaudatorio cuyo acento recae sobre los y las trabajadores y trabajadoras en actividad y pasivos y pasivas, so pretexto de salvaguardar la Caja de Jubilaciones y Pensiones mediante la solidaridad y la equidad”.

Sobre el particular, se remarca que el déficit previsional no fue causado por los trabajadores sino por las diferentes gestiones gubernamentales y políticas neoliberales de achicamiento del Estado, las que remonta hasta los años de la última dictadura.

No obstante, el texto rescata el contenido de los Arts. 7º, 8º y 9º que impulsa el aumento de gravámenes sobre  “los sectores de la economía concentrada”, a los que identifica como las entidades financieras, el comercio mayorista de medicamentos para uso humano y la propiedad de superficies iguales o superiores a las 1.000 hectáreas.   

Como propuesta ante la disminución de la recaudación y sus consecuencias en las finanzas provinciales, el colectivo impulsa un impuesto a las grandes fortunas, la redefinición del rol del agente financiero provincial, el incremento a las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos de las entidades financieras, el desaliento de la especulación y los latifundios a través de una reforma del Impuesto Inmobiliario y revisión integral de la actividad minera provincial.

Salto Grande

Asimismo, las organizaciones destacaron la necesidad de que el Estado Provincial reclame “la reparación histórica por la Represa Salto Grande que  implique mejores costos energéticos para la provincia, y fomentar una discusión estratégica del uso de tierras de la provincia, centrada en la producción de alimentos para los y las argentinos y argentinas”.

El documento completo:

La emergencia es con los y las trabajadores y trabajadoras y el pueblo:

Que aporten los grupos concentrados de la economía.

Frente al Proyecto de ley de emergencia que el ejecutivo enviará a la legislatura para abordar la grave situación económica de la provincia, consideramos que es un error volver a poner la lupa de la recaudación sobre los y las trabajadores y trabajadoras. El modelo político de seguir descargando las crisis sobre el pueblo no puede ser el plan que oriente las medidas económicas.

El proyecto de ley declara la “emergencia  pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos” con el propósito de garantizar las funciones inherentes al Estado provincial. Entendemos la situación de emergencia que atraviesan los países del mundo producto de la pandemia, a la que no es ajena  nuestro país ni nuestra provincia. Pero rechazamos de plano que parte de la crisis se descargue sobre los y las trabajadores y trabajadoras. La función del Estado debe ser la de protegerlos y protegerlas con acciones positivas, más aún cuando son quienes están poniendo todo su esfuerzo en atender los efectos de la pandemia. Esfuerzo que se evidencia en el sostenimiento de los servicios básicos y esenciales de la comunidad (salud, comedores, y educación, entre otros) muchas veces costeado con recursos propios. 

En este sentido, creemos que los Artículos 4, 5 y 6 donde se propone la reforma provisoria de los aportes personales  y previsionales, persiguen un objetivo recaudatorio cuyo acento recae sobre los y las trabajadores y trabajadoras en actividad y pasivos y pasivas, so pretexto de salvaguardar la Caja de Jubilaciones y Pensiones mediante la solidaridad y la equidad. Lo hemos dicho a principios de años y lo sostenemos; el déficit de la caja no es responsabilidad de los y las trabajadores y trabajadoras, sino de las diferentes gestiones de gobierno. Las consecuencias de políticas neoliberales que puso como horizonte achicar el Estado no debe ser costeado por los y las trabajadores y trabajadoras que se opusieron. Una vez más, el pueblo no debe ni puede ser la variable de ajuste.

Ahora bien, el Proyecto de Ley también busca recaudar entre algunos de los sectores de la economía concentrada. Esto lo manifiesta en los Artículos 7, 8 y 9 donde incrementa los gravámenes de las Entidades Financieras, el  Comercio mayorista de medicamentos para uso humano, y el impuesto inmobiliario anual, a las superficies iguales o superiores a un mil (1.000) hectáreas. Consideramos que estos son los sectores, entre otros,  que hoy deben ser solidarios frente a la crisis provocada por la pandemia.

Pero, al mismo tiempo, sostenemos lo que hemos venido diciendo en anteriores documentos públicos; el modelo productivo y recaudatorio no puede seguir siendo el que surgiera con la dictadura. En un documento anterior, publicado el 8 de junio decíamos que frente a la disminución de la capacidad fiscal y sus consecuencias sobre las finanzas públicas provinciales, proponíamos la aprobación del proyecto de impuesto a los bienes personales (conocido como impuesto a la Fortunas) para los grandes patrimonios. También sugeríamos  redefinir  el rol del agente financiero de la Provincia, en función de asistir y promover las actividades económicas de interés para el desarrollo productivo regional. Decíamos además que era necesario un incremento en las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos a las entidades financieras impidiendo el encarecimiento del crédito, y que era urgente rever el esquema tributario  en cuanto al Impuesto Inmobiliario Rural, desalentando la especulación y la existencia de latifundios. Señalábamos que otro de los sectores económicos a revisar con acuerdo de los intereses provinciales son las actividades de la minería, cuyos mecanismos de asignación de concesiones, permisos de extracción, control de la actividad y su tributación, debe ser observada teniendo en cuenta  la irreversibilidad del proceso extractivo y sus consecuencias. Y por último, decíamos en el documento del 8 de junio que el Estado Provincial debía reclamar la reparación histórica por la Represa Salto Grande que  implique mejores costos energéticos para la provincia, y fomentar una discusión estratégica del uso de tierras de la provincia, centrada en la producción de alimentos para los y las argentinos y argentinas.

Seguimos sosteniendo todas estas reivindicaciones porque estamos convencidos y convencidas que alguien deberá pagar la crisis mundial producida por la pandemia. Estamos dispuestos y dispuestas a poner todos nuestros esfuerzos para que sean los sectores que históricamente se enriquecieron quienes deban pagarla. Pero nos declaramos en contra de cualquier medida que pretenda descargar la crisis sobre los y las trabajadores y trabajadoras y el pueblo. La solidaridad con las mayorías es incompatible con los intereses de los sectores de la economía concentrada.

 Firman este documento las siguientes organizaciones:

ATE (Asociación Trabajadores del Estado)

AGMER CDC (Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos – Comisión Directiva Central))

AGMER Seccional Paraná

La Bancaria

APYME (Asociación de pequeñas y medianas empresas)

CTA de los Trabajadores

CTA Autónoma de Entre Ríos

CTA Autónoma de Paraná

Multisectorial de mujeres Entrerrianas

CCC (Corriente Clasista y Combativa)

Somos Barrios de Pie

CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular)

La Poderosa 

Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná

CEPA (Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista)

Movimiento Ni un pibe menos por la droga

Federación Nacional Campesina de Entre Ríos. 

MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos)

Barrios de pie

MTL (Movimiento Territorial de la Liberación)

Sindicato de Ladrilleros

UTEP EVITA ENTRE RIOS (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular)

También puede gustarle...

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

error

¿Te gusta este sitio? No te pierdas nuestras noticias