Caja de Jubilaciones: Frigerio envía a la Legislatura el proyecto de reforma previsional de Entre Ríos con cambios graduales y rechazo gremial
El gobierno de Rogelio Frigerio remitió este 22 de mayo a la Legislatura provincial el proyecto de reforma previsional de de Entre Ríos, luego de semanas de negociaciones con representantes gremiales sobre el futuro de la Caja de Jubilaciones. La iniciativa eleva gradualmente la edad jubilatoria a 65 años para empleados estatales actuales y a 68 para los nuevos ingresantes, mantiene el 82 por ciento móvil sobre el salario bruto e incorpora un aporte solidario extraordinario para los salarios más altos. Mientras tanto, la oposición gremial sigue activa: AGMER acaba de completar un paro docente de 24 horas y distintos sindicatos sostienen que el proyecto implica un recorte de derechos encubierto.
El Poder Ejecutivo provincial remitió este 22 de mayo de 2026 a la Legislatura el proyecto de reforma previsional de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, una iniciativa que llega tras meses de presentaciones, un paro docente y una movilización sindical que no da señales de ceder. La reforma previsional de Entre Ríos es el capítulo más controvertido de la gestión de Rogelio Frigerio y su tratamiento legislativo en ambas cámaras se augura complejo.
Qué establece la reforma según el comunicado oficial
De acuerdo con el texto difundido por la Casa de Gobierno, el proyecto parte de una premisa central: ningún jubilado actual verá modificado su haber ni perderá derechos adquiridos. Sobre esa base, la iniciativa garantiza el 82 por ciento móvil sobre el sueldo bruto, ratifica la movilidad vinculada a las paritarias de los trabajadores de la administración pública provincial y establece una implementación gradual de todos los cambios previstos.
El Ejecutivo fundamentó la necesidad de la reforma en la situación financiera crítica del sistema: actualmente la Caja registra una relación de apenas 1,9 trabajadores activos por cada jubilado, muy por debajo del equilibrio necesario para sostener el sistema. En la última década, la cantidad de jubilados creció un 40 por ciento mientras que el número de aportantes aumentó apenas un 25 por ciento. En el anteproyecto presentado en marzo de 2026, el presidente de la Caja, Gastón Bagnat, había detallado que la relación era de 1,8 activos por cada pasivo —frente a una relación óptima de 3,5— y que el déficit mensual rondaba los 30.000 millones de pesos.
Qué dice el gobierno que incorporó tras el diálogo con los gremios
El Ejecutivo subrayó que varios aspectos del proyecto incorporan demandas surgidas del intercambio con los representantes sindicales. Según el comunicado oficial, entre los cambios introducidos por el diálogo figuran la gradualidad en la aplicación de los cambios vinculados a la edad jubilatoria, la ratificación de la movilidad atada a las paritarias estatales y la definición sobre los regímenes especiales —que no serán eliminados—, así como el aporte solidario extraordinario, que fue diseñado conjuntamente con los representantes sindicales y alcanza sólo a un porcentaje reducido de trabajadores.
Sin embargo, los principales gremios de la provincia mantienen su rechazo al proyecto, independientemente de estas modificaciones.
Qué pasará con la edad jubilatoria
Este es el punto más sensible del proyecto. La edad jubilatoria vigente en Entre Ríos no registra modificaciones desde 1993 —cuando se sancionó la Ley 8.732— y, según el Ejecutivo, se encuentra entre las más bajas del mundo: en una comparación de más de 110 sistemas previsionales, la edad masculina vigente en la provincia queda en el puesto 94, entre las 16 más bajas, mientras que la femenina queda fuera de los rangos predominantes a nivel internacional.
El proyecto prevé elevar la edad de retiro a 65 años para los actuales empleados estatales, con plazos de transición de entre cinco y veinte años. Para quienes ingresen al Estado a partir de la sanción de la ley, la edad jubilatoria será de 68 años. La suba será escalonada: a razón de seis meses por año calendario para la edad, en línea con lo ya planteado en el anteproyecto de marzo, que establecía el mismo destino de 65 años (varones) y 60 (mujeres) con un período de gracia de cinco años antes de comenzar el escalamiento.
Qué dice el gobierno que pasará con la movilidad
Según el Ejecutivo, los jubilados actuales y futuros mantendrán una actualización vinculada a los acuerdos paritarios de los trabajadores de la administración pública provincial. Esta fórmula, presentada como una conquista del diálogo gremial, ya estaba presente en los lineamientos de marzo, aunque entonces se describía como índices sectoriales alineados con la metodología de la Ley nacional 27.609 de Movilidad Jubilatoria. El gobierno no anticipó qué ocurrirá si en algún año no hubiera acuerdo paritario o si el índice resultara negativo en términos reales.
Qué dice el gobierno que pasará con los regímenes especiales
El proyecto no elimina los regímenes especiales ni las jubilaciones anticipadas, aclararon desde el Ejecutivo. Lo que establece es que, una vez alcanzada la edad prevista por el régimen especial correspondiente, el trabajador podrá optar entre continuar en actividad o acceder al beneficio jubilatorio anticipado. En cualquiera de los casos, deberá continuar realizando aportes hasta alcanzar la edad jubilatoria ordinaria prevista en la Ley 8.732. El gobierno aclaró que esta obligación ya estaba contemplada en la normativa vigente y que la novedad es que pasará a aplicarse de manera obligatoria. “No se elimina ningún régimen especial. Se aplica una regla que ya estaba prevista en la ley y que nunca se implementó”, indicaron desde la Casa de Gobierno.
El aporte solidario extraordinario
El proyecto incorpora un aporte solidario extraordinario, de carácter progresivo y transitorio, para los salarios más altos. Quienes perciban ingresos inferiores a tres millones de pesos mensuales no realizarán aportes adicionales. Según el Ejecutivo, esta medida de emergencia alcanza únicamente al 4 por ciento de los trabajadores. En el anteproyecto de marzo, este mecanismo también estaba previsto, aunque con una redacción que habilitaba al Poder Ejecutivo a establecerlo “con carácter excepcional y por tiempo determinado” cuando se acreditaran desequilibrios financieros o actuariales.
La modificación en el cálculo del haber inicial
El proyecto propone ampliar la base de cálculo del haber inicial a 240 meses (20 años), con el objetivo de lograr un esquema más equitativo y representativo de toda la trayectoria laboral. El cambio apunta a evitar distorsiones generadas por ascensos o recategorizaciones previas a la jubilación, y mantiene como garantía el 82 por ciento móvil sobre el salario bruto. En el anteproyecto de marzo, esta modificación tomaba la forma de un promedio de los 30 años de aportes a valores actuales. El proyecto final redujo ese horizonte a 20 años, lo que implica una base algo menos extensa pero aún más amplia que el sistema actual.
Cambios respecto a los lineamientos de marzo y abril de 2026
Comparado con el anteproyecto presentado en marzo y con las conversaciones llevadas adelante en abril con legisladores y representantes gremiales —cuando Frigerio se reunió con las principales organizaciones sindicales—, el proyecto final incorpora algunos ajustes: la edad tope para los empleados actuales queda en 65 años (no 68, que se reserva para los nuevos ingresantes), se mantiene explícitamente la movilidad paritaria como garantía, y los plazos de transición se amplían hasta veinte años. La base de cálculo del haber inicial pasó de 30 a 20 años. En lo sustancial, sin embargo, los ejes centrales —suba gradual de la edad, aporte solidario, no eliminación de regímenes especiales y mantenimiento del 82 por ciento móvil— ya estaban presentes desde marzo.
El reciente paro docente contra la reforma
El telón de fondo del envío del proyecto a la Legislatura es un conflicto gremial sostenido. El 21 de mayo —un día antes de la remisión formal del proyecto— AGMER (Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos) concretó un paro docente de 24 horas por dos reclamos simultáneos: el rechazo a la reforma previsional y la disputa salarial con el gobierno, que en mayo impuso por decreto un aumento del 3,5 por ciento que los sindicatos consideran insuficiente y lesivo de las normas de negociación colectiva.
En el marco del conflicto, docentes de AGMER llevaron su protesta al interior de la Cámara de Diputados el 20 de mayo, desplegando carteles desde las galerías del recinto mientras los legisladores sesionaban. El 19 de mayo, la Multisectorial en Defensa de la Caja había concentrado frente al edificio de la Caja de Jubilaciones en Paraná, con la participación de ATE, CTA, AGMER y otros sindicatos. El secretario general de AGMER, Abel Antivero, advirtió que los legisladores que acompañen la reforma cargarán con una “condena social”. Carteles con las leyendas “No a la Reforma Previsional — Entrerrianos somos todos” y “La Ley 8732 no se toca ni se negocia” sintetizaron el posicionamiento del arco sindical.
La Secretaría de Trabajo rechazó el pedido de conciliación de AGMER y AMET, argumentando que las condiciones financieras provinciales no permiten formular una propuesta salarial superadora que haga viable un acuerdo.
El reclamo ante la Corte Suprema
El proyecto incluye también la continuidad del reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los fondos que la provincia considera adeudados por ANSES. Es un punto recurrente en la narrativa oficial, que sostiene que parte del déficit de la Caja se explica por la deuda nacional con el sistema previsional entrerriano.
