Salto Grande se mueve para captar “el radar” inversor

alt="en la imagen se ve una vista aérea del complejo hidroeléctrico de Salto Grande, con parte del lago de Salto Grande y parte del río Uruguay"
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“Pasamos a ser una de las primeras opciones para ser un socio estratégico cada vez que vengan capitales al país”, dice Carlos Albisu, presidente de la delegación uruguaya ante la CTM de Salto Grande.

“Hemos logrado poner a Salto Grande en el radar de inversiones y ahora pasamos a ser una de las primeras opciones para ser un socio estratégico cada vez que vengan capitales al país”, dice entusiasmado Carlos Albisu, presidente de la delegación uruguaya de ese organismo.

Albisu, hombre fuerte del Partido Nacional en Salto (Uruguay), tiene 48 años, es médico de profesión y está en carrera para las próximas departamentales. Cuando recibió a El País estaba en la mutualista salteña atendiendo pacientes y se aprontaba para una maratónica jornada de reuniones.

Albisu es el primer salteño en presidir la delegación uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande en 35 años. Antes, fue por cinco años uno de sus directores en representación del PN.

Si bien la población del litoral uruguayo ha tenido reclamos hacia Salto Grande a lo largo de los últimos años -por una serie de regalías que en su momento fueron prometidas por las autoridades de la época-, Albisu dijo que la política de colaboraciones intenta respaldar en lo posible a las instituciones y organizaciones que así lo necesiten.

alt="Carlos Albisu, presidente de la delegación uruguaya"
Carlos Albisu, presidente de la delegación uruguaya.

“Nuestra política de inversiones para la población en colaboraciones se nutre de un fondo que supera el millón de dólares anuales en promedio, y son recursos que se generan básicamente por lo recaudado en los peajes del transporte internacional”, explicó Albisu.

Entre esas colaboraciones, Salto Grande donó $ 2 millones en indumentarias para Jornales Solidarios en Salto (unos 600), y aportó $ 4 millones para la reanudación de los torneos de la Liga Salteña de Fútbol. Además, apoyó con la donación de una ambulancia para ASSE de Salto y con aportes para obras de infraestructura en el hospital. También donó para centros educativos y organizaciones sociales.

Pero la central está inmersa en un plan propio de inversiones. En ese sentido, Albisu contó que están trabajando en un plan de inversiones en conjunto con Argentina, y con la participación del BID, en la renovación del equipamiento y maquinarias de la represa, “lo que significaría una modernización importante”. Se destinarán unos US$ 1.000 millones entre los dos países.

Uno de los principales “logros” de la gestión actual, según Albisu, es que la represa “hoy está en el radar”: “Nos conocen, y para esto estuvimos trabajando mucho. Junto al secretario general de Salto Grande, Nicolás Albertoni, hicimos un plan de recorridas para ganar en visibilidad institucional por embajadas, ministerios y organismos públicos de todo tipo”, relató.

Y agregó: “Logramos que desde Presidencia de la República, cada vez que hay un plan de inversiones que saben que va a entrar al país, nos llamen para ponernos en contacto con los inversores y que nosotros hagamos que se interesen por lo que hacemos. Antes no pasaba”, afirmó Albisu.

A su vez, se viene llevando adelante un Polo Educativo y Tecnológico, con la UTEC de Uruguay, la UNER de Argentina y otras universidades, además de la asociación del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusset). “Solamente en uno de los cursos que dictamos y que son vía Zoom logramos una participación de 860 estudiantes de diferentes países”, afirmó Albisu. Agregó que apuestan a consolidar un “polo educativo” regional para el cual se está invirtiendo.

Por su parte, el sindicato entiende que debería llevarse adelante un plan de subsidios en el costo de la tarifa eléctrica a varios sectores de la sociedad, principalmente al sector productivo. El presidente de la Asociación de Trabajadores Uruguayos de Salto Grande, Gabriel Machado, dijo a El País que saben que la represa no puede decidir exoneraciones sino que debería hacerlo la Administración Nacional de Usinas y Transimisiones Eléctricas (UTE).

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