El Estado provincial demandará a los padres por los costos de las amenazas en escuelas de Entre Ríos
El gobierno de Entre Ríos anunció que los padres o tutores de menores identificados como autores de amenazas en escuelas de Entre Ríos deberán afrontar los costos económicos de los operativos de seguridad. A través de una acción de reparación civil, se busca recuperar una suma que ya supera los 250 millones de pesos en recursos públicos desperdiciados por mensajes intimidatorios.
En una jornada marcada por la preocupación ante la vulnerabilidad del sistema educativo y la seguridad pública, autoridades provinciales definieron un cambio de estrategia frente a la ola de mensajes intimidatorios. Este lunes, tras una reunión interministerial e interdisciplinaria, se confirmó que el peso de la responsabilidad económica recaerá directamente sobre los progenitores de los alumnos involucrados.
Responsabilidad civil: El foco en los padres
A diferencia de las limitaciones que impone la edad en el fuero penal, el Estado decidió avanzar por la vía del Código Civil y Comercial de la Nación. Se determinó que los padres o tutores son legalmente responsables por los daños patrimoniales causados por sus hijos. Esta medida busca no solo castigar la conducta, sino también resarcir al erario público por el despliegue innecesario de fuerzas de seguridad.
Sanciones económicas y legales
El Secretario de Justicia, Julián Maneiro, junto al Juez de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto, explicaron que se iniciarán acciones por “reparación civil por daños y perjuicios”. Gracias a la inteligencia tecnológica de la Policía de Entre Ríos, ya se han individualizado a la mayoría de los autores. Los responsables deberán pagar de su bolsillo los costos logísticos, técnicos y las horas hombre que el Estado invirtió en cada protocolo de evacuación.
El impacto económico: 250 millones de pesos
La cifra es alarmante: el Ministerio de Seguridad y la Policía estiman que el acumulado de operativos por falsas alarmas de bombas o tiroteos asciende a más de 250 millones de pesos. Este monto engloba el movimiento de móviles, brigadas de explosivos y personal especializado que debió ser retirado de la prevención del delito común para atender estas situaciones de alarma pública.
Un fenómeno que no cesa
Este endurecimiento de medidas se da tras una serie de incidentes que han mantenido en vilo a la comunidad. Antecedentes recientes en localidades como Federación, Gualeguaychú, Nogoyá, Paraná o Villaguay y la activación recurrente de protocolos por parte del CGE, sumado a la alerta general en Concordia, evidencian una problemática que excede la “broma estudiantil”. A nivel nacional, el fenómeno también ha mostrado picos de intensidad, obligando a las provincias a buscar mecanismos de disuasión más efectivos que la sola amonestación escolar.
