Comedores escolares en Entre Ríos: Diputados citó a la ministra Berisso en medio de la disputa judicial
La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó este miércoles una resolución para convocar a la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, y al director de Comedores de la Provincia, Lautaro Azzalini, a que brinden explicaciones sobre la situación de los comedores escolares en Entre Ríos. La citación llega en medio de una disputa judicial que mantiene vigente una medida cautelar contra la distribución de alimentos con sellos de advertencia y luego de que AGMER anunciara que apelará el fallo que hizo lugar al amparo colectivo presentado junto a la Fundación CAUCE.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó este miércoles una resolución para convocar a la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, y al director de Comedores de la Provincia, Lautaro Azzalini, a que brinden explicaciones sobre la situación de los comedores escolares en Entre Ríos. La citación llega en medio de una disputa judicial que mantiene vigente una medida cautelar contra la distribución de alimentos con sellos de advertencia y luego de que AGMER anunciara que apelará el fallo que hizo lugar al amparo colectivo presentado junto a la Fundación CAUCE.
La votación se dio durante la décimotercera sesión ordinaria del 147º Período Legislativo, presidida por el diputado Gustavo Hein, en la que también ingresaron proyectos del Poder Ejecutivo, iniciativas con media sanción del Senado y varias Declaraciones de Interés Legislativo sobre temas ajenos a la discusión de fondo.
La resolución aprobada, identificada como Resolución Nº12 (Expediente Nº29554), invoca el artículo 116 de la Constitución de Entre Ríos, que habilita a cada Cámara a citar a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir informes cuando la convocatoria cuenta con el respaldo de al menos un tercio de los legisladores presentes.
El pedido fue impulsado por un bloque de diputados encabezado por Silvina Soledad Decco como autora, con la coautoría de María Laura Stratta, Juan José Bahillo, Yari Seyler, Silvia Moreno, Andrea Zoff, Enrique Cresto, Lorena Arrozogaray, Mariel Ávila y José María Kramer.
El texto aprobado establece que la ministra y el director de Comedores deberán informar sobre la prestación del servicio en los distintos niveles educativos, la modalidad de compra de los alimentos y los menús que se proporcionan como desayuno, almuerzo y merienda en las escuelas primarias y secundarias de la provincia.
Uno de los puntos centrales del pliego de preguntas apunta a la contratación con la empresa Teknofood S.A., a la que se le requerirá que precise qué porcentaje de la inversión corresponde a los productos alimenticios y cuál a la logística de distribución, un dato que hasta el momento no había sido desagregado públicamente.
Según los fundamentos del proyecto original, el Gobierno provincial autorizó esa contratación mediante el Decreto 852/2026, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta y con un plazo que se extiende desde la adjudicación hasta el ciclo lectivo 2027, con opción de prórroga para 2028. La adjudicación a Teknofood S.A. se formalizó luego a través del Decreto 1983/2026, en el marco de la Licitación Pública 02/26, con un precio unitario de 1.600 pesos por ración de alimentos no perecederos.
La resolución también exige precisiones sobre cómo se está cubriendo el desayuno y la merienda de los alumnos mientras rige la suspensión cautelar de esos alimentos, si los productos ya adquiridos se encuentran debidamente almacenados y en qué estado se encuentra la causa judicial al momento de la interpelación.
A eso se suma un pedido de información nutricional detallado: proteínas, fibra, calcio, hierro y micronutrientes por grupo etario, aporte de azúcares libres, sodio, grasas saturadas y calorías, presencia de sellos de advertencia, adecuación a las guías alimentarias vigentes y el menú semanal y mensual definitivo, con cantidades, gramajes y modo de preparación.
Comparado con el proyecto de resolución original presentado el 19 de agosto, el texto finalmente aprobado mantiene el mismo contenido sustantivo pero reorganiza el articulado: lo que en el proyecto original figuraba agrupado bajo un mismo punto con los incisos de calidad nutricional, pasó a dividirse en la versión aprobada en puntos separados para la composición nutricional, la distribución territorial del personal y las acciones de articulación institucional, sin que se hayan identificado cambios de fondo entre ambas versiones.
La convocatoria se apoya, según los fundamentos, en un pedido de informes de 34 puntos que ese mismo bloque de diputados había presentado el 28 de julio y que, según señalaron, continuaba sin respuesta al momento de tratarse la resolución.
El trasfondo de la citación es la disputa judicial iniciada por familias, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y la Fundación CAUCE, que presentaron una acción de amparo colectivo caratulada “Varios padres en representación de sus hijos, Asoc. Gremial AGMER y Fundación CAUCE c/ Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos” (Expediente Nº36759).
En ese expediente se dictó una medida cautelar que ordena al Gobierno de Entre Ríos abstenerse de ofrecer, servir, entregar o distribuir en los establecimientos educativos productos alimenticios no perecederos destinados a desayunos o meriendas que contengan uno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias, en los términos del artículo 12 de la Ley Nacional 27.642.
Esa cautelar fue posteriormente ratificada por una sentencia que hizo lugar al amparo colectivo, según informó la propia AGMER en un comunicado del 22 de agosto, en el que el gremio docente sostuvo que el fallo “reconoció el derecho a una alimentación saludable en las escuelas” y que la Ley 27.642 también protege los entornos escolares.
Pese a considerar positivo el fallo, la conducción de AGMER anunció que apelará la decisión judicial para evitar que su parte resolutiva pueda interpretarse de manera restrictiva. El gremio advirtió que, luego de la sentencia, desde el Gobierno provincial se sostuvo públicamente que el fallo se refiere exclusivamente al artículo 12 de la Ley 27.642 y que los alimentos podrían ser sustituidos por otros productos que simplemente no lleven sellos de advertencia.
Frente a esa lectura oficial, AGMER planteó que la ausencia de octógonos no equivale automáticamente a un alimento saludable y que la selección y sustitución de productos debe respetar de manera integral la Ley 27.642, la Ley provincial 10.594, la Guía de Alimentos Saludables y los criterios de evaluación y homologación vigentes, además del interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Mientras el proceso judicial continúa, la medida cautelar permanece vigente: el Gobierno provincial debe abstenerse de distribuir en las escuelas públicas los productos alcanzados por la prohibición y, al mismo tiempo, garantizar la provisión de alimentos que no estén comprendidos en esa restricción, según las condiciones fijadas judicialmente.
La resolución votada en Diputados deja en manos de la Presidencia de la Cámara la definición de la fecha y el horario en que la ministra Berisso y el director Azzalini deberán presentarse a brindar las explicaciones requeridas, un trámite que se suma al proceso judicial en curso y a la apelación que AGMER ya anticipó que presentará.
