Empleados judiciales de Entre Ríos apoyan el pedido de inconstitucionalidad del DNU de Milei
La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), entidad gremial que nuclea a los empleados judiciales provinciales, se declaró en estado de alerta y apoyó el pedido de inconstitucionalidad de las centrales obreras nacionales contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2023) dado a conocer por el presidente Javier Milei.
El gremio sostiene que dicho DNU “violenta la letra y el espíritu de los art.29 y 99 inc.3° de la Constitución Nacional” y que el mismo “interviene no sólo sobre temas vedados a este instrumento excepcional como son la modificación del Código Aduanero y de la Ley Penal Tributaria, sino que también deroga de hecho los principales derechos laborales consagrados por una legislación conquistada por los trabajadores en décadas de luchas, al limitar casi por completo el derecho a las asambleas y al paro, al derogar la ultractividad de los CCT, o las indemnizaciones por despido”.
Del mismo modo, advierte que dicho DNU “deroga la ley de alquileres dejando a los inquilinos sin protección frente a la arbitrariedad del sector inmobiliario que incluso podrá cobrar los alquileres en dólares”.
También, remarca que “deroga de un plumazo, sin necesidad ni urgencia, una cantidad enorme y variada de leyes que si se quiere modificar debe hacerse como manda la Constitución, a través del órgano legislativo”.
Para el sindicato, “aceptar sin oposición este decreto es conceder al Poder Ejecutivo la suma del poder público, algo absolutamente antidemocrático que como trabajadores del poder judicial no podemos convalidar”.
Finalmente, el comunicado dado a conocer por la Comisión Directiva de AJER en la ciudad de Paraná, expresa que “paralelamente el anuncio del presidente de la reducción de las partidas presupuestarias a las provincias, la vuelta del impuesto a las ganancias sobre los sueldos de los trabajadores, la eliminación a los subsidios sobre los servicios de luz, gas y transporte, la inflación que indican de 1% diario, la eliminación de los límites de la tasa de interés de las tarjetas de crédito o el cobro de las cuentas sueldo, todo esto con un protocolo de prohibición y represión a las movilizaciones, impone que la Comisión Directiva de AJER declare el Estado de Alerta en defensa de nuestros derechos”.
