Femicidios en Entre Ríos 2025: la trastienda de una baja histórica en las estadísticas oficiales
La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema y el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos expusieron las estadísticas de violencia de género más recientes. Los números confirman un piso histórico en los femicidios en Entre Ríos 2025 con dos víctimas directas y una vinculada, marcando una tasa provincial muy inferior a la media nacional. No obstante, las particularidades de los crímenes —vínculos de extrema cercanía, un agresor perteneciente a las fuerzas de seguridad y el ocultamiento del cuerpo de una de las víctimas— evidencian la complejidad estructural que subsiste detrás del descenso estadístico.
El análisis de la violencia de género letal en la provincia durante el último periodo arroja un escenario de contrastes. A nivel nacional, tal como informó Libre Entre Ríos, las cifras generales mostraron un descenso del 12,3% (con 200 víctimas directas de femicidio frente a las 228 del año anterior). En sintonía con esta tendencia, el registro pormenorizado de los femicidios en Entre Ríos en 2025 consolida la cifra anual más baja desde que se inició la serie histórica en 2017.
De acuerdo con el tablero interactivo de la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los reportes del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), la provincia registró dos víctimas de femicidio directo (ambas mujeres cis) y una víctima de femicidio vinculado (un varón cis). Este volumen de casos sitúa la tasa provincial de femicidios directos en 0,27 por cada 100.000 mujeres —equivalente a un caso cada 370.086 habitantes femeninas—, un indicador sustancialmente menor al promedio nacional de 0,85.
Evolución de víctimas directas de femicidio en Entre Ríos (2017 – 2025)
2017: 6
2018: 11 (Pico histórico provincial)
2019: 8
2020: 7
2021: 4
2022: 3
2023: 5
2024: 7
2025: 2
Radiografía de la violencia: cercanía y factores de riesgo
Los dos femicidios directos ocurrieron en Estancia Grande (departamento Concordia) y Gobernador Mansilla (departamento Rosario del Tala), mientras que el femicidio vinculado se localizó en la ciudad de Victoria. Las edades de las víctimas directas oscilaban entre los 18 y los 44 años.
Al examinar las circunstancias que rodearon estos crímenes, los datos desmitifican la idea del peligro en manos de extraños: en el 100% de los casos directos existía un vínculo previo y de carácter sexo-afectivo (parejas o ex parejas), aunque en ninguno de ellos existía cohabitación al momento del hecho. Ambos femicidios se perpetraron empleando armas blancas, y en uno de ellos se constató además el uso de fuerza física adicional.
El perfil de los agresores —ambos hombres de nacionalidad argentina de entre 45 y 59 años— introduce elementos críticos para la gestión de la seguridad pública: uno de ellos pertenecía o había pertenecido a las fuerzas de seguridad. Además, ninguno de los dos presentaba antecedentes psiquiátricos ni consumos problemáticos de sustancias declarados en los expedientes. Como consecuencia colateral de estos crímenes, dos menores de 18 años quedaron huérfanos de madre.
Respuestas judiciales y conductas posteriores
El comportamiento de los femicidas tras cometer los crímenes determinó rumbos opuestos en el plano judicial:
1. En uno de los casos, el agresor se suicidó inmediatamente después del hecho, lo que derivó en la extinción de la acción penal por fallecimiento del imputado y el consecuente archivo de la causa.
2. En el otro hecho, el autor intentó activamente ocultar el crimen deshaciéndose del cuerpo de la víctima. Actualmente se encuentra privado de su libertad en una unidad carcelaria, bajo proceso de investigación.
En lo que respecta a la prevención previa, los registros de la Oficina de la Mujer muestran que en uno de los casos existía una denuncia formal previa y medidas de protección vigentes. El informe complementario del STJER añade que uno de los agresores registraba una condena condicional dictada previamente en el marco de un juicio abreviado. Estos elementos exponen que, incluso con intervenciones judiciales en marcha, los mecanismos de evaluación de riesgo y de custodia no resultaron suficientes para neutralizar el desenlace fatal.
Compromiso institucional y nuevos sistemas de abordaje
Ante la difusión de estas estadísticas, las autoridades judiciales de la provincia remarcaron la necesidad de profundizar las herramientas existentes. Fernanda Baima, directora de la Oficina de la Mujer del STJER, destacó que los datos sistemáticos son un insumo indispensable para afinar las políticas públicas y detectar patrones de vulnerabilidad.
Por su parte, Sofía Uranga, titular de la Oficina de Violencia de Género (OVG), hizo hincapié en la implementación del nuevo Sistema Integral de Abordaje de las Violencias (SIAV). Este desarrollo estratégico tiene como propósito estandarizar y agilizar las respuestas de los operadores judiciales en los 18 departamentos de la provincia, buscando subsanar las asimetrías de acceso a la justicia que suelen registrarse fuera de los grandes centros urbanos.
La reducción de la violencia letal en Entre Ríos a mínimos históricos representa un avance cuantitativo valioso, pero los detalles cualitativos de las causas judiciales recuerdan que la efectividad de las medidas de protección y la detección temprana del riesgo letal siguen siendo asignaturas pendientes que demandan un monitoreo constante y autocrítico por parte del Estado.
