Procesaron por trata laboral en un monte de Colonia Ayuí al exintendente de Federación
El juez dispuso el embargo de los bienes del imputado en 30 mil pesos. La causa tiene otro hombre procesado por el mismo delito, individualizado como el contratista de la explotación forestal. Según la investigación, las víctimas fueron alojadas en un colectivo abandonado y debieron pasar unos 90 días con escaso o nulo alimento. El procesamiento llega después de tres años de insistencia del Ministerio Público Fiscal (MPF).
El titular del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, procesó el 17 de abril pasado al dueño de un campo por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral en calidad de partícipe necesario.
El procesado es José Luis Spañoletti, exintendente de Federación y exdelegado de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, quien asegura que vendió cinco hectáreas de montes a Andrés Alberto López, dueño de un aserradero en La Criolla.
Dicha transacción, según habría indicado Spañoletti, se habría efectuado en negro, sin intervención de escribano alguno y con la simple firma de comprador y vendedor en un papel como fe de la transacción o boleto de compraventa.
Oportunamente, los trabajadores habrían identificado a López como su empleador e indicado que nunca trataron con Spañoletti, aunque sí puntualizaron que este último concurría casi diariamente al campo para atender vacas, ovejas y un emprendimiento apícola que había en el lugar.
No obstante, la fiscalía presentó otras pruebas que lo incriminarían.
De todos modos, el juez dispuso el embargo de los bienes de Spañoletti hasta alcanzar la suma de 30 mil pesos.
Por este hecho, Spañoletti fue detenido con prisión preventiva por 30 días en mayo de 2020.
En la causa hay otro hombre procesado por el mismo delito en calidad de autor, acusado de ser el contratista.
Ambos están acusados de captar trabajadores oriundos de la provincia de Misiones para luego explotarlos laboralmente en la tala de árboles de un establecimiento llamado “San Agustín”, ubicado en Colonia Ayuí, en el Departamento Concordia.
Según la investigación, las víctimas habrían permanecido al menos tres meses alojadas en un colectivo abandonado en condiciones infrahumanas, sin recibir ningún pago hasta el último día, cuando les entregados 10 mil pesos y se les descontaron además combustible, aceite y repuestos.
El caso
La investigación se inició a raíz de una denuncia formulada el 20 de mayo de 2020 por un agente de Delegación Chajarí de la Policía Federal, luego de que el coordinador de la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos lo pusiera en conocimiento de una situación de irregularidad laboral en una finca ubicada en Concordia.
En esa oportunidad, el funcionario especificó que un trabajador se había comunicado con él para pedirle ayuda, ya que junto a otras nueve personas más habían sido captadas desde Misiones para trabajar en la desforestación de hojas de eucaliptus.
El trabajador había detallado que se encontraban alojados en Concordia, en condiciones inhumanas, sin comida y con escaso o nulo pago.
A través de inspectores de la Dirección del Trabajo de Concordia se confirmó la denuncia y se identificó al establecimiento “San Agustín”.
Como consecuencia, se ordenó el allanamiento del lugar, que se llevó a cabo en mayo de 2020. En esa oportunidad fueron hallados cinco trabajadores alojados en un colectivo abandonado y un corral precario con colchones.
También se identificó y detuvo a la persona acusada de ser la contratista de los trabajadores.
Las víctimas declararon que habían sido contratadas por un hombre para trabajar en la tala de árboles de eucalipto y que, una vez que arribaron al lugar, en febrero de ese año, los alojaron en casillas sumamente precarias, donde les brindaron poca alimentación y pasaron días enteros sin que les acercasen alimentos.
Relataron que el hombre que los había contratado les había prometido pagos quincenales y que sólo les descontarían la alimentación.
Sin embargo, no habían recibido ningún dinero hasta ese mes, cuando el contratista les dio 10 mil pesos y les descontó, además, combustible, aceite y repuestos.
Vaivenes judiciales
El procesamiento del dueño del campo llega ahora, después de casi tres años de iniciada la investigación, en los que el Ministerio Público Fiscal -representado por la fiscal federal Josefina Minatta- logró revertir declaraciones de falta de mérito dictadas en su favor por el juzgado y confirmadas por la Cámara Federal, y de sobreseimiento dictadas solo por el juzgado.
En efecto, el hombre fue indagado dos días después del allanamiento, el 22 de mayo de 2020. El juzgado le dictó la falta de mérito días más tarde.
Lo mismo ocurrió con el otro imputado, acusado de ser el contratista, y ambas resoluciones fueron confirmadas por la Cámara.
Meses después, en marzo de 2021, el juzgado hizo lugar al pedido de sobreseimiento formulado por la defensa del dueño del campo, que la fiscalía logró revertir ante la Cámara.
Luego de ello, el MPF insistió en septiembre de 2021 con el procesamiento de ambos imputados. El juzgado señaló que el hombre acusado de ser el contratista continuaría con falta de mérito y que sobre el dueño del campo no podía resolver pues quedaban pendientes ciertas medidas probatorias.
La fiscalía apeló, pero el juzgado rechazó la apelación, por lo que el MPF formuló ante la Cámara un recurso de queja por apelación denegada.
En ese marco, el tribunal superior determinó que el juez debía resolver la situación del dueño del campo.
La fiscalía entonces insistió nuevamente con pedidos de procesamiento contra ese imputado por el delito de trata de personas, con presentaciones realizadas en noviembre y diciembre de 2021.
El juez resolvió convocar a declaración testimonial a tres personas y luego reiteró el sobreseimiento del imputado en mayo del año pasado.
La fiscalía apeló esa resolución y logró el respaldo de la Cámara, que revocó en septiembre pasado la decisión del juez de primera instancia.
De esta forma, el 17 de abril el juez decretó finalmente el procesamiento del dueño del campo como partícipe necesario del delito de trata de personas.
Fuente: Fiscales.gob.ar, Junio y Página Judicial.
