Imputados por fraude en comedores escolares de Concordia: la trama que sacude la ciudad más pobre del país
El Ministerio Público Fiscal formalizó la imputación de la excoordinadora departamental de comedores escolares de Concordia, Silvina Soledad Murúa, junto a integrantes de su familia y dos empresarios locales, por una presunta maniobra de desvío de fondos públicos destinados a la alimentación de niños y niñas en 37 establecimientos educativos. El perjuicio estimado supera los $103 millones. La causa, que involucra audios comprometedores, allanamientos y exclusión de proveedores del registro municipal, sacude a una ciudad que lidera los índices de pobreza del país.
Los imputados por fraude en comedores escolares de Concordia ya tienen nombre y apellido: la excoordinadora departamental Silvina Soledad Murúa, sus hermanos Adrián y Vanesa Murúa, el cuñado de la exfuncionaria Esteban Godoy, y los empresarios Iñaki Partarrié y Martín Ignacio Partarrié, responsables de la firma “Ahora Voy S.R.L.”. El Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning, formalizó esta semana las imputaciones por un presunto desvío de fondos calculado en $103.738.136, en una trama que sacude a Concordia, señalada como la ciudad con mayor índice de pobreza del país.
Qué investiga la Justicia
Según la acusación fiscal, desde enero de 2024, Silvina Murúa habría utilizado su cargo en la Secretaría de Gestión Social para orquestar un esquema sistemático de direccionamiento de compras. La hipótesis delictiva sostiene que la exfuncionaria, junto a sus hermanos Adrián y Vanesa y al cuñado Esteban Godoy, presionaron o persuadieron a más de treinta responsables de las tarjetas de compra SIDECREER de los comedores escolares para que adquirieran mercadería exclusivamente a determinados proveedores.
El mecanismo investigado funcionaría de la siguiente manera: una vez acreditados los fondos en la tarjeta SIDECREER, los montos totales eran entregados a las empresas proveedoras, las cuales devolvían mercadería por un valor notoriamente inferior al cobrado y restituían la diferencia en efectivo. Esa diferencia en dinero circulante habría sido distribuida entre los distintos actores de la red. Una auditoría interna detectó una brecha de más de $66 millones solo en 21 comedores durante marzo y abril de 2025; al ampliar el relevamiento a 37 escuelas, la cifra ascendió a $103.738.136.
Los delitos imputados provisionalmente son peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y asociación ilícita, todos en concurso real. La instrucción está a cargo del juez de Garantías Ives Bastian, quien ya había ordenado allanamientos previos que permitieron secuestrar más de $48 millones y 7.000 dólares en efectivo, además de dispositivos electrónicos.
De denunciante a denunciada: una paradoja que define la causa
La trayectoria de Silvina Murúa en el cargo está marcada por una profunda ironía institucional. Designada por el gobernador Rogelio Frigerio a propuesta del diputado provincial Marcelo López (Juntos por Entre Ríos), Murúa asumió la coordinación departamental de comedores en marzo de 2024 con una denuncia penal bajo el brazo: expuso a la gestión anterior por un mecanismo de compras simuladas, facturas falsas y desvío de fondos mediante el uso de tarjetas SIDECREER, en una trama que involucraba a docentes, cocineros y responsables de comedores.
Un año más tarde, la funcionaria que llegó para limpiar el sistema quedó en el ojo de la tormenta por un esquema casi idéntico al que había denunciado. Su cese fue formalizado mediante un decreto firmado por el gobernador Frigerio y la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, bajo el argumento de una “necesidad de reorganizar” el área.
El audio filtrado: ¿Cuando habla la evidencia?
Uno de los elementos más resonantes de la investigación es la filtración de un audio que registra una supuesta conversación entre Silvina Murúa y el joven empresario Iñaki Partarrié. En el diálogo, la excoordinadora le reclama por faltantes en fajos de dinero en efectivo:
— “Todos vinieron de 80. No sé quién te está contando toda la plata, pero todos los toquitos vinieron de 80”, le habría dicho Murúa a Partarrié. — “¿Qué?”, respondió él. — “Fui a comprar los dólares, y a todos (los fajos) les faltaban 20 mil pesos. A uno 19.000…” — “No, sí, esa plata puntualmente me la había dado mi viejo…” — “Bueno, tu papá te está cagando mal”, cerró Murúa.
El audio, cuya autenticidad deberá ser determinada mediante peritaje judicial, pone en el centro de la escena tanto a Iñaki Partarrié como a su padre, Martín Ignacio Partarrié.
Los empresarios investigados
Iñaki Partarrié y Martín Ignacio Partarrié son responsables de las firmas “Ahora Voy S.R.L.” y “Partarrié Distribuciones S.A.S.”, empresas que habrían operado como proveedoras clave tanto en el ámbito provincial como municipal, facturando sumas millonarias. La investigación los señala como los principales beneficiarios económicos del esquema de direccionamiento de compras organizado desde la Coordinación de Comedores.
Dentro de la estructura investigada también aparece Guillermo Julián Quiroga, quien —sin contar con un cargo formal en la administración— habría ejercido funciones de hecho en la Coordinación de Comedores: tenía llave de la oficina, manejaba dinero y retiraba mercadería cuyo destino final aún no ha sido determinado por la Justicia.
La defensa de Murúa
Silvina Murúa ha rechazado las acusaciones de manera enfática. En declaraciones a medios locales, aseguró: “Básicamente, se me está acusando de lo mismo que yo denuncié”. Afirmó que el audio está “editado y sacado de contexto” y que la conversación sobre dinero en efectivo no guardaba relación con fondos públicos.
La excoordinadora también denunció haber sido abandonada por el gobierno provincial. Sostuvo que cuando planteó sus inquietudes en 2024, desde la gestión de Frigerio le pidieron que dejara de “molestar” con sus denuncias. “Me dijeron que no querían que jugara al policía. Fui a Paraná, hablé con todos, menos con el gobernador, y nadie hizo nada. Ahora quieren que la culpable sea yo. Me dejaron sola”, declaró, insistiendo en que fue víctima de una maniobra en su contra.
Mientras tanto, el diputado Marcelo López, quien la propuso para el cargo, confirmó que fue él mismo quien pidió su remoción al recibir denuncias sobre irregularidades, e intentó desvincularse políticamente señalando que Murúa “se había apartado para militar con gente del MID”. El Movimiento de Integración y Desarrollo rechazó en un comunicado tener “vínculo alguno de carácter político” con la exfuncionaria.
Exclusión del Registro de Proveedores de la Municipalidad
En el plano administrativo, las firmas “Ahora Voy S.R.L.” y “Partarrié Distribuciones S.A.S.” fueron excluidas del Registro de Proveedores de la Municipalidad de Concordia mediante una decisión del Departamento Ejecutivo del 22 de agosto de 2025, ratificada el 18 de septiembre de ese año. La medida se fundamentó en la Ordenanza N° 34.698, que habilita la exclusión cuando el principio de idoneidad de un proveedor se encuentra, a criterio del municipio, “seriamente comprometido” por una investigación judicial en curso. La suspensión preventiva fue confirmada por el Concejo Deliberante al rechazar las apelaciones de los empresarios.
A través de su abogado, Andrés Arias, los Partarrié han argumentado que la municipalidad les recibió mercadería de forma anticipada pero luego los excluyó de las licitaciones sin efectuar los pagos comprometidos, lo que les habría generado un perjuicio propio. Afirman que la exclusión fue arbitraria porque, al momento de dictarse la medida, no tenían imputación formal. Sin embargo, el Concejo Deliberante rechazó sus apelaciones por unanimidad.
El Concejo Deliberante: pedido de informes y debate político
La Legislatura local también tuvo su protagonismo en la causa. En sesión realizada a fines de septiembre de 2025, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un pedido de informes impulsado por el bloque Más para Entre Ríos (PJ) sobre la exclusión de las empresas Partarrié del registro municipal. El pedido buscaba que el Ejecutivo detallara los fundamentos, los plazos y las actuaciones administrativas vinculadas a la decisión.
La viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza defendió la actuación del Ejecutivo y destacó la decisión del intendente Francisco Azcué de presentar el informe de auditoría municipal ante la Justicia como un gesto de transparencia institucional. Voces de la oposición, en cambio, cuestionaron que la urgencia del oficialismo tuviera un “tinte electoral”, argumentando que el Tribunal de Cuentas provincial no había observado anomalías con anterioridad.
El contexto: Concordia, la ciudad más pobre del país
El escándalo cobra una dimensión adicional al considerar el escenario en el que se desarrolla. Concordia es señalada sistemáticamente como una de las ciudades con mayor pobreza e indigencia del país. El desvío de fondos destinados a la alimentación escolar —en una ciudad donde los comedores constituyen para muchos niños la única comida garantizada del día— añade una carga ética y social que trasciende la dimensión judicial del caso.
La palabra final, tanto sobre la responsabilidad penal de los imputados como sobre la versión de Silvina Murúa de haber sido víctima del sistema que intentó combatir, la tendrán los tribunales.
