La policía que se cobraba a sí misma: los adicionales de Entre Ríos y la trampa que fabricó millonarios
Los adicionales policiales en Entre Ríos abren un debate que excede lo judicial: ¿puede un sistema de incentivos terminar incentivando exactamente lo contrario de lo que busca prevenir?
La Justicia investiga un desvío de unos 90 millones de pesos por mes en los adicionales de la Policía de Entre Ríos. No es solo una maniobra contable: cuando un indicador se convierte en objetivo, deja de medir la realidad y empieza a fabricarla. Eso es lo que explican el Efecto Cobra y la Ley de Goodhart aplicado a los adicionales policiales de Entre Ríos, la versión criolla de un principio universal que también explica el fracaso en el control de los castores de Tierra del Fuego, el Hoy No Circula de Ciudad de México y los falsos positivos de Colombia.
El presunto fraude denunciado en los adicionales policiales de Entre Ríos no nació en una comisaría, nació cuando una planilla se volvió más importante que la seguridad. Es lo que la Ley de Goodhart describió como causa en 1975 —“cuando una medida se convierte en un objetivo, deja de ser una buena medida”— y lo que el Efecto Cobra presenta como consecuencia – cuando una solución bien intencionada empeora el problema-. En este sentido, el reciente escándalo por el supuesto desvío de fondos en los servicios adicionales de la Policía de Entre Ríos no es solo un caso judicial; representa una lección sobre cómo los incentivos mal diseñados erosionan la ética pública.
El eje de la discusión es incómodo pero necesario: cuando un sistema de control o incentivo es mal diseñado, puede terminar generando conductas que lo vacían de sentido. No se trata solo de una investigación judicial, sino de un problema estructural que las teorías económica y social conocen desde hace décadas.
Qué es el Efecto Cobra y qué es la Ley de Goodhart
La Ley de Goodhart, formulada en 1975, sostiene que cuando un indicador (por ejemplo, la métrica de una medida) se transforma en el objetivo en sí mismo, las personas tienden a manipularlo, incluso a costa del sistema. Es decir, explica el mecanismo.
El Efecto Cobra, bautizado por el economista alemán Horst Siebert, describe la consecuencia: una solución bien intencionada que empeora el problema. La historia —probablemente apócrifa— viene de la India colonial británica: ofrecieron recompensa por piel de cobra, la gente empezó a criar cobras para cobrar, y cuando cancelaron el programa soltaron las serpientes, aumentando la población.
De esta manera, los planificadores (políticos, económicos, administrativos y del ámbito que sea) deben contemplar que:
- Los incentivos mal diseñados generan comportamientos oportunistas.
- Los sistemas deben contemplar efectos indirectos.
- Hay que entender qué se está incentivando realmente.
Entre Ríos: ¿los adicionales son un caso de manual?
La causa que investigan los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull expone un esquema donde efectivos cumplían adicionales en bancos o traslado de caudales, pero el dinero iba a “prestanombres”. La denuncia, impulsada por Rubén Pagliotto y José Antón Pastori, habla de unos 90 millones de pesos mensuales desviados. En otra línea de la pesquisa, cinco policías fueron pasados a disponibilidad por un perjuicio estimado en 20 millones de pesos por cobros indebidos, y la Justicia autorizó abrir sus celulares para el período enero-mayo 2025.
Aquí conviven Goodhart y Cobra. Goodhart: la métrica era “horas de adicional liquidadas”, no “seguridad real prestada”. Al convertir la planilla en objetivo, dejó de medir trabajo. Cobra: el sistema que debía reforzar la seguridad terminó restando patrulleros de la calle —porque estaban en guardia ordinaria y adicional simultánea— y creando una caja paralela que, según la querella, se alimentaba de la propia necesidad de vigilancia.
En síntesis, la denuncia sobre adicionales policiales describe un sistema donde:
- Se paga por tareas específicas (custodia, traslados, etc.).
- Los fondos habrían sido desviados mediante “prestanombres”.
- Quienes realizan el trabajo no necesariamente reciben la remuneración.
Esto podría interpretarse como:
- Ley de Goodhart: el indicador (servicios adicionales) se convierte en objetivo económico.
- Efecto Cobra: el sistema podría haber incentivado prácticas irregulares en lugar de mejorar la seguridad.
No implica una conclusión judicial —rige el principio de inocencia—, pero sí un patrón analítico posible. Ante esta situación, el gobierno provincial derogó el decreto 1729/19 con el 1225/26 y prohibió que el adicional se haga en horario de servicio ordinario. Es una reforma, no una eliminación. ¿Alcanza?
Incentivos perversos: cuando el sistema premia hacia el fraude
La Gran Muralla, el primer “adicional”
La historia de la Gran Muralla China, donde los guardias liberaban enemigos para recapturarlos y cobrar más, no es una anécdota antigua, sino un patrón de comportamiento humano recurrente. Este fenómeno ilustra a la perfección el Efecto Cobra y la Ley de Goodhart, dos conceptos que explican cómo las intervenciones mal planificadas pueden generar consecuencias devastadoras.
Hanoi y las ratas
En 1902, en Vietnam, el gobierno colonial francés pagaba por la cola de cada rata supuestamente muerta. Resultado: los pobladores cortaban las colas de los roedores para cobrar la recompensa y los soltaban para que pudieran reproducirse y posibilitaran más presas con las que lucrar. Esto aumentó la población en lugar de reducirla.
Hoy No Circula: más autos para menos smog
En Ciudad de México, el programa restringe circulación por terminación de placa. El efecto no previsto: “con el tiempo se observó un efecto no previsto: muchas familias adquirieron un segundo automóvil, frecuentemente más antiguo y contaminante, para evadir la restricción, aumentando el parque vehicular en lugar de reducirlo”. La Secretaría de Ambiente capitalina calculó que el 10% de los automovilistas compró un segundo auto para burlar la medida. Goodhart: la métrica era “autos fuera un día”; el objetivo real, aire limpio, se corrompió.
Castores en Tierra del Fuego: cazar mal es criar
Introducidos en 1946, los castores superan hoy los 100.000 ejemplares. El Plan de Control pagaba por colas, pero “la caza se concentró en cercanías de caminos y en zonas accesibles a pie”. Resultado: dinámica de fuentes y sumideros. Las zonas de fácil acceso funcionaron como sumideros que recibían animales de áreas sin presión, “tornando sustentable a la población del castor manejada”. Es decir, se cazaba donde era cómodo, se dejaban intactas las colonias profundas, que se regeneraban y expandían sin control. Otra vez, la métrica (colas entregadas) no era erradicación.
Falsos positivos: el caso trágico
En Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) documentó 6.402 personas presentadas como bajas en combate entre 2002-2008. Exmilitares narraron “presión por resultados” y competencia interna para presentar bajas. Human Rights Watch detalló los incentivos perversos: “soldados reportaron falsos positivos por incentivos como dinero y permisos… Los comandantes se evaluaban por bajas enemigas”.
México tuvo su espejo. Una investigación periodística reveló que “cientos de civiles fueron ejecutados por agentes del Estado para engrosar la efectividad de la ‘lucha contra el narco’, similar a los ‘falsos positivos’ de Colombia”, con 1.800 homicidios impunes entre 2006 y 2022. En India, condenas por falsos enfrentamientos en Cachemira muestran el mismo patrón.
¿Qué son los falsos positivos? Ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como guerrilleros o delincuentes abatidos en combate, para cumplir cuotas. Es Goodhart llevado al extremo (la baja como métrica) y Cobra en su versión más cruel (se fabrica el enemigo).
¿Reforma o eliminación?
El decreto Nº 1225/26, que prohíbe los servicios simultáneos, es un paso necesario. Sin embargo, surge el debate: ¿es suficiente una reforma?
Si la respuesta se da para el lado de lo que muchos sostienen, que la seguridad debe ser una función exclusiva del Estado, la enmienda debe asegurar mayor control, transparencia en los pagos y separación de funciones y sanciones para los fraudulentos.
Si la balanza se inclina hacia quienes sostienen que ante la incapacidad de controlar los incentivos, es preferible eliminar el sistema de adicionales públicos, delegando la seguridad de bancos y empresas privadas a firmas del sector, la supresión de los adicionales debería evitar que, por alguna opacidad sistémica, el bolsillo del contribuyente financie indirectamente esquemas que, en la práctica, debilitan la seguridad pública.
Una alternativa equilibrada: mantener adicionales solo en franco, con trazabilidad biométrica, pago directo al agente sin intermediarios, y auditoría externa a través de organismos como el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos o por convenios con universidades públicas, con informes trimestrales abiertos, con datos anonimizados, para que cualquiera pueda ver el uso del dinero público.
La clave no está solo en sancionar irregularidades, sino en diseñar instituciones que no incentiven conductas desviadas.
