El Reino Unido avanza sobre las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur

Ambos archipiélagos tienen el estatus ilegal de territorios británicos de ultramar y su soberanía es disputada por Argentina, al igual que ocurre con Malvinas. En esos territorios insulares se registraron acciones militares entre el 3 de abril y el 20 de junio de 1982, es decir, menos de una semana después de la rendición de las fuerzas militares argentinas en Puerto Argentino.

El Reino Unido amplió unilateralmente su control sobre áreas marítimas alrededor de las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, que forman parte del territorio argentino usurpado por los británicos, añadiendo 166 mil km2 a los 283 mil km2 previamente sujetos a exclusión (cuya sumatoria da un total de 449 mil Km2), establecida en 2012 mediante la creación de un Área Marítima Protegida (AMP).

La decisión del Reino Unido de extender su control ilegítimo sobre zonas marítimas de las Islas Georgias y Sandwich del Sur prohíbe la navegación y la pesca utilizando medidas ambientales, pero con una motivación geopolítica.

En tanto, la motivación manifestada por los británicos sería la de preservar los recursos ictícolas, principalmente krill, de la denominada “pesca de arrastre”, con lo que justifican la expansión de la región previamente vedada en la zona marítima alrededor de las Georgias y las Sandwich del sur, de un anterior 23% a un 36%.

Las llamadas “no takes zones” (zonas prohibidas), las cuales funcionan con control británico para “protección de la fauna marina” y donde no se permiten barcos pesqueros, fueron extendidas esta semana desde Londres de manera inconsulta y generó el repudio de diversas organizaciones argentinas.

“El Comisionado de Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur ha anunciado planes para ampliar la extensión espacial de las zonas de no pesca en el Área Marina Protegida (MPA) de la SGSSI (sigla en inglés para South Georgia & the South Sandwich Islands), aumentando su área de 283.000 km2 a 449.000 km2”, sostuvieron las autoridades ilegales británicas en un comunicado.

Qué son las MPA

Las MPA, según la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA o, en inglés CCAMLR – Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources-), brindan “protección a todos o a parte de los recursos naturales que se encuentran en ella. Dentro de un AMP hay ciertas actividades que están limitadas o totalmente prohibidas a fin de lograr objetivos específicos en materia de conservación, protección del hábitat, seguimiento del ecosistema u ordenación de las pesquerías”.

Asimismo, precisa que “Las AMP no necesariamente prohíben la pesca, la investigación u otras actividades humanas. De hecho, muchas AMP pueden contemplar propósitos diversos. Las AMP a menudo contienen zonas en las que la pesca está prohibida por completo, pero también zonas en las que, bajo determinadas circunstancias y con el objetivo de promover la investigación y el conocimiento científico, se pueden autorizar actividades de pesca que sean coherentes con los objetivos del AMP. También puede estar permitido realizar en ellas otras actividades”.

El anuncio británico sostiene que esta determinación “prohíbe la pesca en los hábitats más biodiversos y potencialmente vulnerables”, a la vez que cubre “las regiones identificadas por los expertos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como Áreas de Mamíferos Marinos Importantes (IMMA, sigla en inglés para Important Marine Mammal Area)”.

Qué son las IMMA

Cabe señalar que la UICN – que está formada por organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, con sede en Suiza- define a las IMMA “como porciones discretas de hábitat, importantes para las especies de mamíferos marinos, que tienen el potencial de ser delineadas y gestionadas para su conservación”.

Asimismo, el Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales (STRI, sigla en inglés para Smithsonian Tropical Research Institute) aclara que “las IMMA no son Áreas Marinas Protegidas y no tienen estatus legal”, aunque “grupos independientes de expertos, libres de presiones políticas y económicas, siguen criterios claros para proponer áreas específicas de hábitat de mamíferos marinos como IMMA, con la esperanza de que las iniciativas de conservación nacionales o internacionales sigan su ciencia a través de un cronograma de acción claro”.

El STRI tiene sede en Panamá y es la única dependencia del Instituto Smithsoniano con sede fuera de los Estados Unidos; en tanto, el Instituto Smithsoniano está administrado y financiado por el gobierno de los Estados Unidos, además de los fondos que recibe gracias a donaciones, ventas, concesiones, licencias para actividades y revistas, lo que genera un agudo interrogante sobre su propia libertad “de presiones políticas y económicas”.

Esta nueva medida llega luego de que David Cameron, canciller británico, visitara las islas en las últimas semanas y se expresara en favor de que sigan bajo control de Inglaterra.

Motivaciones geopolíticas

Al respecto, Guillermo Carmona, ex Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur durante la presidencia de Alberto Fernández, enfatizó que estas acciones violan resoluciones de la Asamblea General y compromisos internacionales del Reino Unido, además de resaltar la utilización de medidas ambientales con motivaciones geopolíticas.

“Este tipo de decisiones son reprochables por tres razones centrales: viola la prohibición de realización de actos unilaterales en la Cuestión Malvinas según la resolución 31/49 de la asamblea general, viola los compromisos del Reino Unido en el marco de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), y pone en práctica la utilización de medidas supuestamente vinculadas a la conservación y protección del ambiente con finalidades geopolíticas”, dijo Carmona.

Creación de la AMP

En 2011, las autoridades británicas anunciaron la creación de la AMP – establecida a partir de 2012- sobre 1.200.000 km2 de mar, una decisión unilateral que fue rechazada por el gobierno argentino. Esta medida, percibida como provocativa, se consideró una violación de normas establecidas en la CCRVMA.

El reclamo argentino remarcó que esta expansión territorial vulnera tanto los derechos soberanos argentinos como las reglas acordadas en la CCRVMA, a la que pertenecen más de treinta países.

La CCRVMA se estableció para, supuestamente, coordinar y regular la preservación de la zona, pero la acción británica profundiza las tensiones en la región.

¿Qué es lo que modifica el Reino Unido en la región?

De acuerdo a lo denunciado por la Liga Naval Argentina – asociación civil sin fines de lucro-: “Desde 2012, momento del nacimiento unilateral de la AMP Georgias, Londres se atribuyó la potestad de regular a su exclusivo criterio cualquier tipo de actividad humana sobre más de un 1.200.000.km2 de océano. De ese total, impuso restricciones absolutas a la actividad pesquera -entre otras – en una superficie de aproximadamente 283.000 km2. Ahora, a esa área le agrega 166.000 km2 adicionales en base a criterios que no ha compartido con los países miembros de CCAMLR”.

Los especialistas consultados coinciden en señalar que la política de preservación marina impuesta por las autoridades coloniales británicas en la zona avasalla no solo los derechos de soberanía argentinos sino además las normas básicas establecidas por la convención de la que, además de Argentina y el Reino Unido, son signatarios más de 30 países con intereses pesqueros y/o reclamos de soberanía sobre el Continente Antártico.

Dicha convención internacional apunta a preservar el ecosistema marino en su área de influencia a través del trabajo coordinado entre los países miembros y cuenta con una comisión científica que analiza y propone los procedimientos a seguir conforme a la evolución del mencionado ecosistema.

Fuente: IUCN, STRI, Cronista y Aire Libre.