Planta de hidrógeno verde en Paysandú: la Justicia exige informes y Uruguay no responde a CAUCE
La controversia por la planta de hidrógeno verde en Paysandú escala en simultáneo en dos frentes: la Justicia Federal argentina avanzó con un nuevo requerimiento técnico a la CARU, mientras la organización ambiental CAUCE denunció ante el Comité del Acuerdo de Escazú que el Ministerio de Ambiente de Uruguay no respondió ninguna de sus solicitudes de información pública. El conflicto se profundiza a meses de que HIF Global deba definir si concreta una inversión valuada en 5.300 millones de dólares.
La disputa en torno a la planta de hidrógeno verde en Paysandú que impulsa la multinacional HIF Global sumó esta semana nuevos capítulos judiciales e institucionales que profundizan las tensiones entre Argentina y Uruguay por el proyecto industrial más ambicioso de la actual transición energética regional.
Por un lado, el juez federal Hernán Sergio Viri, a cargo del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay N° 2, ordenó a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) remitir informes, monitoreos, antecedentes y estudios vinculados con la calidad de las aguas en el tramo comprendido entre Termas de San José y la ciudad de Concepción del Uruguay. La medida surgió a pedido de la perito bióloga designada en la causa, quien requirió documentación científica actualizada para elaborar el informe técnico necesario para que el juzgado evalúe las características ambientales de la zona involucrada.
Por el otro, la Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista informó al Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú que el Ministerio de Ambiente de Uruguay no respondió una solicitud de acceso a la información pública ambiental presentada en marzo de este año y reiterada en mayo. Hasta la fecha, no se recibió ninguna respuesta de las autoridades competentes uruguayas.
La causa judicial
El expediente judicial (N° 3276/2026), caratulado “Michel, Guillermo y otros c/ República Oriental del Uruguay – Estado Uruguayo – y otro s/ daños varios”, fue iniciado en marzo de 2026 por los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto al senador Adán Bahl. Los demandantes sostienen que el emprendimiento no habría activado el procedimiento de información y consulta previa previsto en el artículo 7 y siguientes del Estatuto del Río Uruguay, que obliga a los Estados a regular y limitar el uso del río y proteger su medio ambiente ante obras con potencial impacto binacional.
“El artículo 7 es claro: cuando un país pretende realizar una obra que pueda afectar la navegación del río, su régimen, o la calidad de sus aguas, debe comunicar a la CARU acompañando la documentación técnica y los estudios correspondientes”, explicó Michel en declaraciones previas. Tras conocerse el nuevo paso judicial, el legislador destacó que “la salida de este conflicto es a través de la aplicación de la ley y del tratado del Río Uruguay”.
Desde Uruguay, en tanto, se señaló que el proyecto de HIF Global fue comunicado a la CARU, aunque no bajo los artículos 7 al 13 del Estatuto —las normativas que establecen que cualquier construcción que afecte el curso de agua debe ser avalada por ambas jurisdicciones ribereñas—. Esta divergencia de interpretación es uno de los ejes jurídicos del conflicto.
Cabe señalar que Michel también criticó en sus presentaciones la Resolución 28/19 de la CARU, impulsada durante la gestión de Rogelio Frigerio como ministro del Interior, en la presidencia de Mauricio Macri, que habría debilitado estándares ambientales del Digesto del Río Uruguay. La referencia introduce matices políticos en lo que los propios demandantes encuadran como una causa técnico-jurídica.
El silencio uruguayo ante CAUCE
En paralelo al avance judicial, CAUCE denunció ante el Comité del Acuerdo de Escazú que el Estado uruguayo incumplió sus obligaciones en materia de acceso a la información ambiental. La organización había solicitado, junto a ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil de la región del río Uruguay, documentación que incluía el expediente administrativo completo del proyecto, estudios de prefactibilidad, evaluaciones de impacto ambiental, información sobre el uso de agua, emisiones, efluentes y residuos, análisis de impactos transfronterizos, e incluso las comunicaciones mantenidas entre el Estado uruguayo y la CARU o el Estado argentino.
“La ausencia de respuesta por parte del Estado uruguayo obstaculiza el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información ambiental y limita las posibilidades de participación ciudadana”, señaló CAUCE en su comunicado. La organización aguarda ahora la admisión del caso y que el Comité requiera al Estado uruguayo responder en tiempo y forma.
Uruguay ratificó el Acuerdo de Escazú, tratado internacional de América Latina y el Caribe que garantiza los derechos de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales, y que también protege a los defensores ambientales.
El proyecto y las negociaciones
La planta de e-combustibles proyectada por HIF Uruguay SA se ubicaría en las inmediaciones de la ciudad de Paysandú, frente a la costa entrerriana. El emprendimiento, que involucra parques solar fotovoltaico (Lucía, 1.162 MWp) y eólico (Elena, 1.137,6 MW), obtuvo su Viabilidad Ambiental de Ubicación durante el cuarto trimestre de 2025. HIF Global es una empresa chileno-peruana con sede en Estados Unidos, integrante de un holding que encabeza la automotriz alemana Porsche. En diciembre pasado, el gobierno uruguayo firmó con la empresa un Memorando de Entendimiento por la inversión.
Mientras los litigios avanzan, la ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Fernanda Cardona, confirmó que la empresa tiene plazo hasta diciembre para decidir si concreta la inversión. Entre las alternativas en negociación figura la posibilidad de utilizar infraestructura existente de ANCAP en Paysandú, una opción que implicaría la relocalización parcial de algunas instalaciones y que ya fue presentada a las autoridades argentinas en encuentros bilaterales.
Desde la ciudad de Colón —ubicada frente a Paysandú sobre la margen argentina del río Uruguay—, el intendente local confirmó que las gestiones para lograr la relocalización del proyecto muestran señales alentadoras, aunque no ofreció precisiones sobre el estado de las negociaciones.
La empresa también avanzó en acuerdos preliminares de comercialización con compañías internacionales, entre ellos un convenio con la firma alemana eFuel One, y aseguró un volumen de 150.000 toneladas anuales de dióxido de carbono proveniente de la producción de bioetanol de ALUR y otras fuentes biogénicas para abastecer parte del proceso industrial.
El conflicto por la planta de hidrógeno verde en Paysandú continúa desplegándose en varias dimensiones simultáneas: la judicial en Argentina, la institucional a través del Acuerdo de Escazú, la diplomática entre ambos gobiernos y la empresarial, con HIF Global midiendo sus próximos pasos ante una inversión millonaria que todavía no tiene fecha de inicio de obras.
