Diputados de tres bloques rechazan el fin del convenio PAMI-Sanatorio Concordia
A partir del 1° de septiembre, el fin del convenio PAMI-Sanatorio Concordia dejará a unos 14.300 afiliados de la obra social sin prestador capitado para internación en la ciudad. Tres diputados provinciales de distintos bloques presentaron un proyecto de resolución para exigir a PAMI un plan de contingencia inmediato, mientras el Sanatorio y organizaciones de jubilados advierten sobre el riesgo de colapso del sistema público.
El Sanatorio Concordia dejó de recibir pacientes de PAMI luego de una rescisión que la propia institución comunicó el 26 de junio, tras reclamar durante más de diez meses una actualización arancelaria. Según explicó, un atraso del 130 por ciento entre lo que percibe y lo que necesita para operar generó un déficit mensual que calificó de inviable. La entidad aseguró haber intentado agotar cartas documento, reuniones y medidas de fuerza antes de resolver la salida del sistema.
El conflicto entre los sanatorios privados y PAMI no es exclusivo de Concordia. En abril, clínicas de cuatro provincias advirtieron restricciones similares por el mismo motivo, mientras que el pasado lunes 24 dee agosto un corte de atención de 24 horas en 28 clínicas de Chubut, La Pampa, Neuquén y Río Negro, terminó sin que el fondo del reclamo arancelario quedara resuelto. El jueves 27 de agosto, clínicas, sanatorios y hospitales privados de Buenos Aires, Córdoba, San Juan y Mendoza iniciaron este jueves una medida de fuerza que continuó hasta este viernes. El caso concordiense se inscribe así en una tensión de escala nacional entre las cámaras de prestadores y las autoridades centrales del organismo, que según los prestadores responde de manera reiterada que “no hay fondos” para actualizar los valores.
En ese marco, los diputados provinciales Enrique Cresto, Marcelo López y Liliana Salinas presentaron este viernes en la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de resolución –registrado bajo el expediente N.º 29611– que expresa “profunda preocupación” y “el más enérgico rechazo” frente a la situación sanitaria que atravesarán los afiliados de PAMI en la ciudad a partir del 1° de septiembre.
El texto exhorta al Director Ejecutivo Nacional del PAMI y a las autoridades de la Unidad de Gestión Local XXXIV a adoptar, antes de que se concrete la finalización del convenio, medidas administrativas, contractuales y presupuestarias para restablecer la prestación integral de internación en Concordia, asegurar la continuidad de las cirugías programadas –incluidas las oncológicas–, sostener los tratamientos oncológicos y cardiológicos de alta complejidad, designar prestadores con capacidad suficiente en la ciudad y garantizar la atención por guardia, especialistas, diagnóstico e internación sin demoras.
El proyecto también insta a PAMI a implementar de manera inmediata un plan sanitario de contingencia para Concordia, con información pública y actualizada sobre los establecimientos habilitados para internación, la continuidad de cirugías y tratamientos, los mecanismos de derivación y traslado, la disponibilidad real de camas y especialistas, y los canales de atención disponibles para los afiliados y sus familias.
Respecto de los recursos económicos, los legisladores solicitan que los fondos que PAMI destinaba al pago de la cápita e incentivos del Sanatorio Concordia no queden inmovilizados ni sean absorbidos por la administración central, sino que se apliquen prioritariamente a contratar de forma urgente nuevos prestadores locales, sostener transitoriamente a los efectores públicos que reciban la demanda y cubrir íntegramente los gastos que generen las derivaciones fuera de la ciudad.
Otro de los ejes del proyecto apunta a las ayudas económicas para quienes deban trasladarse a otras ciudades por falta de un prestador local. Actualmente, según los valores citados en el propio texto legislativo, PAMI reconoce la totalidad de los pasajes pero otorga 20.000 pesos por noche de alojamiento, 10.000 pesos diarios de alimentación y 1.500 pesos por día de movilidad, con un tope de 15.000 pesos mensuales para este último ítem; montos que se ajustan levemente cuando el traslado incluye a un acompañante o, en casos excepcionales, a dos.
Los diputados calificaron esas cifras de “claramente insuficientes” frente al costo real de una estadía fuera de Concordia, en especial cuando se trata de internaciones o tratamientos prolongados, y pidieron un régimen excepcional y urgente de actualización de esas ayudas mientras la ciudad no cuente con un prestador de internación con capacidad suficiente.
El proyecto solicita además que el Director Ejecutivo Nacional de PAMI y la UGL XXXIV remitan a la Legislatura provincial información detallada: la cantidad exacta de afiliados alcanzados por la finalización del convenio, el monto mensual que se abonaba al Sanatorio Concordia en concepto de cápita e incentivos, el destino que tendrán esos fondos desde septiembre, las gestiones realizadas para evitar la interrupción del servicio y los motivos por los cuales una audiencia prevista para el 6 de agosto fue suspendida y nunca reprogramada.
También se pide que se informe qué prestadores asumirán las internaciones y prácticas de alta complejidad, la disponibilidad efectiva de camas en la ciudad, los establecimientos a los que se realizarán las derivaciones, y los valores vigentes –junto con los plazos previstos de actualización– de las ayudas económicas para alojamiento, alimentación y movilidad.
Al Ministerio de Salud de Entre Ríos, el proyecto le solicita que informe la capacidad operativa, la disponibilidad de camas, los recursos humanos y la infraestructura de los hospitales Delicia Concepción Masvernat y Felipe Heras para absorber la demanda adicional, y que disponga las medidas de contingencia necesarias para proteger la salud de los afiliados que queden sin cobertura privada.
En cuanto al Poder Ejecutivo provincial, se lo insta a gestionar ante PAMI el financiamiento o el reintegro de todo refuerzo extraordinario que la Provincia deba destinar a esta contingencia, para evitar que las consecuencias económicas de una responsabilidad asistencial nacional terminen recayendo sobre el sistema público entrerriano.
El artículo noveno del proyecto convoca a legisladores nacionales por Entre Ríos, autoridades provinciales y municipales, representantes de jubilados y pensionados, prestadores sanitarios e instituciones vinculadas a conformar una mesa de emergencia orientada a construir una solución “inmediata, integral y permanente” para la ciudad.
Los tres firmantes representan sectores políticos distintos: Cresto responde al espacio Más para Entre Ríos, de raíz peronista; López integra la Alianza Juntos por Entre Ríos, el frente que sostiene al gobierno provincial; y Salinas pertenece al Partido Conservador Popular, de perfil libertario. La convergencia de los tres bloques en un mismo texto subraya que la preocupación por el fin del convenio PAMI-Sanatorio Concordia trascendió las diferencias partidarias en la Legislatura.
El propio Sanatorio Concordia advirtió sobre el riesgo de que el deterioro se traslade al sistema público: sostuvo que los hospitales de la ciudad, “normalmente sobrecargados”, podrían colapsar en cuestión de días si reciben sin planificación previa a los cerca de 15.000 afiliados que hoy atiende. En la misma línea se pronunció el sacerdote Gustavo Muchiutti, delegado regional de la Pastoral de la Salud, quien habló de “deshumanización” y responsabilizó a la falta de previsión administrativa por la sobrecarga que -advirtió- recaerá sobre el Heras y el Masvernat.
La confirmación oficial llegó esta semana: la jefa del Departamento Médico de la UGL XXXIV notificó que, a partir del 1° de septiembre, el Hospital Masvernat será la referencia para las internaciones de mediana y alta complejidad de los afiliados de PAMI, mientras que el Heras absorberá los casos de menor complejidad. La directora local del organismo, por su parte, señaló que no podrá referirse públicamente a la situación mientras el convenio siga vigente, es decir hasta el 31 de agosto.
La Mesa Permanente de Jubilados y Pensionados Plaza 25 de Mayo convocó a una movilización frente a las oficinas de PAMI en Concordia para el propio 1° de septiembre, en reclamo de precisiones sobre cómo el organismo garantizará la cobertura de los 15.000 afiliados que pierden cápita de internación. La medida se suma a un historial de protestas que, desde fines de junio, viene visibilizando demoras en turnos, medicamentos y autorizaciones quirúrgicas en la UGL local.
Con todo, la experiencia reciente en otras provincias muestra que la presión conjunta de prestadores, legisladores y organizaciones de jubilados puede destrabar, al menos parcialmente, situaciones de corte de servicio: en la Patagonia, la medida de fuerza de 24 horas contra PAMI se levantó tras una jornada de reclamo, aunque la discusión de fondo sobre los aranceles siguiera abierta. El proyecto de resolución de Cresto, López y Salinas apunta en esa dirección al proponer una mesa de emergencia y una reasignación transparente de los fondos que dejará de percibir el Sanatorio Concordia, en lugar de limitarse a la denuncia del problema.
El desenlace del conflicto dependerá ahora de la respuesta que dé PAMI Central en los próximos días y del tratamiento que la Cámara de Diputados le dé al expediente 29611, que ingresó este viernes a mesa de entradas dentro del período ordinario 147. Mientras tanto, la salud de miles de jubilados y pensionados de Concordia queda sujeta a una negociación que, según reconocen tanto el prestador saliente como los propios legisladores, lleva más de diez meses sin una propuesta viable sobre la mesa.
