Frigerio pide un nuevo acuerdo fiscal federal y que los municipios bajen tasas, mientras la coparticipación cae un 7,3% real en Entre Ríos
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, usó este martes el escenario del AmCham Summit 2026 para reclamar ante empresarios y funcionarios un nuevo acuerdo fiscal federal que elimine impuestos distorsivos en todos los niveles de gobierno. La propuesta llegó en un momento fiscalmente delicado: mientras Frigerio pedía a los municipios que den de baja tasas que “se parecen a impuestos”, los intendentes justicialistas de la propia provincia preparaban una marcha al Ministerio de Economía para reclamar por la caída real de los fondos que reciben. Los números del IARAF confirman que Entre Ríos acumula una merma del 7,3% real en transferencias automáticas en el primer trimestre de 2026.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, participó este martes del AmCham Summit 2026, el encuentro anual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, realizado en el Centro de Convenciones de Buenos Aires bajo el lema “Una Argentina federal en desarrollo”. Allí, en un panel compartido con los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, Frigerio sostuvo que es “imperativo un nuevo acuerdo fiscal federal” y pidió eliminar el impuesto al cheque, reducir Ingresos Brutos provinciales y que los municipios supriman tasas que, en sus palabras, “en algunos casos se parecen a impuestos”. La declaración se produjo el mismo día en que intendentes peronistas de la provincia —que reciben menos coparticipación en términos reales que hace un año— marchaban al Ministerio de Economía de la Nación para reclamar exactamente lo contrario: que las transferencias automáticas aumenten.
El Consenso Fiscal de 2017: el modelo que Frigerio quiere reflotar
Frigerio invocó en su presentación el Consenso Fiscal firmado el 16 de noviembre de 2017 —del que fue partícipe como ministro del Interior del gobierno de Mauricio Macri— como modelo a reproducir. El acuerdo, ratificado por el Congreso mediante la Ley 27.429 y suscripto por el Poder Ejecutivo Nacional, 22 provincias y la Ciudad de Buenos Aires (San Luis no adhirió), se propuso, según consigna el propio texto del documento, que las partes acordaran “lineamientos para armonizar las estructuras tributarias de las distintas jurisdicciones, adoptar medidas de saneamiento de las cuentas públicas, coordinar potestades tributarias y eliminar distorsiones.”
En concreto, el Consenso comprometió a las provincias a reducir gradualmente las alícuotas de Ingresos Brutos hasta llegar a la exención en sectores como la industria manufacturera, la agricultura y el transporte; a eliminar el impuesto a los Sellos para contratos generales a partir de 2022; y a derogar tributos sobre las nóminas salariales. Del lado nacional, el acuerdo implicó compromisos sobre la coparticipación del impuesto al cheque, la devolución del 15% de la masa coparticipable que se destinaba a ANSES y compensaciones a las provincias por la pérdida de ingresos que generarían esas reformas. Respecto a los municipios, el Consenso Fiscal 2017 incluía el compromiso provincial de promover la adecuación de las tasas municipales para que se correspondieran con la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio, guardando una razonable proporcionalidad con su costo.
“Hay que reflotar esa idea”, afirmó Frigerio en el AmCham Summit. Y describió el esquema del eventual nuevo pacto: “La Nación baje y elimine el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones; que hagamos lo mismo las provincias con Ingresos Brutos; y que también los municipios hagan lo propio con tasas que en algunos casos se parecen a impuestos.”
Lo que dijo la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre aquel acuerdo
La nostalgia de Frigerio por el Consenso de 2017 merece, sin embargo, ser puesta en perspectiva con lo que los organismos técnicos del Estado encontraron al evaluarlo. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) publicó en octubre de 2018 un exhaustivo informe sobre el estado de avance de ese acuerdo, y sus conclusiones son más complejas que la foto que pinta el gobernador.
El informe de la OPC reveló que, si bien la mayoría de las provincias cumplió formalmente con las alícuotas de Ingresos Brutos requeridas, muchas lo hicieron subiendo alícuotas en determinados sectores para compensar la pérdida de recaudación en otros —lo cual contradecía el espíritu desgravatorio del acuerdo—. En palabras del propio documento: “Si bien la mayoría de las provincias terminó cumpliendo con el Consenso en cuanto a las alícuotas requeridas de IIBB, muchas lo hicieron aplicando subas de alícuotas en determinados sectores, lo cual va en contra de la esencia final del acuerdo, que es lograr reducir el carácter distorsivo de este impuesto.” Entre Ríos fue una de las 10 provincias que, según el análisis de la OPC, aumentó su recaudación de Ingresos Brutos por encima de la inflación y del crecimiento económico, incrementando así la presión tributaria real pese a adherir al Consenso.
En materia de impuesto inmobiliario, el informe fue aún más severo: “A la fecha de cierre de este informe no se habían logrado avances en ninguno de los dos puntos y aún no se estableció el organismo federal pertinente.” Respecto a los tributos específicos sobre energía y servicios, varias provincias directamente no informaron sobre los avances comprometidos.
La conclusión central del análisis posterior de la propia OPC sobre la evolución del federalismo fiscal 2016-2021 fue que, en ausencia de una ley de coparticipación moderna y consensuada, los acuerdos parciales tienden a ser transitorios, los conflictos se judicializan y el sistema alterna entre etapas de coordinación y descoordinación, dificultando la consolidación de un federalismo fiscal previsible y sostenible. El Consenso Fiscal 2017 no fue la excepción: fue suspendido parcialmente en 2019, renegociado en 2020 y terminó siendo reemplazado por acuerdos sucesivos que diluyeron sus metas originales.
El pedido a los municipios: bajar tasas en contexto de caída de fondos
La parte más sensible del discurso de Frigerio en el AmCham fue el pedido a los municipios de que eliminen tasas que funcionan como impuestos encubiertos. La tensión política que genera esa declaración se comprende mejor cuando se la coloca en el contexto fiscal real de los gobiernos locales entrerrianos.
Las transferencias automáticas totales a Entre Ríos en el acumulado a marzo de 2026 ascendieron a $743.026 millones, con una variación nominal del 22,9% y una variación real interanual de -7,3%. En el ranking del acumulado a marzo, Entre Ríos se ubicó entre las provincias con mayor retroceso relativo: la caída promedio de todo el consolidado de provincias más CABA fue del 6,4% real, y Entre Ríos (-7,3%) estuvo por debajo de ese promedio. Es decir, la provincia recibe en términos de capacidad de compra un 7,3% menos que hace un año. Y esa caída se traslada a su vez, parcialmente, a los municipios vía coparticipación provincial.
En ese marco, pedirle a los municipios que eliminen fuentes propias de recaudación implica exigirles que se financien con menos fondos propios al mismo tiempo que reciben menos fondos provinciales. El secretario general de Gobernación, Mauricio Colello, lo había sintetizado sin eufemismos días antes, en la reunión del 8 de abril con intendentes de Juntos por Entre Ríos en Ramírez: “La caída de la recaudación es enorme, y eso obliga a agudizar, armonizar y articular la buena utilización de los recursos.”
La postura de los intendentes justicialistas: no resignan las tasas
El pedido de Frigerio en el AmCham colisiona directamente con la posición de la Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos. Su presidente, Adrián Fuertes (intendente de Villaguay), fue explícito en ese punto cuando se reunió con el gobernador el 7 de abril pasado: los municipios no van a resignar sus tasas. Fuertes recordó que los municipios cuentan con rango constitucional y autarquía, y que esos tributos son el instrumento con el que financian servicios concretos para la población. “Estoy dispuesto en cualquier foro de debate a demostrar qué hago con las tasas que cobro”, afirmó.
La postura de los jefes comunales peronistas tiene un correlato cuantitativo concreto. El intendente de Feliciano, Damián Arévalo, fue contundente en la caracterización del clima financiero: los municipios medianos y pequeños están recibiendo menos dinero que en años anteriores en un contexto de inflación interanual de entre 30 y 40%, lo que deja a esos distritos en una posición muy difícil, al punto de que incluso el cobro de tasas municipales se ve afectado por la caída del poder adquisitivo de los contribuyentes.
Los intendentes justicialistas también denunciaron inequidades en el reparto de fondos provinciales: el presidente de la Liga señaló que la provincia había destinado 380 millones de pesos a Concordia, 100 millones a Federal y 30 millones a Alcaraz, mientras que los municipios justicialistas que solicitaron fondos no recibieron nada. “Estamos perdiendo 510 millones a cero”, graficó Fuertes, y planteó cuatro ejes: que los ATN que recibe la provincia sean distribuidos conforme las polinómicas de coparticipación y no de manera discrecional; que los créditos nacionales a la provincia sean transferidos bajo el mismo criterio; equidad en los adelantos de coparticipación; y criterios objetivos para los aportes no reintegrables.
Este martes 14 de abril, en simultáneo con el discurso de Frigerio en el AmCham, intendentes de todo el país nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) se movilizaron al Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo para presentar un documento formal con reclamos por el impacto del ajuste nacional en las finanzas locales. Los jefes comunales advierten que la coparticipación lleva ocho meses consecutivos de caída, que los subsidios al transporte público no están siendo abonados y que la paralización de obras públicas y la falta de transferencias no automáticas generan dificultades crecientes para sostener servicios básicos.
El mensaje a los propios: ajustá el gasto municipal
Días antes de su presentación en el AmCham, Frigerio había anticipado la misma lógica en territorios más chicos. El 10 de abril, en una reunión de gabinete conjunto con el municipio de Colonia Ayuí —una localidad del departamento Concordia de algo más de cuatro mil habitantes—, el gobernador fue más directo que ante el auditorio empresarial del AmCham. Frigerio subrayó que “todos los meses pagamos 100.000 sueldos; 67.000 jubilaciones; y eso nos lleva prácticamente la totalidad del presupuesto y nos queda poco para hacer cosas para la gente directamente”, y solicitó explícitamente “no seguir aumentando la planta de personal para quedar bien con la militancia o con los parientes, sino todo lo contrario, seguir achicando el gasto de la política para agrandar la inversión”.
La consigna que el gobernador repitió en los tres encuentros de la semana es siempre la misma: “optimizar recursos”, “reducir gastos improductivos”, “hacer más con menos”. Ninguna de esas fórmulas responde a la pregunta de qué ocurrirá cuando el ajuste del gasto político ya no alcance para compensar la caída de ingresos.
Entre la propuesta y la realidad: lo que los datos no resuelven
El discurso de Frigerio en el AmCham tiene una arquitectura clara y políticamente eficiente: propone una reforma fiscal coordinada entre los tres niveles de gobierno que elimine impuestos distorsivos, mejore el clima de inversión y promueva el crecimiento. Ese mensaje es coherente con el de los economistas que desde hace décadas señalan que Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las tasas municipales cuasi-impositivas generan cascada tributaria y reducen la competitividad.
El problema es que esa propuesta de largo plazo llega en un momento en que las finanzas provinciales y municipales están bajo presión de corto plazo. Los datos del IARAF muestran que las transferencias no automáticas a provincias —los aportes discrecionales del Tesoro nacional para obras e inversiones— disminuyeron un 83% en términos de participación en el PBI entre el último año del gobierno de Alberto Fernández y el acumulado a febrero de 2026, representando la mayor baja de todos los componentes del gasto primario nacional. En moneda constante, eso equivale a más de 20 billones de pesos que las provincias dejaron de recibir en ese período.
En ese marco, la pregunta que los datos plantean —y que el discurso oficial no responde— es la misma que formulan los intendentes peronistas desde las localidades del interior: ¿con qué se financian los servicios municipales mientras se construye el nuevo acuerdo fiscal que Frigerio propone? La tensión entre esa urgencia y esa propuesta define, hoy, la agenda política de Entre Ríos.
