Reforma Previsional Entre Ríos: el proyecto de Frigerio llega al Senado con debate asegurado
El proyecto de ley “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”, impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio, ingresó formalmente al Senado de Entre Ríos este miércoles y ya generó un amplio frente opositor: el Partido Justicialista, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el exjuez del Superior Tribunal Emilio Castrillón cuestionan sus alcances desde distintos ángulos, mientras el oficialismo defiende la urgencia de actuar ante un déficit previsional que, según los datos del Ejecutivo, supera los 45.000 millones de pesos mensuales.
La Reforma Previsional en Entre Ríos, impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio bajo el nombre “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”, tomó estado parlamentario el 27 de mayo de 2026 durante la Séptima Sesión Ordinaria del 147° Período Legislativo de la Cámara de Senadores provincial. Desde el primer momento quedó claro que el tratamiento no será sencillo: la propia sesión de ingreso deparó un primer choque entre bloques, y las críticas de la oposición, los gremios y la doctrina jurídica ya están sobre la mesa.
El ingreso y la primera disputa: ¿cuántas comisiones?
El expediente N° 15.711 fue girado inicialmente a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador Gustavo Vergara (Diamante, Juntos por Entre Ríos). Sin embargo, el senador Marcelo Berthet (San Salvador, Más para Entre Ríos) presentó de inmediato una moción para ampliar ese giro a cuatro comisiones: Legislación General, Asuntos Constitucionales y Acuerdos, Asuntos Municipales y Presupuesto y Hacienda. Su fundamento: los artículos 46, 47, 48 y 56 del reglamento de la Cámara.
“Esto no viene a título de impedir ni a obstruir nada, al contrario. Queremos aportar, debatir y que sean invitados todos los actores que tengan que ver con el sistema de previsión de todos los entrerrianos”, sostuvo Berthet. El senador enfatizó que la iniciativa es “una ley trascendente” que debe “tratarse bien y escuchar a todas las voces” para garantizar “la mejor ley para el futuro de nuestros empleados y nuestros jubilados”.
La contrapropuesta llegó desde el senador Rubén Dal Molín (Federación, Juntos por Entre Ríos), quien presentó una moción de orden para girar el proyecto solo a dos comisiones: Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales y Acuerdos. Dal Molín argumentó que esas dos comisiones concentran al 88% del cuerpo —15 de los 17 senadores—, lo que garantiza representación amplia sin dispersar el debate. “Sin prisa, pero tampoco sin pausas, entendemos que en estas dos comisiones están representados todos los senadores”, señaló.
Sometidas a votación ambas mociones, se impuso la de Dal Molín por 9 votos a 8. El bloque Juntos por Entre Ríos votó en bloque por esa opción, sumando el voto determinante de la senadora Gladys Domínguez (Feliciano, Peronismo Federal). El proyecto quedó girado, entonces, a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.
El mensaje del Ejecutivo: diagnóstico de crisis y promesa de gradualidad
Junto al proyecto de ley, el Poder Ejecutivo remitió un extenso mensaje a la Legislatura donde expone los fundamentos de la iniciativa y los datos financieros que, a su juicio, hacen impostergable la reforma.
Según ese documento, a enero de 2026 la Caja de Jubilaciones y Pensiones cuenta con 66.222 beneficiarios y 120.592 aportantes activos, lo que arroja una relación de apenas 1,82 aportantes por beneficiario. En el primer trimestre de 2026, los aportes y contribuciones sumaron $196.266 millones, mientras que las erogaciones alcanzaron los $331.867 millones: el déficit operativo del trimestre fue de $135.601 millones, equivalente a unos $45.200 millones mensuales. En términos relativos, el déficit representó en 2021-2025 el 9,2% de cada 100 pesos de recursos corrientes del Tesoro, contra 6,5% en 2011-2015.
El mensaje también señala que el haber promedio bruto de jubilados y pensionados ($1.557.070) supera al salario promedio bruto activo ($1.387.920), lo que implica una relación de 112,2% entre pasividad y actividad —un desequilibrio inusual que el Ejecutivo atribuye, en parte, a la estructura del cálculo vigente.
El gobierno destaca que ningún jubilado actual verá reducido su haber y que los cambios más sustanciales —como el aumento de edad jubilatoria y años de aportes— se implementarán de forma gradual. Para los actuales aportantes, la transición comenzaría recién en 2031 y se consolidaría en 2046; para los nuevos ingresantes al sistema, la edad jubilatoria sería de 68 años desde la entrada en vigor de la ley. El mensaje también pondera gestiones ante ANSES que derivaron en convenios por $26.000 y $48.000 millones de pesos, como parte de una estrategia que el oficialismo define como “auditar, reclamar y litigar”.
Los puntos centrales del proyecto de ley
El texto articulado, de 46 artículos distribuidos en tres títulos, contiene las siguientes medidas principales:
Título I – Emergencia previsional (vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, prorrogable): establece un aporte personal extraordinario para trabajadores activos con salarios superiores a $3.000.000, en una escala progresiva que va del 1% al 8% según tramo salarial. También incrementa en un 3% los aportes patronales de todos los empleadores —incluidos municipios y comunas adheridas— durante la vigencia de la emergencia. Además, el artículo 3° faculta al Poder Ejecutivo a adoptar “las medidas necesarias para resguardar la sustentabilidad y sostenibilidad del sistema”, incluyendo la posibilidad de establecer aportes solidarios a activos, pasivos y beneficiarios, así como fijar límites máximos a prestaciones que superen 15 haberes mínimos.
Título II – Modificaciones estructurales a la Ley 8.732: el artículo 18° establece la jubilación ordinaria común a los 65 años con 35 años de aportes para los actuales afiliados (gradual desde 2031), y de 68 años con 35 años de aportes para los nuevos ingresantes. El artículo 30° cambia el cálculo del haber jubilatorio: pasará a calcularse sobre el promedio actualizado de las últimas 240 remuneraciones mensuales brutas (20 años), en lugar del criterio actual vinculado al último cargo u opciones más favorables. El artículo 33° mantiene la movilidad atada a las paritarias del Escalafón General, pero la aplica con un desfasaje de 60 días hábiles desde el ingreso de los aportes derivados de cada aumento salarial. Los artículos 31° y 32° reducen al 70% los haberes de jubilaciones por invalidez y por edad avanzada, así como las pensiones. El artículo 19° establece que quienes accedan a jubilaciones especiales deberán continuar aportando hasta alcanzar la edad de la jubilación ordinaria común. Las pensiones, según el artículo 25°, podrán tener duración limitada por los años de matrimonio o convivencia, con carácter vitalicio solo para mayores de 55 años sin otro beneficio.
Título III – Disposiciones transitorias: fija el cronograma escalonado de implementación de cambios en edad y años de aportes.
Las críticas del PJ: ajuste encubierto y delegación de facultades
El Partido Justicialista entrerriano —junto con los bloques de senadores y diputados y la Liga de Intendentes— hizo públicos sus cuestionamientos antes del ingreso formal del proyecto y prometió “todo el debate que sea necesario” en las comisiones.
El diputado provincial Juan José Bahillo caracterizó la iniciativa como “un ajuste concreto sobre los actuales y futuros jubilados, sobre los trabajadores activos y sobre los municipios entrerrianos”. Los puntos más controvertidos para el justicialismo son:
- El 82% móvil: el PJ sostiene que, al modificarse el cálculo del haber inicial (promedio de las últimas 240 remuneraciones) y al no garantizarse un mecanismo claro de actualización, la garantía del 82% se convierte en letra vacía. Argumentan que vincular la movilidad a paritarias que históricamente quedan por debajo de la inflación consolida un esquema de pérdida real de poder adquisitivo.
- La edad jubilatoria de 68 años: el PJ la califica como “la más alta del sistema público argentino” y critica la ausencia de estudios de expectativa de vida activa o empleabilidad en edades avanzadas. Resalta además el impacto diferencial en las mujeres: para las trabajadoras actuales podría implicar hasta ocho años adicionales de trabajo, mientras que para los varones serían cinco, desconociendo brechas de género y tareas de cuidado no remuneradas.
- El impacto en municipios: el aumento de contribuciones patronales y la facultad de modificarlas discrecionalmente generarían mayor presión financiera sobre los gobiernos locales, comprometiendo la prestación de servicios esenciales.
- La delegación de facultades: el PJ considera que el artículo 3° del proyecto “vacía de contenido a la ley y debilita el rol de la Legislatura”, al habilitar al Ejecutivo a alterar aportes, contribuciones y condiciones del sistema fuera del debate parlamentario. La figura de la “emergencia” sería, a su juicio, un mecanismo para “avanzar con cambios permanentes y habilitar decisiones por decreto”.
Una lectura comparada entre las críticas del PJ y el texto del proyecto permite señalar que algunas observaciones tienen sustento directo en el articulado: el artículo 3° efectivamente otorga amplias facultades al Ejecutivo, y el artículo 33° introduce un desfasaje de 60 días hábiles en la aplicación de la movilidad que, en un contexto inflacionario, puede erosionar el poder adquisitivo de los haberes. En cambio, la afirmación de que el 82% “deja de ser garantía real” requiere una lectura más matizada: el artículo 30° mantiene ese porcentaje, aunque sobre una base de cálculo diferente (promedio de 240 remuneraciones en lugar del mejor salario o último cargo), lo que efectivamente puede reducir el haber inicial pero no elimina formalmente la garantía. El gobierno, por su parte, insiste en que ningún jubilado actual verá reducido su haber.
Castrillón: el artículo 3° es inconstitucional
El exjuez del Superior Tribunal de Justicia y exlegislador provincial del PJ, Emilio Aroldo Castrillón, fue más allá de las críticas políticas y formuló cuestionamientos jurídicos directos.
En declaraciones previas al ingreso del proyecto, Castrillón señaló como inconstitucional la facultad contenida en el artículo 3° que autoriza al Ejecutivo a establecer “aportes y contribuciones con carácter solidario o excepcional” —incluyendo a jubilados y pensionados— y a fijar “límites máximos al monto de los beneficios que superen 15 haberes mínimos”.
El exmagistrado argumentó que esa delegación implica un régimen de “castigo” a quienes aportaron durante décadas conforme las reglas vigentes. Citó los principios de progresividad y no regresividad aplicables a las leyes previsionales —en línea con jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación— y advirtió que “si esto no ocurre, su vigencia puede ser corta”. También cuestionó la desvinculación de las escalas salariales judiciales respecto de los acuerdos de la Corte Suprema Nacional, calificándolo de “totalmente ilegal”.
Desde el Ejecutivo no se respondió públicamente a estos cuestionamientos, aunque el mensaje enviado a la Legislatura menciona que “la constitucionalidad de las modificaciones propuestas encuentra sustento en la consolidada doctrina jurisprudencial que distingue entre derechos previsionales adquiridos y expectativas en formación”.
ATE: cinco razones para rechazar el proyecto
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos planteó sus objeciones públicamente antes del ingreso formal del expediente. El gremio identificó cinco ejes de preocupación:
- Aumento de edad y años de aportes: eleva progresivamente la edad a 65 años con 35 años de aportes para los actuales afiliados, y fija 68 años con 35 años para los nuevos ingresantes, lo que implica trabajar más tiempo para acceder a la jubilación.
- Reducción del haber inicial: el cambio en el cálculo (promedio de las últimas 240 remuneraciones en lugar de criterios vinculados al último cargo) impacta directamente en el monto de la jubilación de los futuros beneficiarios.
- Pérdida de movilidad: el desfasaje de 60 días hábiles para aplicar los aumentos paritarios genera, en la práctica, un retraso permanente en los incrementos y una erosión del poder adquisitivo.
- Aportes extraordinarios y nuevos descuentos: el aporte adicional para salarios superiores a $3.000.000 y la habilitación al Ejecutivo para crear aportes “solidarios” a jubilados y pensionados abre la puerta a nuevos descuentos sobre haberes previsionales.
- Recorte en pensiones y jubilaciones especiales: la reducción al 70% de las pensiones y jubilaciones por invalidez, la posibilidad de pensiones temporales y la obligación de seguir aportando en regímenes especiales hasta la edad de jubilación ordinaria limitan derechos históricamente reconocidos.
ATE calificó el conjunto de la reforma como “otro ajuste en un contexto de precarización laboral, pérdida del poder adquisitivo y deterioro en la salud y educación”.
¿Condicen estas críticas con el texto del proyecto? En gran medida, sí. Los artículos 18°, 30°, 33°, 31°, 32° y 19° del proyecto contienen exactamente las modificaciones que ATE describe. La diferencia de enfoque está en la valoración: el Ejecutivo presenta esas medidas como necesarias, graduales y no retroactivas; los críticos las califican de regresivas e inequitativas para los sectores de menores ingresos.
Lo que viene
El expediente N° 15.711 deberá transitar ahora las comisiones de Presupuesto y Hacienda (presidida por Vergara) y Asuntos Constitucionales y Acuerdos (presidida por el senador Juan Pablo Cosso, de Más para Entre Ríos). El PJ prometió convocar a representantes de trabajadores activos, jubilados y gobiernos municipales. ATE y otros gremios ya anticiparon su participación en el debate. Los cuestionamientos de constitucionalidad plantean, además, la posibilidad de impugnaciones judiciales si la ley es aprobada en su texto actual.
El gobierno de Frigerio, por su parte, sostiene que la inacción tiene un costo mayor y que cada mes de demora agrega unos $45.000 millones al déficit que solventan todos los entrerrianos. El debate está abierto.
