Psicólogo rosarino denunciado por abusar a tres niñas sería juzgado en Concordia

Se trata de Enrique Barés, ex secretario académico de la UNR. Tiene una causa abierta en Concepción del Uruguay. Su defensa pidió la prescripción pero el juez se la negó. El jueves se decide si será juzgado en Concordia.

Al psicólogo Enrique Barés, ex docente -hoy jubilado- y secretario académico de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), lo acusan de iniciar “prematuramente en la vida sexual, corrompiéndolas, pervirtiéndolas, alterándolas psíquica y moralmente y desviando los cauces naturales del desarrollo sexual” a tres niñas entrerrianas cuando tenían 6, 9 y 4 años, hace casi dos décadas. El jueves se decidirá si será juzgado en Concordia.

El expediente de la causa se caratula “Barés Héctor Enrique s/ abuso sexual gravemente ultrajante”. La denuncia se realizó en Concepción del Uruguay en 2019, ciudad a la que el psicólogo viajaba a dar clases cuando sucedieron los hechos. El caso recayó en la Fiscalía Nº 3 del Ministerio Público Fiscal, pero actualmente la investigación está a cargo de Gabriela Seró.

“La causa lleva dos años de investigación y ya está en condiciones de ser elevada a juicio. Barés está imputado”, remarcó la fiscal en un breve diálogo con La Capital.

Juzgado en Concordia

El defensor de Barés pidió la prescripción de la causa, pero el juez de Garantías, Gustavo Díaz, negó la solicitud el 8 de julio pasado. La fiscal adelantó a este diario que el próximo paso será el 5 de agosto, cuando se realice la audiencia en la sala penal de Concepción del Uruguay , donde una vocal deberá resolver si se convalida o no la decisión del juez de Garantías. Luego podrá continuar en la Cámara de Casación Penal, con sede en Concordia.

Más allá de los pasos jurídicos, la comunidad de la UNR ya hizo oír el repudio hacia el académico en las redes sociales y también de manera expresa, tal el caso de la Facultad de Humanidades y Artes desde donde se pide su desvinculación.

“Desde la Comisión de Géneros y Disidencias Sexuales, la Secretaría de Políticas Sexogenéricas y el Procedimiento para la atención de la violencia, abuso y discriminación de género de la Facultad de Humanidades y Arte, hemos tomado conocimiento, a través de la publicación en diarios de la vecina provincia de Entre Ríos, de la denuncia presentada ante la justicia, contra Enrique Barés, exsecretario académico de la UNR. La misma fue realizada por tres jóvenes mujeres y los hechos que relatan sucedieron cuando eran menores de edad, hace casi 20 años. No podemos minimizar la gravedad de los hechos denunciados y debemos, como parte integrante de la institución, exigir la inmediata y total desvinculación de quien fuera docente de la Facultad de Humanidades y Artes. Si bien la justicia aún no se ha expedido al respecto, no juzgamos pero, sostenemos la necesidad de desvincular preventivamente a quien ha sido denunciado, de todos los espacios de esta facultad (grado, posgrado, tutorías dirección de tesis). Creemos oportuno y necesario expresar nuestro mayor repudio ante las violencias sexistas y especialmente cuando se trata de abuso de menores”, se lee en un comunicado.

Cómo se relataron los hechos

Los hechos fueron relatados pormenorizadamente este fin de semana en el diario entrerriano “El miércoles digital”. Si bien ocurrieron hace casi veinte años, “familiares de las víctimas los hicieron públicos recién ahora porque preservaron la intimidad de las jóvenes”, deslizó la fiscal a ese diario.

Se detalla que a finales de 2001, Barés viajaba a dar clases en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Concepción del Uruguay y una familia amiga con dos niñas pequeñas lo alojaba en su domicilio. Al año siguiente Barés formó pareja con una profesional uruguayense, mamá también de una hija. La unión amorosa con la mujer duró hasta diciembre de 2003.

Muchos años después, una de las niñas de aquella familia que le daba alojamiento estaba con su padre en un lugar público y se encontraron casualmente con el psicólogo. La joven que nunca había contado lo sucedido sobrevino en una crisis de llanto, contó la historia y denunció a su victimario. Pero, según se relata en la nota, al hablar la muchacha se enteró que su hermana también había ocultado los “abusos reiterados” sufridos, según se detallan en la causa.

Las hermanas comenzaron una causa judicial hace dos años pero antes surgió otro dato. Sus padres se habían comunicado con la profesional uruguayense que había sido pareja de Barés y era mamá de una niña pequeña de 4 años, ahora también una joven mayor de edad. Esta jovencita también reveló que había sido abusada.

La tercera joven, ahora de 22 años, se sumó a la denuncia por los mismos delitos, en este caso cometidos durante 2002 y parte de 2003. Según se lee en las actuaciones, “aprovechando la situación de convivencia con la niña en el domicilio de Concepción del Uruguay, en virtud de la relación de pareja entablada con la progenitora”, Barés la tocaba en sus partes íntimas y realizaba prácticas de sexo oral, mientras jugaba o le contaba cuentos.

Debate de la prescripción

En “El miércoles digital” se asegura que el expediente 4451/19 detalla que el psicólogo realizaba “tocamientos en la vagina por debajo de las ropas, mientras jugaba y les contaba cuentos a las niñas” (…) “en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2001, en el domicilio de las víctimas”, en Concepción del Uruguay, “aprovechando el alojamiento brindado por el progenitor de las niñas, que alojó a Barés en el domicilio familiar debido a la amistad y relación laboral existente entre ambos”.

El delito que se le imputa es abuso sexual gravemente ultrajante en concurso con corrupción de menores agravada, tipificado en el Artículo 125° párrafo tercero del Código Penal.

El semanario resaltó que “se tomaron numerosas medidas de prueba, entre ellas, la declaración de las tres víctimas; algunas testimoniales para dar cuenta a través de testigos de que el imputado quedó al cuidado de las niñas en varias ocasiones; se realizaron pericias psicológicas que, dada la gravedad de la afectación producida en las víctimas, provocaron el agravamiento de la imputación”.

En el mismo 2019 Barés fue imputado y su defensor planteó la prescripción, es decir la extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo. El abogado alegó que la prescripción corre desde el día que se cometió el delito o si fuese continuo, cuando cesó de cometerse. En ese cálculo, si se toma como último hecho el ocurrido en el 2003, la prescripción se habría producido en diciembre de 2015 y el de las dos primeras víctimas en 2013. Como las denuncias se realizaron en 2019, la defensa del imputado argumenta que los delitos por los que se lo acusa prescribieron. Un pedido que se contrapone a leyes vigentes que amplían la prescripción en el caso de abusos contra la infancia (la llamada Ley Piazza, 26.705 y la 27.206).

La fiscal que actúa en la causa se opuso al pedido de prescripción. Aseguró que de dictarlo se estaría interpretando de manera “irrazonable” la Constitución y los Tratados con jerarquía constitucional que la integran. Y agregó que al existir una causa legal prejudicial se suspende la prescripción hasta la mayoría de edad de las víctimas.

“Una interpretación acorde con los tratados internacionales de derechos humanos impone que, en los delitos contra la integridad sexual de niños, el lapso de la prescripción comience a contarse desde la mayoría de edad”, señaló Seró a El Miércoles Digital. “La Convención de los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos ya estaban plenamente vigentes al momento de los hechos que se le imputan a Enrique Barés”, dijo la fiscal.

Para la representante del Ministerio Público Fiscal, “la propia condición de niñas impidió a las víctimas denunciar los hechos cuando se produjeron, tuvieron que pasar varios años e ingresar en la vida adulta para advertir que se trataban de abusos sexuales y poder dar testimonio y denunciar: existió una imposibilidad fáctica de denunciar de las víctimas que contaban con 8, 6 y 4 años cuando ocurrieron los hechos denunciados”.

En el rechazo de prescripción del juez se advierte que existe una “notable tensión” entre el derecho del imputado en ser juzgado en un plazo razonable (lo que implica discutir la prescripción de la acción penal) y el derecho de las víctimas a la justicia, a que el Estado investigue y castigue las violaciones a los derechos fundamentales de una persona, según publicó el semanario.

Para el juez el plazo razonable nace en el momento en que un órgano del Estado realiza la imputación formal: ese acto fija el comienzo del plazo de duración del proceso. Sigue en ese sentido el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en numerosos fallos.

Pero el magistrado dejó en claro que “la prescripción no es un principio absoluto: existen excepciones, como los delitos que configuran graves violaciones a los derechos humanos y el delito contra el orden constitucional, que no prescriben nunca. Y ante ciertas circunstancias, por ejemplo, los delitos sexuales que tengan como víctimas niñas o niños, la prescripción se suspende” y la caracterizó de “salida inaceptable”.