Reforma previsional en Entre Ríos: debate en el Senado enfrenta al Gobierno con los gremios docentes y estatales
El Senado de Entre Ríos concentró esta semana el debate más tenso de la legislatura provincial en años: la reforma previsional impulsada por el gobierno de Rogelio Frigerio. Entre el miércoles 10 y el jueves 11 de junio de 2026, las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, escucharon al ministro de Economía, Fabián Boleas, al titular de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, y a referentes de ocho organizaciones gremiales —docentes y estatales— que, en bloque, rechazaron el proyecto. El eje del conflicto: cómo saldar un déficit operativo que, según el Ejecutivo, ya supera los $45.200 millones mensuales, y quién debe soportar el costo de esa solución.
La reforma previsional propuesta para Entre Ríos llegó al Senado provincial en un debate de dos jornadas que expuso posiciones encontradas entre el Poder Ejecutivo y el movimiento sindical. Mientras el gobierno insiste en que el ajuste al sistema previsional es una “urgencia estructural”, los gremios docentes y estatales advierten que el proyecto reduce derechos y traslada el costo del déficit a los trabajadores.
El Gobierno: déficit insostenible y “la peor decisión es no hacer nada”
El miércoles 10 de junio, en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, y el titular de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Gastón Bagnat, expusieron ante los 17 senadores durante casi tres horas, en una sesión conjunta presidida por los senadores Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos) y Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos).
Boleas encuadró el proyecto —denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional” (Expediente N° 15.711)— como una obligación constitucional: citó el artículo 35 de la Carta Magna provincial que apunta al equilibrio fiscal y señaló que “venimos a cumplir con la Constitución”. Para el ministro, la situación de la Caja es “estructural y es el problema fiscal de la provincia”, y descartó aplazamientos: “la peor de todas las decisiones es no hacer nada”, sentenció. Mencionó a Uruguay como referencia de un país que avanzó en reformas similares, y comparó a Entre Ríos con otras provincias, calificándola como “el caso más urgente y más grave del país”.
Los números que presentó el Ejecutivo son contundentes: en el primer trimestre de 2026 los aportes personales y patronales sumaron $196.266 millones, mientras que las erogaciones por jubilaciones y pensiones alcanzaron $331.867 millones. El déficit operativo de esos tres meses significó $135.601 millones para el tesoro provincial, equivalentes a $45.200 millones por mes. A enero de 2026 hay 66.222 beneficiarios frente a 120.592 aportantes activos, con un haber promedio bruto de jubilados/pensionados de $1.557.070, por encima del salario promedio bruto activo de $1.387.920 —una relación pasividad/actividad del 112,2% que el gobierno califica como “una de las facetas más alarmantes del régimen deficitario”.
Bagnat complementó la exposición técnica y subrayó que “el objetivo es que el sistema no empeore”, poniendo a disposición el informe actuarial completo en la web de la Caja. Aclaró que “no se toca ningún recibo de sueldo de ningún jubilado actual” y defendió la gradualidad de las modificaciones propuestas.
¿Qué propone el proyecto? En sus 46 artículos y tres títulos, declara la emergencia económica y financiera del sistema previsional hasta el 31 de diciembre de 2027, prorrogable. Entre las medidas coyunturales, establece un aporte personal extraordinario adicional escalonado —exento para quienes cobren menos de $3.000.000— y sube en tres puntos porcentuales los aportes patronales. En el plano estructural, la jubilación ordinaria común requerirá 65 años de edad y 35 años de aportes; para quienes ingresen al sistema tras la vigencia de la ley, la edad sube a 68 años, aplicándose de manera gradual después de un período de cinco años. El haber jubilatorio inicial se calculará sobre el 82% del promedio actualizado de las últimas 240 remuneraciones mensuales (20 años), en lugar del último cargo.
Gremios docentes: unidad y rechazo al proyecto
El mismo miércoles por la tarde, los cuatro gremios docentes de Entre Ríos —AGMER, AMET, UDA y SADOP— expusieron ante las comisiones y presentaron una postura unificada de rechazo.
AGMER fue la más contundente. Su secretario general, Abel Antivero, cuestionó los argumentos del Ejecutivo uno a uno y demostró, con casos testigos, que la modificación de la base de cálculo licúa en la práctica el 82% móvil: según sus proyecciones, el haber jubilatorio real puede quedar entre un 68 y un 70% del salario en actividad. Antivero también rechazó la equiparación de la edad jubilatoria entre varones y mujeres, señalando que “no reconoce el trabajo no remunerado” de las tareas domésticas y de cuidado y sostenimiento del hogar realizado por estas. La organización también cuestionó que la reforma “invisibiliza el deterioro salarial” de los docentes activos.
AMET planteó que “no es el momento para esta reforma” y que “la única forma de saldar la Caja es teniendo más activos”. Su secretario de Relaciones Gremiales, Roberto Aguirre, cuestionó la constitucionalidad del proyecto por las facultades extraordinarias que delega en el Ejecutivo y rechazó el sistema de prorrateo a 20 años “porque licúa el 82% móvil”. La entidad señaló, además, que el gobernador y el presidente de la Caja reconocieron públicamente en 2025 que el déficit se había reducido un 50%, lo que —a su juicio— hace cuestionable la urgencia invocada. AMET también aprovechó la audiencia para denunciar el desfinanciamiento de la educación técnico-profesional tras la quita de fondos de la Ley Nacional N° 26.058.
SADOP presentó un documento técnico y político ante los legisladores, con la firma de la secretaria general Alejandra Frank y el secretario gremial Diego Secchi. La organización identificó cuatro ejes de rechazo: la desvinculación de los haberes jubilatorios docentes de las paritarias sectoriales (modificación del artículo 71 de la Ley 8.732); la reducción del haber inicial por el cálculo sobre los últimos 20 años en una carrera escalafonaria donde las mejoras llegan al final; la obligación de seguir aportando tras acceder a la jubilación especial docente hasta alcanzar la edad de la jubilación ordinaria; y la suba de la edad a 68 años para nuevos ingresantes. Secchi rechazó “la construcción discursiva que intenta culpabilizar a los trabajadores del desfinanciamiento de la Caja” y Frank enfatizó que cualquier discusión sobre sustentabilidad previsional exige “diálogo transparente, con datos claros y participación sindical real”.
UDA optó por una postura de mayor cautela institucional. En un comunicado de su Comisión Directiva, informó que “permanecerá a la espera de la resolución que adopten los señores Diputados y Senadores”, reservándose las “evaluaciones y consideraciones institucionales pertinentes una vez conocido el texto definitivo”. Reafirmó su “compromiso permanente con la defensa de los derechos de los docentes activos y jubilados”.
Gremios estatales: “un proyecto de ajuste que destroza el 82% móvil”
El jueves 11 de junio fue el turno de los gremios que nuclean a empleados del Estado provincial: ATE, AJER, APLER y UEJN. Los cuatro coincidieron en rechazar el proyecto y en señalar que el costo del déficit no debe recaer sobre los trabajadores.
ATE fue la voz más crítica. Su secretario general, Oscar Muntes, y el secretario de Organización, Víctor Sartori, advirtieron que el proyecto “es contrario a los trabajadores” y señalaron que “no somos los responsables de este déficit, fueron los que tuvieron la responsabilidad de gobernar”. Sartori cuestionó artículo por artículo la iniciativa e impulsó el proyecto alternativo que ATE elaboró en el marco de la Multisectorial: la creación del Fideicomiso de Sustentabilidad Previsional de Entre Ríos (FISPER), destinado a cubrir el déficit “con justicia social, sin perjudicar salarios, jubilaciones ni derechos adquiridos”. ATE advirtió que la reforma llevaría la jubilación real al 61% del salario activo, denunció el aumento de aportes personales del 16 al 19% como “una reducción directa del salario”, y cuestionó la equiparación de edades jubilatorias por género.
AJER dejó sentada su postura en coincidencia con la Multisectorial. Su secretario general, José María Segura, cuestionó “la eliminación de derechos de los trabajadores y el deterioro de los salarios”, mientras que Mabel Pedrero sostuvo que la emergencia planteada por el Ejecutivo “es falaz” y que “da pie a la delegación de facultades”. Segura presentó simulaciones que muestran pérdidas jubilatorias de entre el 30 y el 36% en relación a la jubilación actual, y anticipó planteos de inconstitucionalidad.
UEJN (Seccional Entre Ríos), representada por Alfredo Britos, calificó el proyecto como “regresivo, con ejes centrales insostenibles que serán usina de litigios asegurada”. Cuestionó el haber inicial disminuido, la actualización del haber previsional y la creación de un aporte solidario extra.
APLER, cuyo secretario general Sergio Almeida cerró las exposiciones, sostuvo que el proyecto “perjudica a los trabajadores y es advertido por todos los sectores” y reclamó que el déficit “no debe caer en las espaldas de los trabajadores”.
La pelota, en el Senado
El tratamiento del expediente N° 15.711 continúa en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. El Senado deberá procesar posiciones irreconciliables en sus términos actuales: un gobierno que presenta la reforma como una obligación constitucional e intransferible, y un amplio arco gremial que la rechaza en bloque y propone alternativas de financiamiento. El resultado de ese equilibrio determinará, en los próximos meses, las condiciones de retiro de decenas de miles de empleados públicos entrerrianos.
