Senado: piden informe actuarial sobre la reforma previsional
Mientras la reforma previsional entrerriana acumula su quinta semana de audiencias en el Senado, un grupo de legisladores del bloque Más Para Entre Ríos pidió formalmente un informe actuarial sobre la reforma previsional que sea independiente del que presentó el Poder Ejecutivo. La iniciativa, de autoría del senador Víctor Sanzberro (Victoria) y sus pares, apunta al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (CPCEER) y llega después de que intendentes, gremios, jubilados, especialistas en derecho previsional y representantes de la Magistratura y la Abogacía expusieran posturas encontradas sobre el proyecto que busca reformar la Ley 8.732.
El Senado de Entre Ríos sigue tratando el Expediente N.º 15.711, el proyecto de ley “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional” enviado por el Poder Ejecutivo, en un proceso que combina sesiones plenarias con rondas de audiencias en comisión. En ese marco se conoció el proyecto de Resolución que solicita un informe actuarial sobre la reforma previsional elaborado de manera autónoma por el CPCEER, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 3º, inciso 10º de la Ley Provincial N.º 7.896.
Los fundamentos de la iniciativa, firmados por Sanzberro junto a Juan Diego Conti, Juan Pablo Cosso, Claudia Silva, Martín Oliva y Marcelo Berthet, sostienen que el artículo 41 de la Constitución de Entre Ríos no se limita a reconocer el derecho a la previsión social, sino que exige que cualquier ley regulatoria respete criterios técnicos de proporcionalidad entre aportes, beneficios, años de servicio y edad de los beneficiarios. Según el texto, una reforma de esta magnitud sin una valuación actuarial independiente “adolece de un vicio de inconstitucionalidad por omisión de recaudos sustanciales”.
El proyecto también señala falencias concretas en la documentación oficial: la ausencia de un desglose por sexo de las tablas de mortalidad y densidades de aportes —pese a que las mujeres representan el 66% de la base aportante— y la falta de escenarios sobre la eventual cobranza de la deuda de ANSES y los fondos de la Ley 23.966. De aprobarse, el informe del CPCEER debería incluir una valuación a diez años (2026-2036) del sistema vigente y del que propone el Ejecutivo, un análisis de impacto diferencial con perspectiva de género y un plazo de 45 días hábiles para su entrega.
La resolución llega en medio de un cronograma de audiencias que el Senado viene sosteniendo desde mediados de junio. El 16 de junio expusieron representantes de UPCN y de la Asociación del Personal Superior (APS) de Paraná: mientras la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, planteó defender 30 años de aportes y 120 meses de cálculo del haber, la titular de la APS, Alejandra Levrand, directamente rechazó la reforma “de esta forma que está planteada” y advirtió sobre un impacto desigual entre empleados de oficina y trabajadores municipales a la intemperie. Esa misma tarde, representantes de Festram, del SUOYEM de Crespo y de la Federación de Jubilados y Pensionados pidieron que la ley no tenga efecto retroactivo y cuestionaron la delegación de facultades al Poder Ejecutivo.
El 17 de junio fue el turno de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCEER). Alejandro Cánepa pidió eliminar el artículo que impediría judicializar la reforma, calificándolo de “obvia” inconstitucionalidad, y cuestionó la fórmula de cálculo a 20 años y la reducción de escalafones en la movilidad. Desde el CPCEER, Javier Núñez Souza, Lorena Gerard y Lisandro Tomé propusieron en cambio tomar los 15 mejores años de aportes y advirtieron que, de no sostenerse el nivel de vida actual de los jubilados, “es un jubilado un juicio”.
El 23 de junio, los intendentes sumaron matices según su signo político: desde la Liga Vecinalista, Mario Socolovsky y Ulises Tomassi pidieron contemplar la diversidad de situaciones municipales y un fondo compensatorio; desde Juntos por el Cambio, Marcelo Cerrutti y Hernán Kisser coincidieron en la necesidad de la reforma pero pidieron gradualismo; y la intendenta de Paraná, Rosario Romero, cuestionó la delegación de facultades al Ejecutivo y calificó la pérdida de coparticipación como “un retroceso flagrante del federalismo”. Ese mismo día por la tarde, dos exlegisladores —Raymundo Kisser y Emilio Castrillón— respaldaron en general la necesidad de una reforma, aunque objetaron la declaración de emergencia y la delegación de facultades.
Este miércoles, finalmente, expusieron el exfuncionario Daniel Elías y dos integrantes del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Pablo Tanger y Carolina Fischbach. Elías, con más de 35 años en la materia, pidió no caer en la judicialización y planteó revisar el cálculo a 20 años; los abogados coincidieron en que “es un momento único” para la reforma, pero plantearon objeciones puntuales sobre movilidad y regímenes especiales.
Como informó Libre Entre Ríos en marzo, cuando el gobernador Rogelio Frigerio presentó el anteproyecto, la iniciativa había despertado un rechazo gremial generalizado que luego derivó en paros docentes y estatales. El pedido de informe actuarial independiente sobre la reforma previsional que ahora impulsa el bloque de Sanzberro se inscribe en esa tensión persistente entre el oficialismo y los sectores que reclaman mayor respaldo técnico antes de avanzar con cambios en la edad jubilatoria y el cálculo del haber.
