Hidrovía: marchan una licitación corta y la bicameral del Congreso
El gobierno cierra los últimos detalles de una compulsa para cerrar el bache hasta la concesión definitiva. Diputados se apresta a sancionar la creación de una comisión de control.
Aunque parezca lo contrario, las iniciativas del Poder Ejecutivo y del Congreso por el futuro de la hidrovía van de la mano.
En la última semana, el gobierno se aprestaba a terminar los detalles de una licitación corta de la hidrovía que le dé seguridad jurídica al operador privado que haga las tareas de dragado y balizamiento mientras se sustancia la licitación definitiva. La solución no deja de ser engorrosa ya que podría implicar la presencia de tres operadores distintos en el lapso de un año, cuando en los últimos 25 hubo un único concesionario: Hidrovía SA, una invención de la belga Jan de Nul, especializada en dragados, y Emepa, firma local con intereses variados.
Hidrovía SA opera actualmente el servicio luego de que su contrato venciera a fines de abril, gracias a una prórroga que le extendió el Ministerio de Transporte por 90 días, que vencen el mes que viene. La licitación corta vendría a cubrir el bache entre este momento y la compulsa defintiva, que extendería la concesión por 10 años como mínimo. El tema es que para cerrar ese lapso de transición, la empresa con más chances de ganar esa licitación corta es Hidrovía SA, una firma muy cuestionada por lo que se consideran sus incumplimientos contractuales.
En el Congreso
Luego de su aprobación en el Senado, un plenario de comisones de la Cámara de Diputados aprobó la formación de una Comisión Bicameral de Seguimiento, Control de la Licitación y Funcionamiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná y del sistema de navegación troncal con jurisdicción en la República Argentina.
Se descuenta la aprobación de la bicameral de hidrovía en Diputados. Una vez que se conforme y dicte su propio reglamento, deberá tomar una decisión: si acompañar la iniciativa privatizadora del gobierno, en el sentido de que una empresa extranjera se quede con la concesión, para lo cual ejercería tareas de control, o reclamar la estatización de la actividad de dragado y el giro hacia el Tesoro de los ingresos del peaje, calculado en US$ 300 millones anuales.
Fuente: Tiempo Argentino.
